"Comandos de Frontera" es un grupo armado ilegal que es conformado por hombres que en el pasado hicieron parte de la entonces guerrilla de las Farc y que no se sometieron al proceso de paz, otros al desmovilizado grupo paramilitar del Bloque Putumayo, y otros que han estado al servicio del narcotráfico en grupos como "La Constru".
Hoy estos sujetos armados se han conformado en un solo rótulo criminal para continuar sus actividades delincuenciales que van desde el narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato, cobro de cuentas y venta de armas, entre otras.
Esta estructura hace presencia en municipios del medio y bajo Putumayo, principalmente en los municipios fronterizos con Ecuador y Perú; pero su presencia se ha extendido en municipios como Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, y San Miguel.
En Leguízamo y Puerto Guzmán han sostenido fuertes confrontaciones con el Frente Primero o "Carolina Ramírez" de las disidencias de las Farc.
El “Comando de la Frontera” es el mismo grupo armado que se hacía llamar “La Mafia”. Su cambio de nombre obedecería a un intento por cambiar la imagen y desligarse de los asesinatos, entre ellos, el del líder social Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo del 2020. Era muy conocido en el departamento por ser uno de los impulsores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en la región.
La alianza entre antiguos paramilitares del Bloque Sur y algunos integrantes del Frente 48 de las Farc que se rearmaron luego de firmar el scuerdo de paz en noviembre de 2016, vienen sembrando el terror que en el 2020 dejaron 169 muertes violentas.
Según un excomando de frontera hoy pagando condena en una cárcel del país , quien pidió la reserva de su nombre, La Mafia estaba liderada por Miguel Antonio Bastidas Bravo o “Gárgola”, también conocido como el jefe de la oficina sicarial "La Constru" y capturado en junio de 2019. Hoy, su hermano Héctor Orlando Bastidas o “Bonito” es quien aparece como uno de los principales narcotraficantes de la zona.
“Hay cuestionamientos a la inteligencia militar porque el control contra estas estructuras no es bueno. Estamos hablando de más de año y medio de presencia de estos grupos en las comunidades y hasta el momento no hay una acción coordinada para desarticular a estos grupos de narcotraficantes”, agregó la fuente.
El “Comando de la Frontera” está en permanentes confrontaciones con las disidencias del Frente 1º de las Farc en Putumayo, o el frente “Carolina Ramírez”, para controlar el tráfico del narcotráfico en el departamento hacia el Ecuador, Brasil. Pero igualmente dominan las rutas hacia el interior del país y el pacífico. Además, tiene el mayor control de las zonas cocaleras y su presencia, dijo la fuente, está principalmente en el bajo Putumayo (Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, San Miguel y Leguízamo), sobre todo en los municipios fronterizos con el Ecuador. Incluso, su poder alcanza a llegar a Jardines de Sucumbíos, en Nariño y una pequeña comunidad de Perú.
Una denuncia de la Comisión Eclesiástica de Justicia y Paz denuncia que la estructura criminal se ha fortalecido a través del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, los cuales son llevados a trabajar en los laboratorios para el procesamiento de la coca. “Los utilizan por dos o tres meses y luego rotan a otros jóvenes a cambio de beneficios económicos”. Sin embargo, hay menores de edad que sí han sido llevados a las confrontaciones, que han sido asesinados tras negarse o tuvieron que desplazarse al intentar salir de este grupo y denunciar.
El coordinador del programa de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Putumayo, Javier Rosero afirmó que el 10 de septiembre del 2020 se realizó un Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) en donde se le hizo seguimiento a tres alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo las cuales vienen advirtiendo desde 2018 el riesgo de asesinatos, desplazamientos, minas antipersonales, sobre todo, en Leguizamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán.
“Pero todo se reduce a un informe de rendición de cuentas que no es lo que las comunidades esperan. Se necesita presencia institucional e intervenciones estructurales en el tema educativo, de salud en estos territorios”, afirmó Rosero Pai. En ese Ciprat se definió realizar misiones de verificación a los sitios donde se presentaron los asesinatos y luego una misión de atención a las comunidades para llevar requerimientos de ayudas humanitarias y jornadas de salud.
“Puede llegar todo el Ejército y la Policía, pero estos grupos siempre van a encontrar maneras de evadir a la Fuerza Pública porque el tema radica en los cultivos de uso ilícito. Si el Gobierno no piensa abordar ese debate de legalizar la droga nosotros los putumayenses seguiremos siendo las víctimas”, sostuvo.
El cambio de nombre
Los reportes recientes de un grupo que se autodenomina Comandos de la Frontera en el departamento de Putumayo, han generado alerta. Sin embargo, todo apunta a que sería un cambio de nombre por parte del grupo conocido en la zona como La Mafia.
A este grupo CDF, las autoridades le atribuyen gran parte de los asesinatos que se han registrado desde 2019 a la fecha por la alianza criminal al servicio del narcotrafico.
“Su cambio de nombre obedecería a un intento por cambiar la imagen y desligarse de los asesinatos, entre ellos, el del líder social Marco Rivadeneira”, asevero uno de los miembros de CDF hoy sometido a la justicia.
Análisis
Los CDF o La Mafia como se le conoce comúnmente es uno de varios grupos que ha intentado apoderarse del tráfico de drogas en la frontera entre Colombia y Ecuador después de la desmovilización de las Farc.
Esta zona es estratégica en términos de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico. Putumayo es el tercer departamento con más cultivos de coca en el país, y el río San Miguel funciona como una principal vía para el traslado de cocaína hacia Ecuador, lo mismo que los ríos Putumayo y Caquetá, rutas para el despacho de no solo base o pasta de coca sino, de marihuana.
Desde 2015 la policía en el Putumayo confirmó que la banda delincuencial "La Constru" bajo el mando de alias "Bonito", había firmado un pacto de alianza con la guerrilla de las Farc, que se encontraba en un proceso de diálogo en busca de un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.
La alianza quedó verificada como lo indicó a este medio el coronel de la policía y comandante en el departamento del policía del departamento para el 2015 Ricardo Suarez Laguna y tras la captura a de Brayan Andrés Medina, sindicado del asesinato de la gerente del Banco Agrario de La Hormiga Rubiela Cunchala, hechos ocurrido en noviembre del 2014 en el corregimiento de Santana jurisdicción de Puerto Asís.
Medina, conocido con el alias de "Gomelo", confesó ante las autoridades que había recibido orden de ejecutar varias acciones que la guerrilla de las Farc había acordado con "La Constru", y que él cumplió por orden de alias "Bonito".
Según varios integrantes de las Farc, se acordaron acciones con la banda delincuencial organizada de segundo nivel "La Constru", para no enlodar el nombre de la entonces guerrilla la cual ya se encontraba en un proceso de diálogo de paz.
Con la salida de las Farc en el 2016, la economía del narcotráfico se derrumbó. Las mismas fuentes en terreno le dijeron a que, en su punto más bajo, el precio del kilo de pasta base de cocaína llegó a 1.3 millones de pesos. Hoy en día, su precio se acerca a los 2.4 millones.
Para reactivar el narcotráfico en la zona "La Constru" colocó sus contactos internacionales y reactivó las redes logísticas de la extinta guerrilla a ambos lados de la frontera para mover los cargamentos de coca.
Dentro de los acuerdos entre los dos grupos delincuenciales estaba el cuidado de los cultivos de matas de coca, laboratorios y cristalizadores, a cambio de armas y dinero en efectivo.
Esta alianza se impuso en varios municipios del bajo Putumayo como San Miguel y Valle del Guamuéz, fronterizos con la región de Sucumbíos, en Ecuador.
La Mafia, ahora Comandos de la Frontera, ha sido responsabilizada del asesinato de varios líderes sociales, además de varias acciones de intimidación y control sobre la población, entre ellas el reclutamiento de menores.
Según la inteligencia militar este grupo armado ilegal tiene una estructura política, militar, económica y de comunicaciones que le están permitiendo en cierta forma lograr un control territorial y social dentro de la población del departamento del Putumayo.
Para la red de Derechos Humanos del Putumayo, la acción militar hacia los CDF ha sido muy débil, hasta permisiva y poca efectiva. Contrario a los resultados hacia el "Carolina Ramírez", grupo disidentes de las Farc, que sostiene una disputa territorial con los Comandos de la frontera desde hace 2 años.
Esta misma preocupación la manifestó otras organizaciones de Derechos Humanos, como la Comisión Eclesiástica, que han denunciado que varias de los asesinatos ocurridos a manos de los Comandos de Frontera han sido muy cerca a puestos militares.
Otra preocupación que queda entre los entendidos, es la advertencia del mismo grupo hacia la comunidad donde ponen de manifiesto que todo aquel que se oponga a la producción petrolera en la zona también será objetivo militar.
La presencia de los CDF en reuniones con la comunidad que están citando a la fuerza para leerle un manual de convivencia y señalar que tiene un el listado de nombres de personas para ejecutar por ser del "Carolina Ramírez", promover la erradicación de cultivos de matas de coca, y oponerse a la producción petrolera de la zona entre otras advertencias.
Acciones militar
La última acción pública que cometió los CDF fue la aparición en un establecimiento público de la población de Siberia jurisdicción de Orito Putumayo, donde se observa en un video de las advertencias que hacen a un grupo de personas que se encontraban en el lugar y que quedó registrado en un video realizado por una de las personas asistentes al lugar.
Después de conocerse estas imágenes las autoridades citaron a un consejo de seguridad para evaluar la situación y tomar decisiones que permitan enfrentar la delincuencia en el departamento.
En este se concluyó que habrá aumento de pie de fuerza en varias zonas del departamento, instalación de Puesto de Mando Adelantado, intensificación de operaciones militares y persecución de grupos residuales.
Al consejo de seguridad, que se realizó en Mocoa, asistieron el gobernador (e) de Putumayo, Hernando Chamorro, el secretario de Gobierno, Diego Fernando Guerrero, el comandante Fuerza Naval del Sur, general Guillermo Arturo Castellanos, el comandante Brigada 27 de Selva, general Héctor Fabio Aristizábal, el comandante del Departamento de Policía Putumayo (e), Coronel Roberto Carlos Sánchez y el director seccional de Fiscalía Putumayo, Germán Ramírez.
Además, se informó que se realizaron dos capturas de las personas que ingresaron al establecimiento comercial de Orito e intimidaron a los civiles.
