Según los diarios y testimonios en el 2019, habían sido alrededor de 300 las personas en Chile que habían perdido al menos uno de sus ojos tras sufrir lesiones propinadas por la policía antimotines en ese país. La pregunta que ya estaba circulando era de si disparar a los ojos de los manifestantes se trataba de una estrategia que la policía estaba implementando de manera intencional. Ya antes, en el mes de febrero del mismo año, la prensa en Francia reportaba un número considerable de ciudadanos que habían recibido ese mismo tratamiento por parte de la fuerza pública en ese país.
Las dudas en cuanto a la intencionalidad en la aplicación de una modalidad cruel para el mantenimiento del orden público se acrecentaron en Colombia con las grandes movilizaciones ciudadanas del mes de noviembre de 2019. Las mutilaciones que varios ciudadanos, mayormente jóvenes, sufrieron en sus ojos fueron resultado del uso de la fuerza desmedida por parte del Esmad, el escuadrón antimotines de la Policía Nacional.
Estamos ahora ante un nuevo caso de lo que parece ser una estrategia deliberada. Gareth Steven Sella, graduado de Cine y Televisión de la Escuela de Artes y Letras, es la nueva víctima de la brutalidad policial. Gareth participaba de la demostración pacífica ciudadana en Bogotá en la que se exigía justicia por el asesinato de Dilan Cruz a manos del Esmad, crimen perpetrado en las calles bogotanas el 25 de noviembre de 2019. Manuel Cubillos Rodríguez, con grado de Capitán, fue el miembro del Esmad que disparó contra Dilan causándole la muerte.
La noticia es presentada de tal forma que incrementan el descontento en torno al uso de escuadrones antimotines como respuesta a las manifestaciones ciudadanas. Se asumen dos cosas: que en un enfrentamiento callejero con un escuadrón antimotines la ciudadanía y ese destacamento de la Policía Nacional están en igualdad de condiciones. La realidad no solo contradice ese supuesto, sino que, además, la presencia en la calle de un escuadrón fuertemente armado no es gratuita. De su explicación poco dicen las autoridades locales; y que, dado que un escuadrón del Esmad está presente para repeler una manifestación, se han cumplido ya ciertos pasos previos tendientes a buscar acuerdos entre los manifestantes y las autoridades locales.
El 16 de enero de 2020, la alcaldesa mayor presentó un protocolo para garantizar la protesta social que resumió en cuatro puntos: (A) Sanción social ante ataques al patrimonio público de la ciudad; (B) intervención de gestores de convivencia; (C) intervención de la fuerza disponible de la Policía; y (D) “intervención del Esmad como último recurso cuando se ponga en riesgo la vida de las personas”.
No obstante, la evidencia concreta muestra que el punto (D) suele aplicarse sin que necesariamente le precedan los anteriores. Las redes sociales registraron los momentos en los que Gareth era atendido en la calle por miembros de los equipos de gestores de convivencia y, justo ahí, los agentes del Esmad continuaban con sus atropellos.
Permanece en el aire la respuesta concreta a la pregunta de los nuevos protocolos policiales de intervención social y si estos incluyen disparar a los ojos de los manifestantes, se abre el interrogante de si el Esmad es el último recurso. Aún está fresco en la memoria el nefasto 9 de septiembre de 2019, la noche en que las fuerzas policiales desataron en una orgía de violencia contra la ciudadanía que marcó a Bogotá para siempre.
La sociedad colombiana parece haberse habituado al asesinato de jóvenes en el campo y la mutilación de otros en las ciudades. A ese aprendizaje se suma este otro: tu derecho a ser ciudadanos te va a costar un ojo de la cara literalmente.
