La línea investigativa de la Fiscalía General de la Nación se corresponde con identificar los obstáculos a la investigación criminal y a los delitos asociados a la corrupción, y como postulado atañe demostrar la legitimidad de la institucionalidad, que implica dar la cara en el marco de la moralidad administrativa.
En manos de la Fiscalía General de la Nación han pasado cientos de imputaciones de diferentes departamentos, por delitos contra el patrimonio y la administración pública. En esa “redada” cayeron los gobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia) y Luis Alberto Monsalvo Gnecco (Cesar), quienes hoy están en libertad, porque la corte ordenó que la Fiscalía se equivocó abruptamente en el procedimiento de la línea de investigación.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, como presunto responsable de “irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario, por la suma de $120.000.000, suscrito durante la emergencia sanitaria”, sin que hasta la fecha en el desarrollo de los procedimientos se le haya dado valor a la vulneración de los principios de la contratación pública sobre concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, que implican la no existencia a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En la investigación contra Hawkins no se le acusa de haberse quedado con dineros, ni de haber recibido o pedido sobornos para la adjudicación, no se evidencian pruebas contundentes.
Ha sido costumbre en esta sociedad acelerada reírse cuando se ve en la hoguera al que le cae el peso de la ley. Al interior de la sociedad sanandresana hay gente decente y también una incultura política que produce daño, que polariza; así mismo, hay una ciudadanía esperando el regreso de Hawkins a la vida pública, a la libertad, como un derecho inalienable a no admitir a que nadie nos imponga nada.
Sorprende que la impunidad en Colombia tiene un alto índice, en el país hay más de 90 billones de pesos en riesgo por corrupción (el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que hay $90 billones en riesgo de perderse por la corrupción). La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acogió con beneplácito los avances que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la investigación de "falsos positivos". “El Alto Tribunal encontró 6.402 casos de inocentes muertos que las fuerzas armadas de Colombia hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008”. Por otra parte, El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, viene insistiendo “infructuosamente la privatización de Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), para tapar el hueco fiscal del Gobierno central. Persiste ante “la férrea oposición en el Congreso de la República y la reacción en contra de la opinión pública (…). Fedesarrollo, Anif y Portafolio dijeron al unísono que ello era violatorio de las normas contables del FMI, “según las cuales las ventas de activos constituyen una forma de financiar el déficit y no de reducirlo” (Amylkar Acosta- El Tiempo 20 de febrero 2021).
Es cierto que el delito penal es individual y aunque es raro, pero muy raro, haber visto en la misma orilla a Aníbal Gaviria y a Luis Alberto Monsalvo Gnecco ante una decisión judicial acelerada; en esa misma orilla se encuentra Everth Hawkins Sjogreen esperando a que las llaves abran los candados que lo mantienen privado de la libertad.
