El reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aparte de incomodar a Álvaro Uribe Vélez –el eterno presidente para algunos–, también ha molestado al Ejército Nacional, que se niega aceptar la verdadera cifra de los falsos positivos que expone el revelador documento. Por eso resulta lógico, ante el debate que pone en duda la efectividad de la Seguridad Democrática, que este tenga un gesto poco decoroso con las familias de las víctimas, conociendo de antemano su participación en tan escabrosos hechos, en donde las decisiones las tomaba un presidente que le exigía a raja tabla grandes resultados, aunque estos pudieran ser maquillados tal como se ha podido comprobar. Es normal que ahora, herido en su “honor”, promueva un discurso polarizador –además de mentiroso–, cuando en él están los sicarios que colocaron los 6.402 muertos que hoy desconciertan a la opinión pública.
Friedrich Nietzsche, uno de los grandes filósofos que dio la intelectualidad alemana del siglo XIX, dejó para la posteridad una de las frases que más permiten comprender el impacto de una mentira: “no que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra”. Tiene razón el pensador teutón, porque después de una mentira se menoscaba la confianza. Y eso es lo que más le duele al ejército en este preciso momento: la falta de confianza que hoy más de uno le tiene. Así que en lugar de reconocer su participación en los falsos positivos, le es más fácil polarizar, siguiendo la vieja estrategia uribista, que enfrentar la responsabilidad penal y moral que tiene por todo lo sucedido. Su comportamiento me parece infame, poco responsable por la magnitud de algo que a estas alturas del paseo es imposible ocultar.
Ya no puede creerse luna, a la que nadie le conoce su lado oscuro, puesto que los crímenes cometidos lo dejan mal parado: su lema durante diez años no fue salvaguardar a la gente, sino perseguirla y matarla tal como lo dejó en evidencia el informe de la JEP. No puede pensar ahora, tal como lo hace el general Zapateiro, que es que existe un complot para desmoralizar a la tropa. Tampoco puede creer que de buenas a primera se va a olvidar, como algunos quiere que pase, la verdad de un accionar criminal que en cualquier país civilizado exigiría una restructuración militar. No, Ejército Nacional: el problema no se resuelve negando (o tapando), sino afrontando la sanción moral que implica un delito. Pero tal responsabilidad en este terruño no se podría dar, porque en el fondo siempre se ha apoyado un espíritu criminal.
Ese espíritu criminal, porque hay que ser justo, no solamente lo ha impreso institucionalmente Uribe –el promotor de la política del plomo por el plomo–, sino que también ha sido común en otros gobiernos de vieja data, que igualmente niegan su compromiso con las víctimas. Hace un mes Alberto Donadío, un columnista de gran prestigio, dijo que el ejército –con el beneplácito de Virgilio Barco– participó en la desaparición de los miembros de la Unión Patriótica, pero en lugar escuchar ese secreto a voces –que la milicia mató a unos desmovilizados–, se atacó al periodista y se colocó en duda su credibilidad investigativa. Entonces, yo me hago esta pregunta: ¿quién responde por lo muertos que coloca el Estado? Nadie, pues es más fácil promover una confianza institucional, que de por sí está rota, que estar en paz con la historia al reconocer una verdad.
