Un país estigmatizado por la sombra del narcotráfico, la violencia y las muertes que genera este negocio, además de enfrentar el repudio de la comunidad internacional por haber fortalecido en los últimos años la producción de coca, ahora tiene que sortear la vergüenza de tener esas representaciones en esas altas dignidades internacionales.
No sabíamos que para ser embajador de paz de la Organización Mundial Para la Paz había que ser hijo de exnarcotraficantes. Tampoco, que para ser gestor y promotor de paz, ante cualquier entidad del Estado, había que pertenecer a un grupo alzado en armas (paramilitares y guerrillas).
Mientras tanto, quienes hemos defendido y trabajado por la paz y la reconciliación, desde la cultura y promoción de los derechos humanos, amparados bajo la legalidad e institucionalidad, solo tenemos derecho a que nos amenacen, estigmaticen y atenten contra nuestra integridad física.
Pero lo más vergonzoso es que a muchos reconocidos defensores de derechos humanos en las regiones se les niega el derecho al trabajo con entidades del Estado (alcaldías, gobernaciones) por no hacer parte del grupo político del gobernante de turno, constituyendo esto una flagrante violación a la Constitución Política por prácticas de discriminación laboral por posición ideológica.
Hacemos esta denuncia como rechazo a la designación de la hija del capo del narcotráfico Carlos Ledher Rivas, y otros hijos de exnarcotraficantes, como embajadores de paz de la OMPP, quienes llegan a estas posiciones sin más méritos que ser retoños de quienes infringieron la ley y llenaron de terror y muerte al territorio colombiano. Varios de estos narcotraficantes en su tiempo fueron promotores de los grupos paramilitares que asesinaron a reconocidos y valiosos defensores de derechos humanos.
Rechazamos con total vehemencia esta afrenta y humillación a todo el pueblo colombiano que lucha por cerrar una de las épocas más terribles de violencia y muerte contra sus nacionales.
