En la campaña sin tregua ni medida del gobierno y su partido contra el acuerdo de paz, los mayores ataques se han enfilado contra la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, eje de la justicia transicional y, por tanto, de la reparación de las víctimas. Las objeciones a su ley estatutaria en 2019 y el referendo promovido recientemente por el expresidente Uribe para derogarla son parte de esta estrategia.
Por ello, la semana pasada cuando la JEP presentó el Auto 033 sobre el caso No.03, titulado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” hubo conmoción. Se reveló la existencia de al menos 6.402 víctimas de “falsos positivos”, un número muy superior al de 2.248 antes reconocido. Pero las organizaciones de víctimas aseguran que todavía faltan muchas por incluir.
El 26 de enero pasado la JEP se había pronunciado sobre otro de los casos, el No.01 denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc-EP”. Imputó cargos a 8 miembros del secretariado de la antigua guerrilla por crímenes de lesa humanidad y de guerra y les fijó plazo de 30 días para responder.
El secuestro de civiles y la retención de militares son delitos repudiables cometidos por la guerrilla durante el prolongado conflicto armado del país. El rechazo a esta y otras prácticas propició el triunfo electoral de Uribe Vélez en 2002, inclinando al país hacia la extrema derecha.
Pero el caso No.03 reviste todavía mayor gravedad, porque se refiere a crímenes perpetrados por las FFMM del Estado. Sin embargo, durante años el poder mediático se centró solo en denunciar los estragos del primero. Eran delitos emblemáticos contra personas conocidas y “respetables” de la sociedad.
En cambio, las historias de las víctimas de “falsos positivos” fueron minimizadas, negadas, ocultadas. Eran jóvenes anónimos, sin peso, desconocidos. “No estarían recogiendo café”, justificó el expresidente cuando emergió el escándalo.
¿Cómo sucedió? Aunque la práctica de falsos positivos (body counting) apareció antes, su máxima expresión se dio durante la Política de Seguridad Democrática de Uribe. Quería mostrar resultados en la lucha contrainsurgente, para lo cual promovió incentivos económicos, condecoraciones y otros reconocimientos.
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Aunque la práctica de falsos positivos (body counting) apareció antes, su máxima expresión se dio durante la Política de Seguridad Democrática de Uribe
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Al mismo tiempo, las presiones a las unidades militares y oficiales de mando y alto rango para reportar éxitos eran muy fuertes. La etapa más crítica fue entre 2006-2008, una vez el Decreto 029 de 2005 oficializara la práctica.
El reciente Auto de la JEP vino a confirmar lo que ya se conocía por los relatos de las víctimas y de quienes los documentan. Se produjo el crimen atroz de miles de jóvenes de familias muy pobres, abandonados por el Estado, engañados. Con ofertas de trabajo se les llevó a regiones apartadas, se les ejecutó y luego se les vistió de guerrilleros. Aunque inicialmente se hizo en zonas rurales de 29 de los 32 departamentos, también alcanzó a jóvenes de las ciudades: desempleados e informales, habitantes de calle y en condición de discapacidad.
El caso más emblemático es el de las 19 Madres de Soacha. Fair Leonardo Porras tenía 26 años, discapacidad física y retraso mental. Era el hijo de Luz Marina Bernal, convertida después en lideresa del movimiento. En enero de 2008 desapareció como los hijos de las otras mujeres, sin dejar rastro.
Ocho meses después, Luz Marina recibió una llamada de Medicina Legal. Le informaron que su hijo había aparecido en una fosa común muy lejos de su casa, con 13 impactos de bala que le destrozaron el rostro. “El informe decía que murió en un enfrentamiento con el ejército y lo acusaban de ser el jefe de una organización narcoterrorista”. Igual destino tuvieron los demás muchachos.
Después de contrastar los informes recibidos por entidades diversas, la Sala de Reconocimiento de la JEP priorizó algunos territorios críticos: Antioquia, Meta, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Huila. Escuchó 220 versiones, incluyendo las de varios generales; la versión de uno de los miembros del Ejército le permitió exhumar 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Señala el Auto de la JEP que la estrategia de investigación de la entidad consiste en ir de “abajo hacia arriba": Se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables locales y se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables en lo regional y nacional. Para obtener beneficios hay que contar la verdad.
Las reacciones han sido diversas. Eduardo Zapateiro, comandante de las FFMM, él mismo sindicado en estos crímenes, afirmó: "No nos dejaremos vencer por las víboras venenosas que quieren atacarnos". Fue el mismo que expresó su pesar por la muerte de Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar.
Pese a la impasibilidad de un país que convive a diario con el horror, el informe es un incuestionable avance. Hay razones para la esperanza de las víctimas. La JEP cuenta con respaldo decidido de ONU, CPI y de los demócratas del mundo entero. Es claro entonces por qué los fascistas le temen y se empeñan en acabarla.
