El pasado viernes fue un día de bastante ajetreo en La Guajira. Temprano, el presidente Iván Duque acompañó, junto con el gobernador Nemesio Roys, la aplicación de la primera vacuna contra la COVID-19 en el departamento: Merys del Pilar Camargo, enfermera del Hospital Nuestra Señora de los Remedios (Riohacha), fue la primera vacunada.
“Hoy empieza un proceso en La Guajira que queremos sea ágil, acelerado y que crezca exponencialmente. Hoy empieza un proceso en el que se está evaluando la capacidad logística, la cadena de frío, el personal médico y la ruta de vacunación, y me complace ver esta iniciativa funcionando”, afirmó el jefe de Estado.
Además, destacó el presidente “el equipo interinstitucional, gobierno nacional, Gobernación de La Guajira, el equipo de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía de Riohacha, el equipo profesional y técnico del sistema de las EPS, de las IPS, del recurso humano, todos, trabajando por este gran propósito de país”.
Consciente de este reto, Roys trinó que “somos conscientes que aún falta demasiado, y por ello seguiremos trabajando de manera incansable para dar cumplimiento a todas las etapas establecidas por el gobierno nacional y así garantizar que, al igual que Meris del Pilar, todo el departamento tenga, como es debido, el derecho a acceder a la vacuna”.
Sin embargo, no es una labor sencilla de acometer. La vacunación de la etnia wayúu que reside en puntos apartados de la península como los corregimientos de Nazaret, Siapana y Puerto Estrella, en Uribia, es un desafío sanitario, logístico y cultural.
Se trata, ni más ni menos, de la etnia más grande de Latinoamérica que habita en sitios sin vías acceso, con altas temperaturas y que carecen de electricidad para refrigerar los biológicos, por lo que aquellos de una sola aplicación serían la opción más viable.
El territorio de los indigenas wayúu está tanto en Colombia como en Venezuela, en la que vive una población vulnerable y longeva a la que negarle la vacuna no es una opción, y que representa una cultura milenaria que ha sufrido décadas de olvido.
Justamente el representante guajiro a la Cámara Alfredo Deluque fue enfático en señalar que el departamento, por su situación neurálgica en la frontera, debe ser una prioridad por cuenta de la precariedad de su infraestructura hospitalaria, que han obligado al traslado de pacientes de COVID-19 a capitales cercanas como Valledupar o Santa Marta, ocasionando congestión allí.
Justo cuando se inicia la vacunación el gobernador esgrimió también su honda preocupación por la desfinanciación de los recursos destinados a cumplir la sentencia T-302 de La Corte Constitucional, que obliga al distrito de Riohacha y a los municipios de Maicao y Uribia a destinar los recursos para frenar las muertes de niños wayúu por desnutrición.
De ahí la importancia del reciente anuncio del ministro de Vivienda, el guajiro Jonathan Malagón, de publicar pliegos licitatorios por 46.000 millones de pesos adicionales para el programa Guajira Azul, que el pasado viernes cumplió dos años y que busca no solo mitigar la sed histórica de los peninsulares, sino además reducir de la propagación del coronavirus.
Otra de las preocupaciones es la regularización de miles de venezolanos, que ingresan al país por una frontera porosa en La Guajira y que ha obligado a tomar medidas excepcionales en plena pandemia para aprovechar de la mejor manera los escasos recursos, que han menguado por el parón de la economía nacional y, en específico, al paro de la mina carbonífera de El Cerrejón.
