En contexto
La Ley R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, traducida al castellano como Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) fue dictada en Estados Unidos el 15 de octubre de 1970. Este es el acto legislativo más importante para desarticular las redes mafiosas de las familias italoamericanas en este país, entre muchas otras acciones legales.
Dicha ley otorgaba la potestad a los fiscales federales de enjuiciar a personas por su pertenencia a banda delincuencial, incluso si solo había ordenado crímenes, pero no los había ejecutado por su propia mano, induciendo a otros a que lo hicieron. Incluso, si en un promedio de diez años hubieran cometido dos de un total de treinta y cinco delitos previamente establecidos en la ley.
En Colombia
La JEP acaba de informar que fueron 6.402 casos de civiles que fueron presentados como bajas de combate.
Según el investigador Philip Alston, relator especial de la ONU para ejecuciones arbitrarias, en informe presentado el 27 de mayo del año 2010, en esa época existió un patrón de ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de estos hechos abarca el 98.5% de los casos:
Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.
Álvaro Uribe Vélez ha sido el creador de una serie de argumentaciones para acabar con la JEP, basándose en su “pulcritud” y la “decencia” de su gobierno.
La verdad es que cada día las investigaciones se están convirtiendo en pruebas irrefutables de las acciones de un jefe de Estado que se aprovechó de la figura jurídica de la conmoción interior para así ordenar que sus fuerzas públicas (ejército) recibieran las órdenes dadas a través del comandante general de dicha institución a sus distintos subalternos en la cadena de mando de autorización total y plena de ejecutar a inocentes, para aplicar prebendas, permisos, pagos y dádivas, entre otras cosas.
No se mueve una hoja de papel sin que él lo sepa
En el mejor año de Álvaro Uribe Vélez, Semana relató lo que en su momento lo que fueron grandes logros, tales como: “No tanto por mérito de Uribe, en cuyas decisiones hay cierto barniz populista, sino porque hacía muchos años que no había un presidente que sirviera de ejemplo y que trazara una clara línea entre lo público y lo privado.”
Esa delgada línea que supuestamente mantenía Uribe Vélez se interrumpió, porque históricamente se ha comprobado que los gobiernos reelegidos siempre caen por sus actos de corrupción y descrédito institucional.
Se decía al interior del Palacio de Nariño que no se movía una hoja sin que Uribe lo supiera. En muchas universidades se enseñaba esto como una “clase magistral de administración pública” o como “el ejemplo de la alta gerencia aplicada al sector público”. Nada más ajeno a la realidad. Se gestaba detrás de esa fachada de gerente efectivo una de las más grandes atrocidades que las violencias en diversos países se habían atrevido a realizar en la historia contemporánea de Latinoamérica.
Sí que existe una sistematicidad en los falsos positivos, que deberían en realidad llamarse ejecuciones extrajudiciales; sistematicidad que debe demostrar la verdad en la justicia transicional y a través de ella determinar la concepción ideológica de la influencia que se ejerció en el alto mando militar y que les exigía o “garrote o zanahoria” a sus comandantes.
Militares de carrera que sabían que si no presentaban bajas de combate en cada una de sus guarniciones militares, bajo la coacción y amenaza de llamarlos a calificar servicios, o de ofrecer dinero y felicitaciones, además de medallas, serían los chivos expiatorios de un régimen que ya se hacía corrupto.
Ahora bien, si todo el establecimiento sabía que “no se movía una hoja de papel sin que él lo supiera”, la pregunta es: ¿de dónde salieron las órdenes directas que se le dio al entonces director del DAS (Jorge Noguera Cortes) para que fuera hallado culpable por concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto, además de siete años de prisión por liderar la persecución a periodistas, activistas, líderes de sindicatos y magistrados de altas cortes con el objetivo de neutralizar a los que estuvieran contra el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez? Ver: "Colombia necesita que las investigaciones contra uribe avancen"
Otra pregunta: ¿dónde queda la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en el caso de la yidispolítica, cuando sus dos mejores alfiles, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, sí fueron juzgados y encontrados culpables de realizar ofrecimientos y dádivas a congresistas para que votaran o se hicieran ausentes en la votación para la modificación constitucional y colocar la reelección de presidente?
Si en Colombia existiera la Ley R.I.C.O., Álvaro Uribe Vélez estaría ya condenado por su influencia directa, no solo en dos de los más sonados casos de corrupción política en Colombia, como las Chuzadas del DAS y la yidispolítica, sino en muchos de los más de 276 investigaciones que cursan en su contra en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Ver: Uribe es quien tiene más investigaciones en contra
