Decía el poeta barbacoano Faustino Arias Reinel que en Tumaco el extranjero tiene luna y tiene sol y mar y cielo y paisaje y crepúsculo punzó y danzarinas de brea con blancas risas de arroz. Pero lejos de esa narrativa de belleza, se esconde una realidad de interminable agonía e incesante violencia que inevitablemente ha impedido el desarrollo social y ha menguado las condiciones de vida de su gente. El interrogante es si se debe replantear la política antidrogas ante unas cifras que dan cuenta de su histórico fracaso.
Según la ONU, Colombia sigue siendo el mayor productor de coca del mundo, y los departamentos de Nariño, Cauca, Norte de Santander y Putumayo concentran el 78% de la producción nacional. Así mismo, la Oficina para el Control y Lucha Contra las Drogas de la Casa Blanca habla de aproximadamente 212.000 hectáreas cultivadas, que representan 950 toneladas al año.
Además, de acuerdo con el Dane, Tumaco tiene una población de aproximadamente 208.000 habitantes, de los cuales el 48% viven en las zonas urbanas. Igualmente, según Verdad Abierta, en el municipio existen aproximadamente 19.000 hectáreas cultivadas de coca, que corresponden al 42% de la producción en el departamento de Nariño, que con 45.000 hectáreas ocupa el primer lugar a nivel nacional.
En esa línea, según información de la Fundación Paz y Reconciliación y bibliografía de la Alcaldía de Tumaco, el desempleo en el municipio llega al 70%, sin contar el alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. De igual modo, en el departamento de Nariño se han firmado veintinueve acuerdos para la sustitución de cultivos de uso ilícito entre gobierno y comunidades de diferentes municipios, y en Tumaco se ha logrado la inscripción de 11.975 familias al PNIS, quienes reportan 12.358 hectáreas cultivadas.
Sin embargo, las cifras de violencia no dan tregua. Tumaco tiene las cifras más altas de homicidio en el país, las cifras más altas de defensores de derechos humanos asesinados y las cifras más altas de violencia sexual contra menores, de acuerdo con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Decía Thomas Hobbes que el monopolio de poder reside en un Estado que condensa la violencia de cada uno de los individuos miembros de la sociedad. Mediante un contrato cada individuo cede esta capacidad de ejercer violencia a una entidad abstracta llamado Estado que empleará el temor sistemático para disuadir a los hombres de provocar una guerra de todos contra todos, que tornaría inviable a las sociedades humanas. No obstante, la proliferación de cultivos ilícitos ha hecho que aparezcan grandes empresarios de la droga que imponen sus propios códigos y leyes, desconociendo a la autoridad legalmente constituida.
¿Qué hacer? El primer reto debe ser reconocer que se ha perdido la batalla contra las drogas. La salida muy seguramente no es de orden militar, sino más bien está relacionada con el fortalecimiento de políticas públicas para la materialización de derechos básicos. La construcción de tejido social debe ser la apuesta, junto con políticas de inversión definidas y enfocadas de acuerdo al contexto social de la zona.
Murieron Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Gustavo Gaviria. Cayó Carlos Ledher Rivas, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Fue abatido Guacho y preso el capo Alias Contador. Sin embargo, el negocio del narcotráfico va viento en popa. Esta es una clara demostración de que el camino no es el indicado y requiere un enfoque distinto o al menos diverso, que incluya construcción desde lo social.
