Exijo garantías para el triunfo del Centro Democrático que, pese a la persecución política en su contra, afortunadamente cuenta con el apoyo de las amplias mayorías. Obviamente no se trata del partido uribista que en nuestro país representa justamente un proyecto autoritario en contra de las mínimas condiciones democráticas, sin ser ni de centro ni democrático. Me refiero a la lista electoral que permitiría el retorno de la Revolución Ciudadana al Palacio de Carondelet el próximo domingo 7 de febrero en la hermana república del Ecuador.
El joven exministro de Rafael Correa, Andrés Arauz, -de tan solo 35 años- sigue liderando todas las encuestas con amplios márgenes de más del 10 % de la intención de voto sobre las otras dos candidaturas relevantes. Pese a todas las formas de sabotaje posible aupadas desde el gobierno de Lenin Moreno que buscaron impedir la participación de expresiones políticas identificadas con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, el binomio Arauz-Rabascall podría obtener el triunfo en primera vuelta si no hay fraude electoral ni cuartelazos en los siguientes días.
Al igual que como ocurrió en Bolivia con el gobierno de facto de Añez, la administración de Lenin Moreno es una dictadura con el beneplácito del Grupo de Lima que promueve el presidente Duque. De allí las preocupaciones para que se garanticen la entrega del poder en Quito, teniendo en cuenta la feroz guerra jurídica desarrollada en el Ecuador contra el proceso social, político y económico que significó la Revolución Ciudadana (2007-2017) encabezada por Rafael Correa.
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Preocupa que se garantice la entrega del poder en Quito, por la feroz guerra jurídica desarrollada en Ecuador contra el proceso social, político y económico que encabezó Rafael Correa
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El gobierno de Correa significó un sustantivo cambio en la vida del pueblo ecuatoriano, plagado durante su historia reciente de inestabilidad democrática y de las penurias sociales propias del neoliberalismo. La Revolución Ciudadana es producto de la sucesiva movilización social contra el modelo neoliberal que derrocó 3 presidentes en 8 años, y de una nueva generación que logró recuperar en parte la soberanía económica y política del Ecuador, poniendo al hermano país en la vanguardia de varios procesos de integración regional en Nuestra América. Los que acusan a Correa despectivamente de “populismo” o “desinstitucionalización” pretenden que se olviden el gobierno de Bucaram o la hiperinflación y el corralito financiero ecuatoriano –llamado Feriado Bancario- de la administración Mahuab.
Lamentablemente el proceso de cambio en el Ecuador sufrió una traición artera con la elección de Lenin Moreno en 2017. El actual gobierno no solo significó el retorno al neoliberalismo, si no la cruda persecución contra sus otrora compañeros bajo la Revolución Ciudadana. A tono con la ofensiva conservadora sobre todo el continente, en Ecuador se inició una verdadera Guerra Jurídica (Lawfare) similar a la sufrida por dirigentes democráticos en Brasil, Bolivia o Argentina, y de la que lamentablemente en Colombia hemos sido pioneros. El aparato judicial terminó sirviendo al interés político de un gobierno para neutralizar a sus adversarios políticos. Quienes hemos sufrido esta persecución legal sabemos que puede ser tan letal políticamente hablando como la violencia física.
La fórmula vicepresidencial de Moreno, Jorge Glass, está pagando su fidelidad a Correa con sucesivas condenas que le imponen más de 20 años de prisión. El mismo expresidente Correa tiene 39 procesos judiciales en su contra, condena penal por 8 años e inhabilidad para participar en política por 25 años. El excanciller Patiño, o la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entre tantos otros militantes de la Revolución Ciudadana, también son víctimas de la persecución judicial con procesos realmente kafkianos que parecen haber sido concebidos con ayuda del santanderismo colombiano. El ridículo ha llegado a prohibir la voz de Rafael Correa, invalidar sucesivamente inscripciones de candidaturas o listas, o la reciente fake news promovida por la revista Semana que buscan relacionar al candidato Arauz con el ELN. ¿Será que hay negocios bancarios entre los Gillinsky y el magnate-candidato de la derecha Guillermo Lasso?
Pero los comicios ecuatorianos no definen una mera disputa entre bandos políticos, sino buena parte del destino del país sumergido en una grave crisis social ante el desastroso gobierno de Moreno, así como de la correlación de fuerzas en el continente en medio del reflujo de la derecha tras la salida Trump, sus derrotas electorales en Argentina y Bolivia, el fracaso del Grupo de Lima, y la inestabilidad de sus gobiernos baluartes en Colombia, Chile y Perú.
Para mesurar la magnitud de la situación en Ecuador, mientras la gran crisis de 1999, que llevó a la dolarización y al derrocamiento popular del gobierno de Mahuab en 2000, el PIB cayó 4.5 %, el pasado 2020 el decrecimiento fue de dos dígitos, duplicando las cifras negativas del cambio de siglo. Moreno se dedicó a acrecentar la deuda que hoy supera el 45 % del PIB y a condicionar la política económica con el FMI. Así quedo expresado en el tristemente célebre paquetazo neoliberal de 2019 que incluyó la eliminación del subsidio al combustible en un país productor de petróleo, el aumento a la tributación de medianos empresarios, masacre laboral en empresas públicas, recortes salariales y a las vacaciones de las y los trabajadores ecuatorianos.
Dentro de los ajustes de Moreno, estuvo también el recorte al gasto social, que solo en 2019 implicó la reducción de inversión en salud del 36 %. Así que lamentablemente el desastre sanitario del hermano país en el manejo de la pandemia fue propiciado por Lenin Moreno, que tiene hoy al Ecuador con el mayor porcentaje de muertos por cada 100 mil habitantes en el continente. A los luctuosos hechos de Guayaquil en medio de la ineptitud gubernamental de principios de 2020, las falsas soluciones han sido nuevos empréstitos, liquidación de 7 empresas públicas y despidos masivos como parte del plan contra el covid-19.
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No es gratuito que según las encuestas casi el 90 % de las y los ecuatorianos rechace al gobierno de Moreno
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Por ello, no es gratuito que según las mismas encuestas casi el 90 % de las y los ecuatorianos rechace al gobierno de Moreno. Tampoco fue casualidad el levantamiento popular de octubre de 2019 lamentablemente traicionado por parte de su dirigencia. Al descontento social, Moreno respondió con más de 11 muertos, más de mil heridos y miles de detenidos que engrosan la lista de prisioneros políticos.
Cierro este memorial de agravios señalando que para beneplácito de la Casa Blanca y sus aliados regionales, y en contravía de su prohibición de la Constitución de 2008, Moreno autorizó la operación de tropas norteamericanas en territorio ecuatoriano y la instalación de llamadas “cuasibases”. Se trata de la creación en 2018 de la OCS (Oficina Conjunta de Seguridad) que permitiría la operación desde la antigua base de Manta (Manta 2.0) justamente retirada bajo el gobierno de Correa, así como la reciente autorización de utilización y ampliación del aeropuerto de Islas Galápagos al ejército estadounidense (2019). Estaríamos ante un nuevo tipo de base militar conocida como “Gas and Go”, pero que más allá de su flexibilidad garantiza presencia y operación militar extranjera, en un territorio estratégico para el continente. Un país que estuvo en el centro de la nueva institucionalidad regional, siendo sede de Unasur, promoviendo la declaración de la CELAC de Nuestra América como territorio de paz, impulsando el Banco del Sur y siendo parte del ALBA-TCP, ha vuelto a ser portaviones gringo, justo en la mitad del mundo gracias a la pérfida administración de Moreno.
La prensa colombiana y la cancillería guardan un silencio cómplice frente a las irregularidades electorales en curso en el Ecuador bajo su actual gobierno. La virulencia con que atacan al gobierno de Venezuela, palidece con la forma en que tratan lo que sucede en Ecuador, un país donde viven millones de compatriotas, de extensa frontera y ecosistemas conjuntos, así como de fluidas relaciones y problemáticas bilaterales.
Según la Constitución de 2008, gana en primera vuelta el candidato que supere el umbral del 40% de los votos y tenga una diferencia de al menos 10 puntos con su más inmediato seguidor. Hay 16 binomios aspirando, pero en promedio la lista en cabeza de Arauz aventaja en 12 puntos la lista del banquero Guillermo Lasso y la de Carlos “Yaku” Pérez que tuvo participación en el gobierno de Moreno y en la traición del paro de 2019. Las otras 13 candidaturas no superan el 2% entre todas, en ninguna de las encuestas. Esperemos transparencia y garantías desde la comunidad internacional.
Una vez concluido el proceso electoral, hay dos posibles asechanzas a la decisión popular, que como en Bolivia el año pasado debemos garantizar que se sujeten a las reglas democráticas: las FFMM y el aparato judicial. Ya está bueno del desastre de Moreno en Ecuador. Hay que pasar la página, que gane el Centro Democrático, el de verdad, el del Ecuador.
