Nunca antes en los últimos 50 años tantos y tan diversos sectores se habían puesto de acuerdo en torno a la educación como principal prioridad del Estado. Un verdadero consenso nacional.
Desde Santos hasta Oscar Iván Zuluaga, pasando por Enrique Peñalosa y Clara López, todos coinciden en que la educación es la principal herramienta para salir del círculo de la pobreza, acercarnos a la equidad y convertirla en una potente palanca para salir del atraso económico y social. Todos los candidatos fueron mejorando sus ofertas. Al final todos coincidieron en una suerte de quien ofrece más en educación.
Por eso no es gratuito ni sorprendente que el presidente Santos la haya declarado, junto a la paz y la equidad, en la gran prioridad de su nuevo gobierno. La ambiciosa consigna de convertir a la Colombia en la más educada de América Latina abre la posibilidad de unirnos en torno a una mayor y mejor educación para todos.
La educación es una delas fuentes principales de inequidad entre los colombianos. La existencia de un sistema de educación privado para sectores privilegiados y una educación pública pobre para pobres reproduce la desigualdad y condena a millones de jóvenes a la desesperanza y la marginalidad. Educación de calidad para todos es un clamor que en buena hora el presidente Santos ha recogido como estrategia prioritaria de su gobierno.
La calidad de la educación que se ofrece a millones de colombianos no es aventurado calificarla como una estafa. Lo que se ofrece es muy distinto a lo que se da. Permanecer 11 años en un colegio que lo va promoviendo grado tras grado hasta obtener su título de Bachiller, sin que el alumno haya obtenido las competencias y conocimientos necesarios para desempeñarse en la vida social y laboral, sencillamente es unan estafa.
Legítimamente podrían demandar al Estado por los daños recibidos. Si se tutelara el derecho a una educación de calidad, la justicia colombiana colapsaría y se derrumbaría ante las millones de demandas que legítimamente se presentarían
En Estados Unidos, por ejemplo, en el Distrito Escolar de San Francisco, una madre y su hijo que fue graduado en el High School, demandaron a las autoridades del Distrito por los daños que le habían ocasionado al prestarle defectuosamente sus servicios educativos. Peter asistió durante doce años a varios centros educativos. Durante esos doce años, Peter asistió al colegio con regularidad, no tuvo problemas de convivencia y en los informes de su progreso académico se ubicaba en un nivel medio de su clase. Su progenitora habló en varias ocasiones con los encargados de la educación de su hijo para recibir información sobre el desempeño académico, pero sin llegar a hacerse una idea clara de esos progresos, pues ella misma tenía un nivel cultural muy bajo. Siempre se le aseguró que su hijo estaba rindiendo al mismo nivel que sus compañeros de clase, y que no necesitaba refuerzo alguno ni clases en particular. Al final a Peter se le otorgó el diploma acreditativo de su graduación.
Al poco tiempo su madre descubrió que Peter no era capaz de leer el impreso de una solicitud de empleo y, tras consultar a un profesor de lectura y escritura, descubrió definitivamente que su hijo era funcionalmente analfabeto, dado que carecía de las más elementales habilidades y competencias para la lectura y la escritura”. (La responsabilidad civil de las Instituciones Educativas y los educadores, Guillermo León Gómez, Editorial Magisterio, Bogotá, 2014).
En Colombia puede resultar inútil demandar vía tutela por la pésima educación que se recibe. Lo que sí es obligado es demandar que las promesas del presidente Santos se cumplan. Para lograrlo, su Ministra debe empezar por reconocer que en el país existen importantes organizaciones sociales que deben ser convocadas a la construcción y materialización de la política educativa, empezando por el magisterio, ya que sin su participación y compromiso no es posible cambiar la educación en las aulas.
Entidades como Todos por la Educación, Gran Acuerdo por la Educación, Educación Compromiso de Todos, Empresarios por la Educación, la Mane, la Fundación Compartir, los partidos políticos, coinciden en la necesidad de acometer las grandes reformas dela educación en aspectos esenciales como el establecimiento de Jornada Escolar Única de ocho horas diarias en los colegios públicos; la atención integral a la primera infancia y el establecimiento del preescolar de tres grado; el fortalecimiento de la educación publica como la prioridad de la política educativa; realizar una reforma integral de la educación superior, con la participación de profesores y los estudiantes organizados en la Mesa Nacional de Estudiantes (Mane), que permita al ampliar la oferta estatal de educación superior; aumentar el presupuesto para educación al 7,5 %; desarrollar un amplio programa de educación para la paz, la convivencia, la democracia y el posconflicto.
Este consenso nacional alrededor dela educación brinda la oportunidad al presidente Santos de abandonar el modelo tecnocrático y excluyente que ha regido la educación en las últimas dos décadas. Esla hora de la participación, de la construcción de consensos, de canalizar los esfuerzos de todos en favor de la trasformación educativa.
La educación es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de la nueva Ministra. La oportunidad de convertir la educación en un asunto de todos está al alcance de la mano. Del presidente Santos depende dejarla pasar o aprovecharla. Amanecerá y veremos.
Fecha de publicación original: 18 agosto 2014
