En octubre del 2020 decidí cancelar el crédito de libranza y las dos tarjetas de crédito que tenía con el Banco Popular, como es lo debido hice el pago total de la deuda del crédito de libranza y de las dos tarjetas de crédito que tenía con este banco. Desde ese momento estoy solicitando un certificado de paz y salvo a este banco que hasta el día de hoy no ha sido posible obtener. El hecho de no obtener este certificado no ha permitido que otro banco me desembolse un crédito con tasa más favorable para mí.
Considero un acto abusivo contra el consumidor financiero el hecho de que no se dé trámite a mi petición. En primer lugar, en la sede del banco popular de la Calle 5 # 30 – 06, un asesor me dijo que personalmente no podía entregarme el paz y salvo, que tenía que llamar a la línea verde al teléfono 01 8000 184646. Me señaló, igualmente, que una vez hecho el pago total de las tarjetas debía llamar a la línea verde para solicitar la cancelación de las mismas. Desde ese momento estoy llamando a esta línea donde no responden y si responden piden todos los datos de identidad personal y me transfieren a otra extensión donde he esperado muchas horas hasta que la llamada se cae. Al ver esta situación, volví personalmente al banco donde la gerente me prestó el teléfono para llamar a esa línea verde, pero aun así no logro que el banco me entregue un paz y salvo como es mi derecho.
Debido a mi urgencia de obtener este paz y salvo, he insistido múltiples veces como usted puede verificar en el registro de llamadas a esa línea. Últimamente, he logrado que me respondan, pero siempre tienen una disculpa para no aceptar la cancelación de las tarjetas. El pasado martes 26 de enero la disculpa era que el sistema estaba caído y por eso no podían darme el código de la solicitud de cancelación, un código del que nunca se me habló antes a pesar de todas las llamadas hechas. Siempre hay una disculpa y esta del sistema caído es frecuente en el sector financiero, sobre todo cuando se trata de finiquitar relaciones financieras. Esto ha hecho que de octubre al día de hoy haya tenido que pagar cuotas de manejo por unas tarjetas que no estoy utilizando, porque si no pago esas cuotas de manejo me dicen que no estoy a paz y salvo. El 21 de enero pagué nuevamente cuotas de manejo por esas tarjetas porque tengo urgencia del otro crédito.
Pero, a pesar de haber pagado, no obtengo la cancelación ni el paz y salvo del Banco Popular y ya van 4 meses con esta situación. Quiero denunciar también que las personas que responden en la línea verde dan información contradictoria respecto a los procedimientos para solicitar la cancelación y obtención del certificado de paz y salvo. Un asesor me dijo que en 24 horas me llegaba la confirmación de la cancelación, otro que, de 3 a 5 días, otro que 15 días. Otro me dijo que me llegaba un sms, otro que un mensaje telefónico, otro que un correo. Hasta el día de hoy no ha llegado nada por ningún medio.
El 13 de diciembre presenté un derecho de petición y envié copia a la superintendencia financiera. El asesor de la sucursal del banco que menciono arriba me dijo que el 20 de enero me respondían el DP, pero esto no sucedió. Al radicar el derecho de petición en la superintendencia financiera ellos me dicen en su respuesta que son 10 días hábiles para la respuesta del banco, pero el asesor telefónico dice que son 15 días y que es lo que estipula la ley, ¿a quién le creo?
En el día de ayer el asesor telefónico del banco popular me dijo que porque quería cancelar las tarjetas que iba a perder muchos beneficios. Lo que me hace pensar que estos empleados están entrenados para dilatar los procesos y alargarlos para obligar al tarjetahabiente a pagar cuotas de manejo abusivas y no permitir la cancelación de las mismas. En este momento, por tener esas tarjetas activas mi capacidad de crédito está excedida y por eso el otro banco no desembolsa el crédito. Siento que es un castigo que me impone el banco popular por cancelar mis relaciones financieras con él.
Estoy en una situación difícil porque necesito el crédito para pagar estudios de posgrado que inicié en España y por los cuales debo cancelar una matrícula en euros que hace que si no pago pronto deberé abandonar mis estudios o pagar porcentajes extras que me resultan muy onerosos.
Yo tengo claro, Sr. Sarmiento Ángulo y cómplices, que a ustedes les importan poco las dificultades de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Mi caso no es un caso dramático, no son mis hijos ni mis hijas que están pasando hambre o necesidades, pero siento la misma impotencia y la misma rabia, porque se me están vulnerando derechos fundamentales, estoy siendo burlada en mis derechos como ciudadana de este país por una entidad financiera que tiene muy mala fama por sus atropellos a sus clientes, y usted tan tranquilo, figurando de prohombre y persona de bien, Sr. Sarmiento Ángulo y sus cómplices.
Hago pública esta carta para que quienes la lean sepan que estas dilaciones y desinformaciones son estrategias de este banco para quedarse con nuestro dinero y hacernos desistir de nuestras peticiones. En mi caso no desistiré hasta obtener el certificado de paz y salvo al que tengo derecho.
Si me atrevo a llamar cómplices a quienes permiten que el sector bancario y financiero atropella a la ciudadanía de esta manera es porque considero que no solo quienes están considerados delincuentes según la ley lo son, hay muchos que se escudan en la ley, a quienes la ley protege, pero cuyos actos son inmorales, no tienen ética.
Verdadera ciudadana de bien.
