En Colombia, un país en donde la palabra democracia bailotea obscena de boca en boca en aquellos que necesitan utilizarla para ocultar sus pretensiones, ni democráticas ni ajustadas a derecho, poner en duda la necesidad o la pertinencia de la revocatoria de mandato de alcaldes o gobernadores es dificultar aún más el camino del respeto a los derechos civiles de la sociedad colombiana.
Leía una columna de opinión en un diario de circulación nacional, en donde el columnista advertía con suficiente razón en varios de sus planteamientos lo oneroso que significa para el Estado una sola revocatoria. Calcula que en el 2017 representaba aproximadamente 100 000 millones de pesos adelantar una de ellas, y otra cantidad igual si se llegaba a elecciones.
Imagínense ustedes, cuatro años después, con 28 comités promotores de revocatoria que a hoy han realizado su inscripción ante la Registraduría del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ¿cuánto le pueden costar al país?
Y aunque el autor en su columna insiste en que "este no es el año de las revocatorias de alcaldes […]", yo en cambio considero que sí lo es, en cuantos municipios sea necesario realizarlas.
No puede ser un convidado de piedra un derecho que se legisla como mecanismo de participación ciudadana garantizando "intervenir directamente en la toma de decisiones", contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. En este caso puntual, la revocatoria del mandato.
Sería un error imperdonable endosarle al pueblo, más de lo que se le ha endosado a la fuerza y que lo perjudica a todas luces, la responsabilidad de "ahorrar" los dineros públicos en perjuicio de exigirle a su alcalde, al mismo que entronizó, que desocupe el despacho por incumplir sus promesas y compromisos de campaña.
Pretenden que sea el pueblo el regulador del erario, cuando son precisamente los funcionarios públicos y aquellos elegidos por voto popular los que principalmente se quedan con el dinero de manera fraudulenta y tramposa.
El Monitor Ciudadano de la Corrupción, una plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento de la corrupción en Colombia, entre enero de 2016 y julio de 2018 recaudó 327 "hechos de corrupción reportados en 46 medios de prensa nacional y regional y boletines oficiales de órganos de control". Determinando que en 207 de ellos que se pudo obtener información la suma de los ilícitos ascendió a los 17.9 billones de pesos.
De esos 327 hechos de corrupción, el 69% sucede en escenarios municipales, con una agravante significativo para el caso que tratamos: el 73% son hechos de corrupción administrativa, de los cuales el 46% corresponde a "irregularidades en los procesos de contratación pública", afectando notoriamente los sectores de educación, salud e infraestructura.
Como actores individuales el mismo organismo encontró que quienes cometieron las irregularidades, el 30% fueron autoridades electas por voto popular, de los cuales el 40% eran alcaldes.
Razones suficientes, entonces, para rechazar respetuosa, pero enfáticamente que para que los dineros públicos alcancen para el desarrollo del país y la atención de la pandemia, sea el pueblo, sacrificando su derecho político reconocido directamente por la Corte Constitucional, quien permita la continuidad de un gobernante que después de su primer año de mandato ha demostrado seguramente incapacidad, predilección, abuso, malos manejos, nepotismo, incumplimiento de su programa de gobierno, o lo que sea, en detrimento y menoscabo de la población a la que se comprometió honrar y gobernar. ¡No, señor!
Pretender que la pandemia, la misma que puso en evidencia irrefutable todas las precariedades y escaseces de las poblaciones vulnerables y desfavorecidas, con la imposibilidad de salir a la calle a buscar el sustento para su familia y la incapacidad de un gobierno que le proporcione una renta básica universal para su subsistencia, sea el perfecto pretexto para impedir la posibilidad de cambiar a un mandatario incapaz, inepto o sin carácter, por alguien con cualidades suficientes para corregir el rumbo, es una posición excluyente, no acorde a las prioridades democráticas del ser humano moderno en una sociedad decente.
Pero claro, y en eso coincido con el columnista, las iniciativas de revocatoria del mandato no pueden ser producto de rabietas caprichosas y revanchismos politiqueros pendientes. Deben nacer del concepto puro de la democracia arropando el bienestar común del pueblo y sus intereses legítimos como ciudadanos. De otra manera, termina complicando más la situación enrareciéndola y sumándole más bruma a la oscuridad.
Tampoco puede ser que cada cuatro años la ciudadanía esté aferrada a este mecanismo de participación ciudadana corrigiendo sus errores repetidos. Desconociendo la incidencia que tiene para el desarrollo de su municipio una elección irresponsable, motivada por beneficios personales o simpatías subjetivas, que no tienen nada que ver con las necesidades y urgencias que deba resolver la ciudad en donde habita, y sí sirviendo de idiotas útiles a quienes persiguen sus intereses personales subrepticiamente.
Ayer viernes (22.01.2021) en el país se cumplió la primera audiencia pública en Aguachica, César, para escuchar a los promotores de la revocatoria del alcalde de esa municipalidad. Este lunes 25 de enero continúan Bogotá, Medellín, y en adelante 25 iniciativas más, ¡y las que vengan!
Nuevamente el pueblo tendrá la oportunidad de tomar su mejor decisión, hasta que aprenda.
