Justino Jiménez de Aréchaga (1910-1980) escribió a principio de los cincuenta que el otorgamiento a privados de concesiones para el usufructo del espectro radioeléctrico uruguayo se había transformado en una entrega de "ducados fructíferos" que el gobierno de turno otorgaba a sus amigos políticos.
A mediados del siglo pasado la radiotelefonía, iniciada en Uruguay en 1922, era el medio de comunicación masivo por excelencia, más que la televisión.
El teórico y catedrático uruguayo del derecho, maestro de juristas, refería a que a partir de que la radiotelefonía demostró su poder y su potencial económico, los propietarios de las emisoras uruguayos durante décadas eran las mismas familias. De ahí su metáfora medioeval.
Los sectores políticos y sociales sistemáticamente excluidos de esa repartición, rechazaron tal discriminación antidemocrática proveniente de quien debería velar con imparcialidad por los intereses de todos los uruguayos, y no solamente de los de sus amistades. Antidemocrático, además, porque el espectro radioeléctrico era (es) de toda la sociedad y no del gobierno de turno.
Esa situación no varió con la llegada de la televisión en la década de los sesenta que, como es sabido en Uruguay, los permisos para operar canales de aire repitieron el esquema de concesiones radiales. Algo que no cambió durante la dictadura (1973 - 1985) sino que, por el contrario, los militares antes de abandonar el poder hicieron uso de esa discrecionalidad para otorgar frecuencias radiales a sus amigos.
Durante la administración Lacalle (1990-1995) el otorgamiento de la televisión por cable siguió el mismo patrón de adjudicación cuasi familiar en Montevideo, y de correligionarios blancos o colorados en las diferentes ciudades del interior.
La disputa del éter. En los años previos al triunfo electoral de la izquierda (2004) surgieron las radios comunitarias, que en realidad eran mayoritariamente de militantes de izquierda, que legítimamente defendían el derecho ciudadano a tener sus propias emisoras. La tecnología lo permitía y el poder político lo retaceaba. Fueron emisoras de alcance barrial que comenzaron a funcionar sin autorización administrativa.
El proceso lo seguí de cerca, pues en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) recibía — pese a alguna otra mirada sindical de reojo— a los dirigentes de ese movimiento que abogaba por trabajar sin recibir remuneración. Un imposible solamente sobrellevable con apoyo financiero extra a esas radios comunitarias. Estaban en una disyuntiva de hierro: no podía ser radios comerciales, pues perdían el carácter "comunitario", y al mismo tiempo, deberían efectuar sus labores sin profesionales. Complicado.
En la primera década del siglo XXI en cinco países —Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela— se logró el reconocimiento legal de las radios comunitarias.
Cito el caso porque uno de aquellos dirigentes de radios comunitarias, defensor acérrimo de la libertad de expresión, cuando sobrevino un gobierno de izquierda en Uruguay, sería uno de los principales impulsores de un proyecto restrictivo de la libertad de prensa que para el republicanismo uruguayo era difícil de aplicar, y terminó archivado.
Fue un fenómeno generalizado en aquellos países donde a la par de los gobiernos denominados progresistas, proliferaron proyectos legislativos o intentos parecidos de darle al Estado un mayor o menor control sobre la libertad de prensa. Así fue en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay —con diferente peripecia— hasta la "Misión Comunicación" en Venezuela, cuyo objetivo decretado fue la "expresión concreta de democratización de la comunicación en Venezuela y promover el desarrollo de la contra hegemonía cultural". La realidad de aquellos enunciados es que Venezuela hace años que es un clásico en materia de violaciones al derecho a la información, agresiones a periodistas, limitaciones al acceso a la información y criminalización de la actividad de la prensa. Que incluye desconocimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinan la devolución a sus legítimos propietarios los medios de prensa confiscados.
La tecnología manda. La tecnología digital ha sido implacable en todo sentido. Tanto las legítimas reivindicaciones de democratizar la comunicación afectada por monopolios empresariales, como los excesos autoritarios de quienes al llegar al poder traicionaron sus antiguos reclamos libertarios, se han visto sacudidos por el formidable cambio que supuso la irrupción de las redes sociales (RRSS) en sus múltiples plataformas: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, etc. y aplicaciones de mensajería instantánea: WhatsApp, WeChat, FacebookMessenger, Skype, etc.
De pronto, quien tuviera un celular pudo recibir y reenviar al universo digital informaciones, opiniones, fotografía, videos, chismografía, vida personal, estados de ánimo, obsesiones, etc. Todo por los mismos canales, con la supuesta misma importancia y con la consiguiente saturación de impacto.
Sucedió la inevitable: el estómago se impuso a la mente en muchos casos. Las RRSS combinaron lo maravilloso que supuso la muerte de la distancia y la interacción instantánea, con la explicitación de lo peor del ser humano.
Los antivalores más insospechados, los que una persona razonable difícilmente se atrevería a exponer en un ámbito compartido con semejantes, tuvieron vía libre para ser emitidos desde la a veces rabiosa soledad del cibernauta. Con el agravante de que el algoritmo— verdadero digitador— le hace creer al cliqueador que el mundo real es esa burbuja de tuits enviados y recibidos en que vive. Al punto que en junio del 2020 la propia empresa Twitter intentó acotar el leo y reenvío compulsivo y tratar de evitar los retuits en los que no se le da contexto, con los recordatorios "los titulares no cuentan toda la historia" y "puedes leer el artículo en Twitter antes de retuitearlo". El intento buscó evitar que se compartan irreflexivamente noticias falsas o engañosas.
Según la información proporcionada por Twitter, después de tres meses de prueba, la plataforma digital señaló que gracias a esta función, un 40% de usuarios abre los artículos completos antes de compartir después de ver el recordatorio.
Estas empresas privadas — vía internet— desplegaron un menú de posibilidades comunicacionales con base a soportes personales. El celular, el PC, el portátil, la tableta, se volvieron los instrumentos de comunicación y se pasó a que cada aparato personal recibiera y emitiera en vivo y en directo lo que fuera, como fuera y donde fuera.
¿Se volvió obsoleta la enseñanza sesentista del canadiense Marshall McLuhan (1911-1980) — "el medio es el mensaje"— o sigue vigente y ¿"el medio (aún) es el mensaje"?
"Demasiadas personas saben demasiado las unas sobre las otras. Nuestro nuevo ambiente obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros está ahora irrevocablemente envuelto en la vida de los demás, y es responsable de ellos", evoca la chilena Teresa Ayala Pérez, doctora Didáctica de la Lengua y la Literatura, en su trabajo Marshall Mcluhan, las redes sociales y la Aldea Global.
"Amenazan a la demcoracia". Ni cortos ni perezosos, los políticos para quienes la prensa era hasta entonces un contrapeso molesto a su demagogia, cuando no a sus falsedades, vieron en esas RRSS la gran oportunidad. Muchos — no solo Trump— las utilizaron para diseminar su opinión sin recibir como contrapropuesta el interrogante periodístico, el análisis o la opinión de los profesionales de la información. Las RRSS aparecieron como la "forma directa" de comunicación entre el líder, sus seguidores y— lo que exacerbó el ambiente— sus contradictores espantados y furiosos ante el rostro de piedra de Presidentes tuiteros.
No es menor la responsabilidad de esto último en las consabidas grietas sociales que hoy se viven en varios países.
La reacción profesional de la prensa fue disímil. En general, se optó por repetir lo que ese líder diseminaba a troche y moche. De hecho, se retroalimentó todo lo que decía: lo legítimo y la basura.
Algo que acompañó a las RRSS desde hace años fue la creación de los "bot"—programa informático que reitera tareas automáticamente— cuyo efecto distorsionador de la realidad y fabricador de noticias falsas fue medido, entre otras investigaciones, por la realizada por la Fundación Knight de Estados Unidos.
El estudio examinó más de 10 millones de tweets de 700.000 cuentas vinculadas a más de 600 cuentas falsas y sitios de noticias sobre conspiración. "La investigación identificó grupos de cuentas de Twitter que se vincularon a estos sitios repetidamente, a menudo de formas que parecían coordinadas o incluso automatizadas".
Esta deformación de la realidad fruto de servicios de inteligencia de diferentes países, sumado a operaciones internas en determinados países, lleva a los autores Francis Fukuyama, Barak Richman y Ashish Goel, a afirmar en un reciente informe publicado por la revista Foreing Affairs que: "Las plataformas de Internet causan daños políticos que son mucho más alarmantes que cualquier daño económico que generen. Su verdadero peligro no es que distorsionen los mercados; es que amenazan la democracia".
Golpistas. Entonces llegó el 6 de enero del 2021 y a raíz del intento de asalto al Capitolio de EE. UU., alentado por el ya expresidente Trump, las RRSS reaccionaron cerrando las cuentas del golpista.
Surgen diferentes temas para analizar. Y que en este texto obviamente no se dilucidan, apenas si se plantean algunos:
1. El universo digital no pertenece a la comunidad de naciones. Ergo, no hay una censura en el cierre de una cuenta perteneciente a una empresa privada. Nadie propietario de una empresa de comunicación puede ser obligado a insertar en sus contenidos aspectos contrarios a sus valores. Excepción hecha cuando se da un fenómeno de difamación o calumnia en que los estados democráticos tienen mecanismos legales para que al ciudadano ofendido se le ampare en el ejercicio del derecho de respuesta. Así son las cosas en el sistema democrático.
2. Las RRSS, a diferencia de los medios periodísticos serios, no poseen un código de ética profesional. Por eso pueden contener información u opiniones muy útiles y válidas seguidas del disparatario. Google ha aceptado censurar a los usuarios bajo regímenes totalitarios en aras de no perder el negocio. Cierto es que en mayo del 2020 Mark Zuckerberg ensayó que comisión de personalidades Junta de Supervisión (Oversight Board) tendría "el poder de cambiar las políticas y revisar de fondo las decisiones sobre contenido de la red social, incluyendo Facebook, Instagram, grupos, perfiles e incluso políticas de anuncios". Pero esa articulación va para largo…
3. El intento de golpe de Estado —que tuvo su etapa final en el Capitolio de Washington— disparo la reacción de los propietarios de los sitios más utilizados por Trump y sus 88 millones de seguidores. Hubo clausura y no solamente del todavía Presidente de EE. UU.: miles de cuentas de delirantes del QAnon también fueron cerradas. En 2016 había cuentas que le adjudicaban a Hilary Clinton prácticas satánicas que fueron parte de una operación de la inteligencia rusa de acuerdo a la investigación de Knight ya citada. Y esas cuentas al 17 de enero del 2021 siguen operativas.
4. Cabe preguntarse por qué los dueños de las RRSS no habían reaccionado antes, cuando el daño que estaba produciendo Trump con sus declaraciones anticientíficas sobre la estrategia anti COVID-19, generó miles de muertes de estadounidense. ¿Es que servía más al negocio de las RRSS mantener un vector homicida "al aire" para aumentar los seguidores en general? Esa respuesta está pendiente por parte del Zuckerberg y otros propietarios de las RRSS. No se necesita un doctorado en ética para discernir que Trump profirió disparate tras disparate respecto a la pandemia: dijo que "en un par de días" los contagios iban "a bajar a casi cero (…) Va a desaparecer. Un día, como un milagro, desaparecerá (…) Hemos hecho un trabajo bastante bueno”, alardeó en febrero 2020. Se negó utilizar tapabocas durante meses, siguió organizando actos masivos; afirmó que "un medicamento para la malaria cura el COVID-19 (…) El virus no tiene la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos", el 11 de marzo, para contradecirse días después: "Siempre consideré que era algo serio", el 17 de ese mismo mes. "No me veo (...) portando mascarilla. Quizá cambie de opinión", sostuvo el 3 abril, para agregar "veo que el desinfectante lo elimina (al virus) en un minuto. ¡Un minuto! Y ¿existe una forma de que podamos hacer algo parecido, mediante una inyección para limpiar casi todo? Es algo (el virus) que penetra en los pulmones, y podría por eso ser interesante intentarlo (…) Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o simplemente muy potente. Y supongamos que se puede meter luz en el cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Creo que hay que probarlo" sostuvo el 24 abril. Para agregar veinticinco días después: "Cuando tenemos muchos casos no considero que eso sea algo malo, considero de alguna manera que es una buena cosa".
Su irresponsabilidad, que hace pensar en homicidio culposo masivo, la llevó al plano electoral personal cuando tres días antes de su debate con Joe Biden y de confirmarse su contagio de COVID-19 se burló de su contendor: "Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla". ¿Estaría contagiado Trump cuando debatió con su oponente?
La historia registrará las imágenes de Nueva York cuando se hacían entierros masivos de víctimas del coronavirus en gigantescas fosas comunes, como si la ciudad hubiera sufrido un bombardeo y Trump seguía fabricando una realidad diferente mediante las redes sociales que entonces no actuaron.
