La denuncia hecha en recientes días por un valiente veedor ciudadano en relación con las mafias políticas que controlan la contratación para la vacuna del COVID-19 es la tapa de la corrupción.
Delfines y caciques políticos y sus respetivas clientelas políticas son los favorecidos con multimillonarios contratos de prestación de servicios. No hay derecho para tanto abuso y sobre todo en esta materia.
Se comprueba una vez mi tesis sobre el clasismo en los contratos de prestación de servicios. Veamos:
- Hay una clase antes, que en complicidad con la clase política, captura y hace de su propiedad la contratación del Estado para los suyos. Es favorecida con contratos de prestación de servicios con cuantías superiores a los diez millones que pueden llegar a elevarse a cifras inimaginables. Algunos tienen hasta dos o tres contratos y lo ganado en un contrato de estos representa años de trabajo de un profesional de planta.
- Hay una clase media favorecida con este tipo de contratos. Podríamos tipificarlos como aquellos de profesionales cuotas o fichas de los políticos de turno que ganan entre cinco y diez millones de pesos.
- Hay una clase baja, que es la inmensa mayoría, que es aquello que gana menos de cinco millones de pesos. Son personas que son explotadas políticamente y tienen que trabajar electoralmente al político de turno (de derecha o de izquierda que esté en el poder) para obtener un contrato. Hay desde profesionales médicos, abogados, etc., hasta mensajeros. Todos ellos cumplen funciones administrativas y misionales que generan una duplicidad de funciones con los funcionarios de planta de carrera, ineficiencia administrativa y deslegitiman la democracia.
Las tres clases sociales que se dan en este tipo de contratistas tienen la misma característica, su ingreso no es meritocrático y obedece a intereses particulares. Además, con el transcurso del tiempo han venido desplazando a los funcionarios legitimados para prestar la función pública, desarrollando paralelamente las mismas funciones. Sin embargo, vale aclarar que existen contadas excepciones que sí cumplen las condiciones de ley, y la ejecución de sus labores es excepcional.
En mis años de investigación de esta problemática he encontrado que no ha habido gobierno nacional, ni territorial, ni de derecha, ni de izquierda, que no haya acudido a este tipo de contratación para hacerle el quite a la meritocracia y pagar favores. Por ejemplo, el gobierno de Santos pagó todos los favores políticos en la construcción del proceso de paz de esta forma, y el de Duque está desbocado con estas mismas prácticas, pero negadas con un discurso mentirocrático al unísono con la señora alcaldesa López. Y así está diseñada la normatividad de este tipo de contratación para hacerle el atajo a la meritocracia constitucional y blindarla de investigaciones fiscales y disciplinarias y hasta penales.
De otra parte, el discurso sindical es ineficaz y funcional al gobernante de turno; la mayoría de la población ignora estos vicios del Estado; y una gran mayoría lo acepta de forma cómplice. Así las cosas, esta paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios refuerza las divisiones sociales, resulta ser una maldición de esta pseudodemocracia y hace del Estado una porqueriza donde la clase gobernante de turno se enloda con el fango del clientelismo.
