La minera norteamericana Drummond aterrizó en el César con la concesión para explotar el gran yacimiento carbonífero de La Loma y la Jagua de Ibirico a mediados del gobierno de Virgilio Barco en 1988, en un momento en que la violencia escalaba en el país. La guerrilla de las Farc se hacía sentir con extorsiones, atentados, secuestros y presión sobre los trabajadores, en un territorio en el que el comandante Simón Trinidad se movía como pez en el agua.
Pronto, las recién creadas Autodefensas de Córdoba y Urabá y unidas bajo el nombre de AUC, aparecieron con su propuesta de defensa territorial y encontraron en los directivos de la Drummond eco, una relación que se estrechó y terminó comprometiendo a los directivos con apoyo a comportamientos ilegales con estos grupos armados. Con la protección paramilitar durante quince años, la empresa fundada en Alabama en 1935 por Heman E. Drummond, explotó el rico yacimiento que la convirtió en la empresa extranjera de mayor productividad en el país, según datos de Forbes.
Unas cifras que aparentemente tapaban cualquier actuación irregular justificada en el P & G de la compañía como ocurría con muchas empresas sobre todo con presencia en los territorios en los años duros del conflicto, hasta que en el 2018 la justicia se hizo sentir.
Aparecieron las primeras investigaciones, que comprometían al presidente casi que inicial, Augusto Jiménez quien tomó las riendas de la compañía desde 1990 y a su entonces vicepresidente de asuntos corporativos José Miguel Linares quien en 2012 asumió la conducción de la compañía y es actualmente su presidente. Se les señalaba de haber colaborado con las AUC mediante la entrega de dinero.
En 2018 la Fiscalía inició la investigación que llevó a la acusación formal el pasado 17 de diciembre.
Aunque en 2008 la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, inició la investigación contra los dos altos ejecutivos y otros seis empleados de la minera, por presunta financiación del paramilitarismo, luego de escuchar los interrogatorios de los llamados, la investigación se cerró parcialmente el pasado 27 de octubre de 2020. Dos meses después, el 17 de diciembre, ahora en manos del fiscal Francisco Barbosa la investigación tomo otro rumbo con el cual y el presidente y expresidente de la Drummond fueron acusados de conocer, permitir y promover la presencia de paramilitares dentro su empresa.
Para la Fiscalía los dos ejecutivos habrían aceptado y pactado con el grupo liderado en la zona por Jorge 40 un aporte mensual para su sustento a cambio de seguridad para sus altos directivos y la infraestructura golpeada, casi siempre, por el mismo frente 41 de las Farc, que se movía en aquellas tierras.
La investigación en contra de los dos directivos tomó un nuevo rumbo desde el pasado 26 de noviembre de 2019 cuando entró a jugar en el escenario el recién creado tribunal de justicia transicional –JEP- y Jaime Blanco Maya, quien había trabajado para la Drummon hasta el 2002, decidió acogerse a sus beneficios para esclarecer la muerte de dos sindicalistas de la Drummond: Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, cuya autoría intelectual lo había llevado a recibir una condena de 38 años por la justicia ordinaria. Quería contar la verdad que conocía de este doloroso hecho y profundizar en la relación de la minera con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
La relación entre Blanco Maya y la Drummond empezó en 1995 a través de su empresa: Industrial de Servicios y Alimentos, a raíz de la licitación que ganó para manejar los servicios del Casino de la minera. Dicha contratación, que se mantuvo hasta 2002, y que según su propio testimonio fue aprovechada para legalizar y canalizar pagos a los paramilitares de Jorge 40, por un monto mensual superior a los $ 200 millones, y contaba con la autorización de los directivos quien además permitían que los paramilitares fueran recibidos en el casino y se les suministrara alimentación.
Este libre acceso a las instalaciones de la compañía le permitió a los paras acceder a información interna de los empleados, interés muy centrado en aquellos organizados sindicalmente que se proponían quebrantar, un objetivo común de la empresa y las AUC.
El sonado caso de la Drummond por el asesinato de los dos sindicalistas y la relación con las AUC está desde hace dos años en la JEP
Blanco Maya, actuaba como intermediario de los paramilitares y confesó no solo ser el autor intelectual del crimen de Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya, los dos sindicalistas de la Drummond que se le habían atravesado en el camino, sino que reconoció ante la JEP que habían pasado por su mano USD$900.000 que fueron a parar a las arcas de los paramilitares.
Blanco Maya reveló detalles del financiamiento de la minera norteamericana al Bloque Norte de las AUC. A los contratos amañados que él sostenía con la Drummond se les incrementaban los pagos que se le hacía a las Autodefensas, un método fácil para evadir el radar de la justicia y asegurar que los dineros pasaran desapercibidos y fueran difíciles de rastrear.
Era el propio Blanco Maya quien le entregaba el dinero a John Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre, quien, hasta su captura en 2002, era el jefe del Frente Juan Andrés Álvarez, que interactuaba con las mineras del Cesar.
Aun cuando Jorge 40, quien lideró a los paras de esta zona, les prohibió a sus hombres capturados o sometidos a Justicia y Paz hablar de la Drummond en sus declaraciones, varios de ellos desobedecieron estas órdenes y a cambio de beneficios han contado lo que saben. Sus versiones, sumadas a la de Blanco Maya, fueron utilizadas por la Fiscalía para acusar a Linares y Jiménez por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares.
El Tigre, quien está colaborando desde Estados Unidos, donde está preso desde el año 2000, declaró que uno de los compromisos de las AUC con las mineras fue combatir y derrotar a los grupos guerrilleros presentes en el área de las minas de carbón o empujarlos hacia las montañas, objetivo que lograron principalmente con masacres que atemorizaron al pueblo y replegaron el enemigo número uno de los poderosos y del gobierno.
Aun cuando las mineras están lejos de ser condenadas por su participación en la guerra colombiana, quienes la presidieron por aquellas épocas y quienes habrían tenido conocimiento y aceptado las relaciones de estas con las AUC, las cuales habrían sido bien retribuidas, también están siendo esperados en los estrados de la JEP para que terminen de hilar una historia que ya empezaron a contar algunos que la conocieron por parte del grupo de los Castaño Gil y que habrían dejado más de cuatro mil víctimas en el Cesar.
La eventual llegada de los directivos de la Drummnod José Miguel Linares y Augusto Jiménez a esclarecer hechos ante la JEP sería un hecho muy significativo y contribuiría a desenhebrar y comprender la relación, que es una verdad sabida, entre empresarios y paramilitares en la que el caso del Cesar no es la excepción. Sería además la oportunidad para, de resultar responsables, buscar penas alternativas como las que plantea la JEP. El plazo para presentarse es el próximo 27 de enero, pero aún no se sabe el camino que los dos altos ejecutivos tomarán. José Manuel Linares sigue siendo el Presidente de la Drummond y en el 2019 consiguió que el Estado colombiana renovara la explotación por veinte años más.
