¿Que dos empresas compartan los miembros principales y secundarios de sus juntas directivas? Podría ser normal. ¿Que sean parientes y manejen servicios públicos, donde hay dineros, capital y bienes públicos? Como raro eso.
Es lo que está pasando en el Quindío. La Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP maneja la captación, el tratamiento, la distribución de agua, la generación de energía eléctrica y la recolección de residuos no peligrosos. Mientras tanto, Nepsa del Quindío tiene los servicios domiciliarios de aseo y sus actividades complementarias, donde siete alcaldes son socios (Quimbaya, Circasia, Salento, Génova, Pijao, Córdoba y Buenavista), según los registros en Cámara de Comercio. Además, el 70% de las acciones de Nepsa son de Multipropósito y el restante es de los municipios en mención.
Por un lado, el gerente de Multipropósito, Juan Nicolás Álzate González, es hijo de Yolanda González Vega; esta última célebre por corrupción en un contrato de 162 millones de pesos cuando era jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y quien salió de la cárcel al parecer por vencimiento de términos. Por el otro lado, la junta directiva de Nepsa del Quindío tiene como gerente a su hermano, Carlos Arturo González Vega.
Cuando la genialidad de la administración de Calarcá entregó la operación de los servicios públicos a la naciente Multipropósito, solo con el respaldo de las fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los socios, dio paso más tarde a Los Parientes; grupo delincuencial de cuello blanco que según la Fiscalía General de la Nación se dedicó a actuar de manera no correcta y a desfalcar a los ciudadanos de la tierra de don Segundo Henao y Baudilio Montoya, entre otros ilustres.
Estos, Los Parientes, en el entramado del negocio de la planta de tratamiento de aguas residuales que le costó cuatro mil millones de pesos a los 80.000 calarqueños (que el pasado diciembre cumplió cinco años y nunca construyeron) son: Jorge Arturo Sanabria Sánchez (fallecido), Juan Bernardo Botero Botero (exdirectivo del Once Caldas y socio fallecido), Margarita Rosa Malagón de Sanabria (esposa de Sanabria y fugitiva), Jorge Enrique Sanabria Malagón (hijo de Sanabria y fugitivo), Juan Pablo González Rosas (quien negoció su libertad en la costa norte), Milton Moreno Lemus (quien estuvo preso un año, salió el 31 de diciembre pasado y era el único preso, porque Catherina Díaz Quiroz tiene al parecer libertad condicional por su supuesta colaboración con la justicia, desde hace unos meses).
Una vez muerto el pariente mayor y jefe de la banda, Sanabria Sánchez (enterrado en un cementerio del norte de Bogotá), se destapó la investigación y saltó la señora abogada Yolanda González Vega, mano derecha del fallecido ingeniero y su parentela.
En los registros de Cámara de Comercio de Armenia y Quindío no aparece su nombre, ni el de su nuera, pero sí de su hermano e hijo.
En conclusión, hay unos nuevos "parientes" que manejan aproximadamente el 67 por ciento de la operación de los servicios públicos en el Quindío y hasta dicen que crearon otra empresa, porque los servicios y públicos son un buen negocio. No hay pierde.
Muchos en La Villa del Cacique hablan de que los nuevos Parientes II tienen conflictos de intereses y mantienen estos emporios con leguleyadas; que se apropiaron de manera poco ortodoxa de las acciones del patrón Sanabria; y que hay nepotismo. Lo cierto es que los usuarios de Calarcá pagan costosas facturas de servicios públicos y están cansados.
Actualmente, el alcalde de Calarcá (Luis Alberto Balsero Contreras) trabaja con un grupo de profesionales la terminación del contrato de operación que tiene vigencia hasta el 2023, pues tiene como prioridad lograr que sea las Empresas Municipales de Calarcá (EMCA) la que administre los servicios públicos que presta Multipropósito.
¡Ah! Se me olvidaba. Entre la nueva estructura de Los Parientes II aparece Jaimito "El Chévere", hermano de Juan Nicolás Alzate González, quien tiene un buen sueldo que le paga su tío Carlitos González, quien a finales de 2020 perdió un litigio con los trabajadores de SintraNepsa y tendrá que pagar junto con los alcaldes socios y compañeros de pupitre el costo de las indemnizaciones a por lo menos 25 empleados.
Ojalá la Fiscalía General de la Nación cierre el capítulo de Multipropósito, cite a reunión de socios (pues ahora son administradores de los bienes decomisados) y le devuelva a EMCA sus derechos del 40% para tranquilidad de todos en Calarcá y el Quindío, y para que los servicios públicos (como sugieren en La Villa del Cacique) no sigan siendo, al parecer, la caja menor, en esta nueva oportunidad de Los Parientes II.
