La colombianidad en el extranjero es un activo actor político que debería tener mayor reconocido por la ciudadanía que vive en el territorio nacional. Hemos visto la campaña de los colombianos en España en contra de la designación del exfiscal Martínez como embajador ante ese país. Este año también observamos la revitalización de la marcha del 5 de abril del 2019 de la ciudadanía colombiana ante la sede de la Corte Penal Internacional. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos (el 10 de diciembre de 1948 fue adoptada la Declaración universal de derechos humanos), ha sido elegido como fecha simbólica para depositar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una carta firmada por cuantos colombianos deseen hacerlo.
Esta campaña es posible gracias al estatuto de Roma de 1998, que en su artículo 15 permite a todos nosotros depositar una carta ante la Fiscalía, dado que esta cuenta con iniciativa para investigar delitos contra la humanidad o genocidio. En el país, el senador Iván Cepeda ha depositado recientemente una carta, el también congresista Alexander López Maya había anunciado que iba a hacer lo propio tras conocerse el bombardeo por parte de la fuerza aérea de menores de edad. Este es un procedimiento abierto a cualquier persona que desee hacerlo. Fuertemente inspirado en el modelo de carta propuesto por la campaña ColombianLivesMatter, apoyada por diversas personas residentes en países como Canadá, Francia, Suiza, España, Países Bajos, he enviado a la Fiscalía mi propia carta. Igualmente, he leído una versión corta de la misma en la ONU, que usted puede ver aquí. Usted puede enviar su propia carta a esta dirección: [email protected]
A continuación, comparto con ustedes la versión de mi carta.
Respetada Fiscalía de la Corte Penal Internacional:
Colombia vive un exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos, firmantes de los acuerdos de paz, militantes de la Colombia Humana. Esta realidad nos hace pensar en la necesidad que tenemos de prevenir un genocidio, como aquel reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del partido político Unión patriótica. Por ello, agradecemos que continúe siguiendo la situación en el país, manteniendo reuniones con actores claves dentro y fuera de Colombia, para garantizar los derechos a la vida, la libre expresión, asociación, movilización y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía.
El panorama nacional en Colombia muestra una realidad totalmente contraria al imperio de la ley. Durante el 2020 han sido asesinadas 291 personas en 74 masacres en el territorio colombiano, además de los asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y desmovilizados del proceso de paz firmado con la guerrilla de las Farc en 2016. Igualmente, se presenta un incremento de los casos de feminicidios y violaciones contra mujeres y niñas, por parte de miembros de la Fuerza pública y grupos paramilitares. Por otra parte, denunciamos que se ha iniciado una ola de asesinatos a líderes del movimiento político Colombia Humana, segunda fuerza política en las pasadas elecciones presidenciales. En pocas semanas han sido asesinados 11 de sus integrantes, y se han enviado amenazas selectivas a grupos enteros del movimiento. Hay dirigentes que no han sido asesinados, pero cuya vida corre peligro, como Gustavo Petro, el líder mismo de Colombia Humana. Dirigentes sociales como la ambientalista Isabel Cristina Zuleta de la corporación Ríos vivos también corren peligro. Consideramos que los repertorios de violencia aquí descritos están tipificados en el derecho internacional.
Los asesinatos sistemáticos que actualmente se llevan a cabo en Colombia contra sus nacionales se refuerzan por una impunidad estructural, dado que los responsables intelectuales y materiales dan por descontado que sus actuaciones criminales nunca serán procesadas por los operadores nacionales de justicia. Para cerrar este círculo vicioso de violencia e impunidad, el actual gobierno nacional adelanta un proceso de desmantelamiento del estado de derecho, mediante la concentración de todos los poderes públicos en el ejecutivo, fracturando gravemente el equilibrio de los poderes, sobre el que se sustenta cualquier Estado democrático. A la fecha, el gobierno del presidente Iván Duque ha cooptado y capturado por esa vía todos los organismos de control: Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República; y Defensoría del Pueblo. De igual modo, ejerce una notable influencia en la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal Francisco Barbosa, ternado por el ejecutivo. Barbosa se precia en público de ser amigo personal del primer mandatario. Además, el presidente posee el control político sobre el Congreso de la República. En cualquier país, una acumulación absoluta de poderes en una sola instancia, daría pie para que ese Estado fuese calificado como una dictadura. Soñar con una Colombia en paz, nos está costando la vida.
Como es de su conocimiento, la Justicia Especial para la Paz (JEP) no puede investigar crímenes posteriores a la fecha de firma del Acuerdo de paz en 2016. Sabemos que ustedes confían en la JEP, pero se hace necesario estar atentos a los delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, que hasta ahora han quedado impunes, y que pueden caer bajo los tipos penales cubiertos por el Estatuto de Roma. Además de la información disponible a nivel nacional, tienen ustedes información en el nivel internacional. Recientemente, la CIDH observó que el Estado colombiano no reporta avances significativos para identificar las estructuras de participación criminal en los hechos que ilustran una acción de violencia constante e intensa dirigida a un grupo por sus características políticas (informe no. 170/17 caso 11.227). Igualmente, ustedes disponen de los informes anuales de la OHCHR (A/HRC/43/3Add.3, A/HRC/40/3/Add.3, A/HRC/37/3/Add.3).
Saludos atentos,
Leonardo Rodríguez Pérez.
Colombiano, miembro de la sociedad civil ante la ONU.
