Un país serio se caracteriza por la división de poderes. Tanto que critican a Maduro porque puso tribunal de justicia y órganos de control a su antojo, y algunos gobiernos como Estados Unidos y Colombia hacen lo mismo. No es que esté a favor del sátrapa venezolano, pero "poner fiscalía, procuraduría y contraloría de bolsillo", en palabras del periodista Alberto Nuñez, solo es comparable con la inapropiada negación de su derrota del presidente norteamericano, "acudiendo incluso a la Corte Suprema" —como él mismo dice y reproduce CNN— para seguir sentado en la Casa Blanca.
Sin embargo, todo esto se ha hecho al menos dentro de un marco legal, manipulado o mermelizado —dirían algunos—, pero con visos de legalidad. Aunque la tapa es lo que hizo recientemente el ministro de Salud de Colombia: desconocer arbitrariamente y sin razón un fallo judicial que le ordenó realizar pruebas PCR a los viajeros que llegaran al país. Lo anterior no confrontando, sino desafiando el poder de la justicia. Esto constituye una clara afrenta a la democracia y un daño excesivamente costoso a nuestra institucionalidad republicana, herida que traerá consecuencias funestas y de la cual quizás nunca nos recuperaremos.
Es que no es de poca monta, y es la primera vez que un gobierno desafía al sistema judicial. El viejo e hipócrita discurso de "el gobierno no comparte, pero acata la decisión judicial", ya se mandó a guardar y recoger. De ahora en adelante, esta antijurisprudencia instaurada por el gobierno actual podría ser argumentada por cualquier hijo de vecina o "pelagatos" (como dicen las matronas bogotanas) para negarse a obedecer una legítima orden judicial
Cualquier alcalde, gobernador, empresa pública o privada puede burlarse en adelante de una sentencia o tutela judicial, pues ya nadie es arrestado en la práctica por ello: puede argumentar, "es que lo hizo el ministro de salud", para justificar su desacato a órdenes judiciales. Así, ¿para qué jueces entonces?
No se comprende la razón argüida por Fernando Ruiz para desobedecer un legítimo fallo judicial que solo pretende cuidar nuestra salud: "hay una imposibilidad de cumplimiento". ¿De cuándo acá esto es justificativo de desobediencia? Mientras tanto miles de covidosos podrán estar inundando nuestro país por El Dorado, mientras a nosotros en el exterior sí nos exigen la prueba y 14 días de aislamiento. ¡Bonita igualdad!
Mejor sincerémonos y no seamos de doble faz: tomemos de frente el modelo autocrático de Maduro. Apague y vámonos.
