En el entramado de la única obra literaria que nos dejó el italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo, hay una frase que se quedó para siempre como una impronta. Al igual que le ha sucedido a la rueda, no ha habido ni la más mínima posibilidad para que alguien se haya atrevido a proponerle un cambio para hacerla suya. Y es porque lo que allí dijo el personaje le marcó el rumbo para siempre a su legado literario de apenas 330 páginas que tiene la novela. Aquella frase dice así: “Que todo cambie para que todo siga igual”. Y fue con ella en la mente que me le acerqué al diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Eduardo Peláez Jaramillo, para conocer algunos detalles de la forma en que esta corporación aprobó la muy promocionada nueva figura jurídica que tendrá la Fábrica de Licores de Antioquia, que, de ser un apéndice de la Secretaría de Hacienda, será a partir del viernes primero de enero del 2021 una Empresa Industrial y Comercial del Estado.
La ordenanza fue aprobada por la Asamblea de Antioquia luego de tres debates que comenzaron en el mes de junio donde se expusieron los argumentos de los diputados a favor y en contra, y que finalizaron con 21 votos positivos y 4 negativos, informó la prensa en su debido momento, solo que faltó decir que esa misma discusión se llevó por el medio a la coalición política que se había conformado desde el mes de enero; la misma que eligió como presidente al liberal Rubén Darío Callejas Gómez, cuya relación con el gobernador Aníbal Gaviria Correa quedó menos que fracturada.
A lo largo de las discusiones, que a decir verdad comenzaron desde la administración de Luis Pérez Gutiérrez cuando recibió la “exhortación” del Consejo de Estado para que hiciera los cambios jurídicos necesarios, tanto sus promotores, que fueron la mayoría, como los que dudaban de las benevolencias de los mismos, liderados por el diputado Peláez Jaramillo, a los antioqueños nos vendieron la idea que con la transformación iríamos a tener una licorera próspera, en pleno crecimiento y generando recursos para el departamento, según lo sostuvo en el recinto y fuera de él Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente de la FLA, secundado por la Secretaría de Hacienda, Luz Elena Gaviria López, que siempre sostuvo que con esta decisión se le abren más puertas en el mercado de licores. Otra de las teorías que funcionaron a lo largo de las discusiones fue la de que el cambio va a permitir que la FLA tenga mayor competitividad y versatilidad para afrontar en el mercado el consumo que se ve afectado por licores extranjeros, de esta manera habría mejor distribución de los recursos en Antioquia.
Y mientras las cifras iban y venían, con invitados y expertos que participaron en las discusiones para “enriquecerlas”, la verdad fue que después de que pasó el ciclón político que arrasó y construyó en un pestañear de ojos la nueva coalición, fue que se hizo posible sacar al otro lado la controvertida iniciativa con el mismo número de votos con los que se construyó el acuerdo político, tal como lo dicen las mejores cátedras de la política tradicional. Es más, en los pasillos de la asamblea todavía resuena una pregunta que hizo uno de los pocos observadores de todo el debate al Centro Democrático que hizo a un lado cualquier intención de revancha con quien fuera su rival de campaña y le diera el respaldo de sus 8 votos, no solo al proyecto, sino a la nueva coalición, en donde tendrá una representante en la Mesa Directiva, la diputada Verónica Arango García, del sector de la senadora Paola Holguín Moreno.
Desde entonces el diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo ha insistido en su argumento: “Se van a quedar sin la FLA y sin el poder sobre la FLA”, sin que ninguno de sus compañeros le diera una mano para detener el proceso, quizá porque sus preocupaciones de una posible privatización de la empresa, así como el futuro de los trabajadores y la pérdida de competitividad que ha tenido la empresa en los últimos años, podrán hacer parte de otra historia ahora cuando se cobije bajo el manto protector de la nueva figura, que al decir de la misma Gobernación de Antioquia, no tiene el menor riesgo de caer en las manos del sector privado.
Sin embargo, los presagios que hoy tiene el diputado del nuevo movimiento Dignidad, que llegó a la duma cuando en el período anterior dejó su curul Jorge Gómez Gallego y que revalidó su credencial con más de 16.200 votos, de los cuales 4.000 fueron logrados en su natal Puerto Berrío, están basados en que con esta figura se esfuman como por encanto las millonarias cifras que antes le giraba la FLA a sectores tan vitales como la salud, la educación y el deporte de Antioquia.
Dijo que, por ejemplo, para este año, con unas utilidades valoradas en más de un billón 300.000 millones de pesos, estos sectores recibían recursos por más de 600.000 millones, pero con el cambio el nuevo componente pasará de ser apenas de un 2 % por cuanto el restante 98 %, pasará de manera directa a la Gobernación de Antioquia bajo el nombre de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y asignado en muchos rubros dentro del Plan de Desarrollo; es decir, a lo que este o el gobernador que venga, bien pueda interpretar lo que es una inversión en salud, educación o deporte. Peláez Jaramillo dijo que los primeros de estos coletazos se comenzarán a ver en el año 1 de la conversión jurídica, el mismo período en donde la planta de trabajadores se podrá ver sometida a los cambios y algo similar podrá ocurrir con el grupo de distribuidores que hoy tiene la FLA, que son tres, por cuanto a los nuevos les costará tiempo y paciencia para lograr afianzarse en un mercado que no es para todo el mundo.
Allí está la nuez y la almendra más peligrosa de la ordenanza, recalca el diputado a lo largo de la entrevista, al advertir que todo ello quedó escrito a lo largo de los debates, pero que no fueron tenidos en cuenta por algo que parece simple, pero que no es tal: es que él hace parte de algo que se llama las “minorías”; es decir, aquel sector al que siempre le toca estudiar a fondo y en detalle los proyectos de cualquier administración, con la fe puesta en que su único triunfo será salir derrotado por las mayorías, como en efecto sucede.
“Yo tengo que ser consecuente con las ideas que me permitieron llegar a ocupar una curul en la Asamblea de Antioquia, como son las de defender a las comunidades más vulnerables, pero también para estar del lado de los empresarios que actúan de buena fe y piensan en el desarrollo de las regiones, más que en embolsillarse millones de pesos a través de los contratos”. Entonces dibuja algo que se parece a un mapa de las desigualdades y señala que mientras el Bajo Cauca, Urabá, el Nordeste y su región, el Magdalena Medio, aportan en votos apenas algo más del 3 %, zonas como el oriente alcanzan hasta el 25 % y con ello se llevan todas las obras y el desarrollo, con lo cual se construye el más perverso de los círculos viciosos: a menor número de votos, menos atención del gobierno departamental.
Al volver a sus observaciones sobre el futuro de la FLA, dice que cuando apenas comenzaba a secarse la tinta del esfero con el que el gobernador de Antioquia estampó su firma para sancionar la Ordenanza 25, se ponía en venta el lote de terreno en donde está ubicada la licorera, en límites entre Medellín e Itagüí, por un valor muy inferior al que apenas cuatro años atrás fue tasado. Es que mientras en el 2016 el terreno tenía un precio de $455.000 millones de pesos; ahora ese mismo lote, sin que se conozcan mayores detalles, será ofertado por apenas $318.000 millones, enfatiza el diputado quien hace gala del manejo de sus palabras cuando dice: el Aguardiente Antioqueño, ese mismo que hizo inspirar aquellas letras de que “a mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas” no es ni lo uno ni lo otro, porque el alcohol lo traen de Panamá y el anís lo compran en el extranjero, es caro y no sabe a nada.
Luis Eduardo Peláez Jaramillo no permite mezclar su trabajo político y su militancia con su familia ni su entorno, pero en su perfil se lee que es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Ciencias Penales de la Universidad San Buenaventura, con estudios avanzados en Derecho Penal de la Universidad de Comahue (Argentina) y en Derecho Penal de la Universidad del Litoral (Argentina). Además, es candidato a doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
