Al margen de las eternas prácticas clientelistas y antiéticas para la elección del personero de Bogotá, hay un hecho que es interesante observar y que llama la atención: la persona nombrada en este cargo es egresada de una universidad de las que llaman despectivamente de garaje. Pero, claro, para poder destacar este abogado tuvo que hacer cuatro especializaciones y una maestría en instituciones de élite.
Sin embargo, se rompe una tradición que por años ha sido la costumbre, como sucede en otras esferas del poder: el nombramiento excluyente de profesionales de universidades de élite, con pocas excepciones para las universidades de clase media y las públicas; prácticas igualmente clientelistas, que hacen parte de esas diferenciaciones sociales de las elites políticas y del poder que tanto daño le hacen a la democracia.
La única excepción donde se prueba verdaderamente quien tiene las capacidades y habilidades para ser empleado público del Estado, sin importar de donde sea egresado ni a que clase social o partido político pertenece, es mediante la figura de la carrera administrativa; herramienta poco querida por la clase política.
Sea como sea, el nuevo personero de Bogotá deberá demostrar que los profesionales egresados de una universidad media tienen las mismas capacidades que los de las instituciones de élite. Mucha suerte, tanto para el bien de la ciudad en materia de protección de los derechos humanos como para la gestión disciplinaria de los funcionarios distritales.