A los empresarios se les atribuye una deuda social que se remonta a los tiempos donde pululaban las ideas referentes a la explotación laboral, que a su vez fundamenta sus bases en una teoría descartada hace ya un tiempo conocida como la teoría del valor trabajo.
Esta explica que el valor de los bienes económicos es fruto exclusivo del trabajo humano o, como otros argumentan, que el valor está dado por la cantidad de horas de trabajo que requiera realizar dicho bien. Como el valor del bien se produce por el trabajo, de ahí infieren cosas como que la tierra es de quien la trabaja y que el empresario se adueña del fruto del trabajo del obrero o proletario.
Por un lado, esta teoría no pudo explicar por qué hay bienes que no requieren tanto trabajo y tienen más valor que otros, como es el caso del vino añejo en comparación al vino sin añejar: ambos requieren la misma cantidad de horas de trabajo, aunque una botella vale mucho más que la otra. Otro ejemplo clásico es el valor que se le da a una botella de agua en el desierto en comparación a una botella de agua en la zona más comercial de una ciudad.
Por otro lado, la teoría ignora la valentía que tiene una persona al arriesgar su capital y su patrimonio para aventurarse en el duro mundo del comercio, en el cual no sabe si sus esfuerzos, angustias y ahorros valdrán la pena para recoger un pequeño fruto que ayude a los suyos a estar un poco mejor.
De igual forma, parece no asimilar que lo que valoramos hoy no es lo mismo que valoraremos mañana, puesto que los intereses y las escalas valorativas del consumidor no son constantes en el tiempo. Por ejemplo, es posible que la música que me gustaba hace diez años no sea la misma que me gusta hoy. Por ende, lo que hubiese pagado hace diez años por ver a Silvestre Dangond no es lo mismo que estoy dispuesto a pagar hoy, aunque es posible que el cantante cobre mucho más hoy que hace diez años.
Por estos y otros motivos, hoy se entiende que los bienes y servicios tienen un valor subjetivo, es decir, asignado por el consumidor de acuerdo a un razonamiento a la hora de tomar decisiones, que se reduce teóricamente al binomio utilidad-escasez. Es decir, los bienes y servicios tienen un valor de acuerdo a qué tan escasos y útiles sean para mí en ese preciso momento.
Si el valor de los bienes es subjetivo, la plusvalía y la teoría de la explotación laboral carecen de fundamentos teóricos, lo que nos lleva en la práctica a quitarle esta deuda social al empresario. Al condonarle dicha deuda, es más sencillo entender el punto de vista de Winston Churchill cuando decía que “muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros los miran como la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.
El empresario es un individuo que percibe las necesidades de las personas y ofrece la manera de satisfacerlas en forma de bienes y servicios, promocionándolos al mejor precio posible de acuerdo a sus cálculos. En este sentido, es un benefactor social que arriesga su patrimonio y el de su familia para saciar las necesidades de la sociedad.
Al entender que la deuda atribuible al empresario carece de argumentación científica no se entiende que, según el Doing Business (que es un indicador del Banco Mundial para medir qué tan difícil es hacer negocios), en Colombia una empresa debería destinar aproximadamente 71,2% de sus ingresos a impuestos, tasas, regulaciones y contribuciones. En nuestro país tenemos 6 impuestos nacionales, 13 impuestos departamentales y 6 municipales: para un total de 25 impuestos. Eso sin mencionar las tasas, contribuciones y regulaciones que de igual forma castigan el patrimonio de los empresarios.
Según el ranking del Doing Business, Colombia ocupa el puesto número 67, mientras que en la parte alta del ranking tenemos a países como Dinamarca, en el cual las empresas pagan el 23.8% de sus ingresos en impuestos; Nueva Zelanda, el 34,6%; Estados Unidos (Nueva York), 38,9%. Por otra parte, en la región, solo Chile y México están por encima de Colombia, pagando 34% y 55% respectivamente. Los países en los cuales cobran esta deuda social al empresario con una presión más alta están en la parte baja del ranking. Ahí tenemos a Somalia, Venezuela, Libia, República del Congo o Haití.
Con esta alta presión tributaria en Colombia, no es de extrañarse que en el último trimestre (julio-septiembre) la informalidad alcanzó el 47,1% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país, afectando más a las mujeres que a los hombres. Las empresas formales pueden pagar salarios más altos, pero para formalizar este 47% hay que flexibilizar el mercado laboral y facilitar las herramientas para que los empresarios fortalezcan sus empresas y generen empleo.
