Inventando excusas para retrasar durante más de cinco años el inicio de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, la firma de ingenieros Solarte pide que les liquiden anticipadamente el contrato, exigiendo $200.000 millones como indemnización. Esto lo hacen alegando demora en las negociaciones de predios con las comunidades y trámites de licencias ambientales, por las que culpa al gobierno.
Así quedó expuesto después de la reunión ampliada sobre concesiones viales en el Cauca, citada por el gobernador del Cauca, para tratar el estado de trámite y ejecución de los diferentes proyectos viales con recursos nacionales que se ejecutan y planifican en el departamento.
El evento fue presidido por el gobernador Elías Larrahondo y contó con la presencia del senador Temístocles Ortega, el representante Faber Muñoz, varios diputados, alcaldes y concejales de varios municipios, dirigentes de comunidades étnicas y campesinas, de gremios empresariales y de ingenieros del Cauca.
Además, tuvo como invitado especial al director de la ANI, Manuel Gutiérrez, quien denunció la convocatoria de un tribunal de arbitramento por parte de los contratistas Solarte, con el propósito de ganarse $200.000 millones con argucias legales y sin poner una volquetada de arena para iniciar las obras. “Estamos exigiéndoles que cumplan el contrato o lo cedan”, ya que hay varias empresas contratistas internacionales interesadas en construir los cuatro tramos en que se ha dividido la construcción de la doble calzada Quilichao-Popayán.
La ANI hará todos los tramites técnicos y jurídicos para que el contrato no sea liquidado, porque de hacerlo significaría, además de pagarles los $200.000 millones, mayor demora, al tener que adelantar nuevos estudios y abrir nueva licitación, ya que este contrato se firmó hace más de cinco años, y hasta ahora solo hay una amarillenta y gigantesca valla promocionando la construcción.
Representantes de comunidades campesinas, indígenas y afros manifestaron que ellos no se oponen a la obra y que solo hay que hacer pequeños ajustes técnicos, en cuanto a ubicación y mantenimiento de fuentes de agua, acueductos rurales y sus redes. Funcionarios de la ANLA expresaron que no hay mayor problema para ajustar las licencias ambientales, por lo que las excusas argumentadas por los contratistas quedaron expuestas sin fundamento.
Gutiérrez anunció que la ANI ha priorizado la agilización de este proyecto para que no se pierda el trabajo adelantado y toque partir de cero, lo que retrasaría varios años la ejecución de este importante proyecto vial que agilizaría la comunicación entre Cali y el puente de Rumichaca en la frontera ecuatoriana.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se mostró indignado ante la actitud de los ingenieros Solarte, que buscan ganarse en los tribunales $200.000 millones, sin iniciar trabajos en la vía e hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del Cauca para unirse en la defensa de la ejecución de esta importante obra.
Cabe recordar que la firma de ingenieros Solarte fue fundada por dos hermanos nariñenses egresados de la facultad de ingeniería civil de la Universidad del Cauca y quienes entre sus primeros contratos en el departamento del Cauca construyeron la vía Balboa-Argelia, según recordó el senador Temístocles Ortega. Después de crecer y contratar grandes vías nacionales, esta empresa afronta problemas legales, por su vinculación a los sobornos relacionados con el escándalo de Odebrecht y además por divergencias entre socios y familiares a raíz de la repentina muerte de uno de los fundadores de la firma.
Ante sus líos judiciales y problemas internos han tenido dificultades para que el sector financiero les apalanque el proyecto de la doble calzada Quilichao-Popayán. Así mismo, la empresa adelanta un litigio con el municipio de Popayán por obras construidas hace más de 20 años, durante la alcaldía del hoy senador Luis Fernando Velasco, y cuyo monto supera los $100.000 millones.
Las excusas para no iniciar la obra y su demanda ante el tribunal de arbitramento son analizadas como una argucia leguleya para ganarse en el escritorio los $200.000 millones sin importarles los perjuicios que causan a las comunidades y economía del país y especialmente de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño que deben transitar por pésimas vías y además no pueden dinamizar la comunicación y el comercio con el Ecuador.
