Pues no parece, contestaría inmediatamente, o no existe para los trabajadores y trabajadoras. No es sino mirar todos los días las redes sociales para ver el aumento de conflictos laborales en este periodo y la inexistente capacidad del Ministerio para reducir sus efectos. Al menos en los últimos ocho meses la rama judicial, a pesar de todos los inconvenientes, se ha preocupado algo más por nosotros. Cosa grave y lamentable, que indigna, pero no sorprende al recordar quien preside el gobierno.
¿Cómo se le pasó al Ministerio del Trabajo la humillación de la que fue victima por muchos años un vigilante de un barrio rico de Barranquilla? ¿Cómo pasó por alto el suicidio, aparentemente por causas en el trabajo, en una de las Tiendas D1 en Bogotá? ¿Cuántas querellas por negarse empresarios a negociar pliegos de peticiones duermen en el archivo del Ministerio? (Sin mencionar que le acaba de archivar una a la poderosa Federación Colombiana de Fútbol) ¿El Mintrabajo normalizó por omisión la tercerización laboral a través de cooperativas, falsos sindicatos y empresas de servicios temporales? ¿Cuántas sanciones ha impuesto a empresas que han suspendido ilegalmente contratos de trabajo? Son apenas algunas de las preguntas que habrá que hacerle al señor ministro Ángel Custodio Cabrera, que se merece un buen debate de control político.
Al señor ministro, por ejemplo, le ha quedado grande ordenarle a Carbones del Cerrejón que negocie con Sintracarbón. La empresa quiere imponer por capricho una jornada de trabajo ilegal por el número excesivo de horas que quiere implementar. Esa decisión de la empresa ha mantenido a los trabajadores en una huelga de casi tres meses y el papel jugado por la señora viceministra en el marco del conflicto, es simplemente amenazar con la convocatoria, también ilegal, de un tribunal de arbitramento. ¿Nadie le ha dicho qué conformar el tribunal, no solo tarda un tiempo más, sino que en nada soluciona el conflicto y, por el contrario, lo agravará?
No podemos irnos por las ramas, la función de inspección laboral que debe proteger a los trabajadores y trabajadoras, el lado débil de la relación laboral, no existe, no opera. Y la función normativa existe para agenciar las exigencias del Consejo Gremial, sino vean el decreto 1174 sobre pisos de protección social, que busca generalizar el trabajo por horas y con salarios inferiores al mínimo. El Ministerio de Trabajo está escorado del lado empresarial, encallado, cuando su deber es proteger a los trabajadores. ¿Y el capitán de ese barco? Bien, gracias.
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Miles de trabajadores hacen parte ahora del precario trabajo de las plataformas digitales que en la pandemia, desempleo e informalidad, se ha duplicado. Un trabajo sin derechos
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Otro caso de abuso escandaloso es el que sufren los trabajadores y trabajadoras de la salud. Cientos de miles de seres humanos explotados, ilegalmente tercerizados, trabajadoras y trabajadores que llevan un año y más sin salarios y sin seguridad social. Un sistema de salud mercantilizado y entregado a los negocios de tercerización laboral en los que existe una mafia que enriquece a unos pocos a costa de la explotación y la precariedad. O los miles de trabajadores que ahora hacen parte del precario trabajo de las plataformas digitales que en la pandemia y ante tanto desempleo e informalidad, se ha duplicado. Un trabajo sin derechos. ¿Y qué dice el Ministerio? que ellos y ellas no son trabajadores y en consecuencia no los atiende, no los protege, no los escucha.
Para el muy ocupado doctor Ángel Custodio no es útil proponer medidas para proteger el trabajo y a los trabajadores, además del nefasto 1174, presentó un proyecto de ley para reglamentar el “Trabajo en Casa”, sabiendo que ya existe una ley sobre teletrabajo que lo que el Ministerio debe hacer es verificar que se aplique, pero tampoco lo hace.
El resto de proyectos de ley, las intervenciones ante la Corte Constitucional y todas sus actuaciones son en favor de la flexibilización, de la desprotección, de más desregulación laboral, si es que es eso posible en Colombia. La meta es que el trabajo nuevamente sea una mercancía y no un derecho humano.
Los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano en temas laborales como la abolición de los pactos colectivos cuando hay sindicatos en una empresa, la eliminación de los contratos sindicales, la modernización del derecho a la huelga, la reglamentación de la negociación colectiva en otros niveles distintos al de la empresa y la ratificación pendiente todavía de varios convenios internacionales, siguen esperando a que un ministro tenga algo de coraje para ponerse al frente de ellos. Pero definitivamente ni Duque, presidente de un gobierno ineficaz al que desde hace un año ya le están buscando sucesor, ni Ángel Custodio ministro anodino, cuota burocrática del Partido de la U, serán quienes resolverán alguna cosa positiva para los trabajadores y trabajadores. Habrá que esperar al 2022.
Y mientras el Dane anuncia que la tercera parte de las familias no tiene con que hacer tres comidas diarias y el producto interno bruto decrecerá entre 7% y 9 % inician las negociaciones del salario mínimo, con propuestas de aumento cero o hasta 2 %. Será nuevamente vergonzoso el espectáculo. El procedimiento para acordar el salario mínimo debe cambiarse, como aquí ya lo he propuesto.
Cuatro años dedicados a precarizar y a omitir el deber de control e inspección. No hay que ser vidente para conocer el balance laboral de este gobierno.
