Si una región anhelaba que cuajara el proceso de paz y mayoritariamente votó por el sí en el plebiscito era la suroccidental, especialmente el Cauca, donde municipios como Toribio y Argelia sufrieron trágicas experiencias a raíz de frecuentes tomas guerrilleras y combates.
Ahora bien, por su posición geográfica, el departamento es un disputado cruce de caminos: por el sur limita con Nariño y la bota caucana que comunica con la amazonía del Putumayo y Caquetá; al oriente, por la cordillera central, con el Huila, Tolima y Valle; por el norte con la zona agroindustrial azucarera y parques industriales instalados alrededor de Cali; y al occidente el Pacífico, ofreciendo en sus inhóspitos rincones terreno fértil para el cultivo y procesamiento de coca y la minería ilegal, mientras los ríos caudalosos les sirven a los grupos armados para sacar los cargamentos, vía marítima, rumbo a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Con el informe publicado en El Espectador por el investigador Ariel Ávila y la periodista Andrea Aldana, a medida que se fortalezcan diversos grupos armados que operan en su vasto e intrincado territorio, sobre el departamento del Cauca se ciernen tiempos peores como consecuencia de la pésima ejecución de los acuerdos de paz firmados hace cuatro años.
De nuevo, organizaciones indígenas, campesinas, comunidades negras, defensores de derechos humanos y ambientales, al igual que los reinsertados que continúan desmovilizados, sienten temor ante el creciente exterminio de líderes cometido por quienes se ven perjudicados por su oposición al narcotráfico, minería ilegal y ejecución de macroproyectos mineros e hidroeléctricos y agroindustriales.
Se valen de la profusión de grupos armados para “tirar la piedra y esconder la mano”, descabezando a las organizaciones comunitarias. “Eso es lo que buscan”, dice un líder indígena. “Aprovechar el revoltijo para echarse la culpa entre ellos y seguir matando nuestros líderes que se oponen a que se adueñen de nuestros territorios”, agrega.
Favorecidos los violentos, según algunos analistas, por la demora en copar el territorio durante los estertores del gobierno de Santos y la política de hacer trizas los acuerdos, impuesta a Duque por el uribismo radical, a pesar de la ejecución de algunos proyectos productivos y obras de infraestructura en los municipios calificados PDET, los cuales equivalen a emplastos de agua tibia, en medio de la pandemia guerrera.
Le quitaron la columna vertebral al acuerdo con las Farc, frenando la Reforma Agraria Integral, la restitución de tierras y sustitución de cultivos de coca, mientras intentan acabar con la JEP y la Corte Suprema, que se atrevió a investigar a Uribe para desacreditar y acabar el proceso de paz con las Farc, después que descartaron la negociación con el ELN.
Quieren mantener la guerra vigente para aterrorizar y despoblar los territorios que quieren “colonizar” para sus negocios, y con mayor razón, apuntando a elecciones de 2022, cuando el uribismo retomará su bandera de la “Seguridad democrática” y mano dura, que equivale a mayor guerra y violencia en los territorios sin presencia permanente del Estado.
Han centralizado los acuerdos en apoyar algunos proyectos productivos entre las comunidades y algunas vías, centros de acopio y otras obras, “como para apantallar que están invirtiendo ayudas de otros países en la consolidación del proceso de paz, mientras los grupos armados se fortalecen y transitan como Pedro por su casa”, sin oposición de la fuerza pública.
Según denunció el alcalde de Páez, cerca de 35 niños fueron reclutados, a la fuerza o mediante engaños, por varios de estos grupos, que después de cerca de cinco años de tranquilidad en sus territorios, al desmovilizarse los frentes de las Farc, de nuevo enfrentan a la población, a la paranoia de los diversos actores armados, que los sindican de colaborar con el enemigo, y en medio del fuego cruzado los convierten en objetivos militares.
Según la entrevista concedida por el comandante Yonier, de la disidencias de las Farc, el mapa caucano, fuera del Ejército y Policía, que a pesar de tener cerca de 10.000 hombres en su dispersa geografía poco pueden hacer para controlarlo, se lo disputan diversos grupos poderosamente armados, entre los que están: tres tendencias de guerrilleros de las “disidencias” de las Farc; la Nueva Marquetalia liderada por Iván Márquez, cuadrillas del ELN; paramilitares reciclados de las autodefensas gaitanistas, y otras bandas como los Sinaloas y Contadores que defienden cultivos, laboratorios y rutas de cárteles nacionales y mexicanos.
Ahora que el gobierno se apresta a iniciar la fumigación de cultivos de coca en el Cauca y otras regiones del país, se agudizará el conflicto armado con los campesinos cocaleros y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de carne de cañón, en medio de la fuerza pública y los diversos grupos armados que se disputan el territorio.
