Con el triunfo del “Apruebo” en el plebiscito comenzó a deshojarse la Constitución que dejó como legado la dictadura de Pinochet. Una Carta Magna que lleva el sello del grupo de jóvenes chilenos adinerados que fueron formados en la Universidad de Chicago durante los años 1960.
Los llamados “Chicago Boys” regresaron al Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para diseñar, a sus anchas, un modelo de país en el que el Estado entrega a los privados la provisión de los servicios. De su trabajo nace la Constitución de 1980 que hoy empieza a descuadernarse tras regir los destinos de los chilenos por cuarenta años.
Durante las últimas décadas, el país suramericano fue “vendido” al mundo como el “Jaguar” de América latina y se hablaba del “milagro chileno” equiparando su modelo económico con la rápida reconstrucción y desarrollo de Alemania luego de haber quedado arrasada por la Segunda Guerra Mundial.
Pero hace un año ocurrió el “estallido social del 18 de octubre” y miles de chilenos se volcaron las calles revelando que, a las alentadoras cifras en términos del PIB y de disminución de la pobreza, subyace una profunda desigualdad y un altísimo endeudamiento de las familias que ha terminado por asfixiarles. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1 % de los más ricos de Chile poseen más de una cuarta parte de la riqueza del país y la deuda de los hogares asciende al 75 % de los ingresos familiares.
Ese gran movimiento social en rebelión empezó, entonces, a exigir la realización de una Asamblea Constituyente (que luego fue rebautizada como Convención Constituyente) encargada de redactar una nueva Carta Magna más humana en la que los derechos estuvieran por encima del libre mercado.
Además de juzgarla autoritaria, los propulsores del “Apruebo” reprochan a la Constitución pinochetista el consagrar un "Estado subsidiario" que no provee directamente la prestación de los bienes básicos, sino que la deja en manos del mercado eliminando de sus artículos y numerales a los derechos sociales.
“La actual Constitución consagra principal el principio neoliberal de la subsidiaridad del Estado. Los derechos sociales están mercantilizados, es decir que cuando las salud, la educación, la seguridad social es un buen negocio, entonces lo asumen los privados. Y solo cuando no es un negocio rentable, el Estado asume”, a explica Radio Francia Internacional Paulina Vodanovic, presidenta Consejo de DDHH del Colegio de abogados de Chile, quien propugna porque la nueva Constitución remplace al Estado subsidiario por un Estado solidario.
La Constitución de la dictadura sentó las bases para que Chile se convirtiera en el único país del mundo cuyas aguas están completamente privatizadas tanto es sus fuentes como en su distribución. Hoy comunidades enteras tienen el acceso restringido al agua potable, que es propiedad de empresarios millonarios y grandes transnacionales, y los chilenos pagan las tarifas más altas de América Latina para su consumo.
Que en la nueva Carta de Navegación de Chile el agua no sea más un suculento negocio sino un bien nacional de uso público demanda Rubén Díaz, vocero de la Coordinadora por la Defensa del Agua
Los derechos de los niños no están consagrados en la Constitución
Chile es de los pocos países democráticos, sino el único, del que la ONU acredita que el Estado viola de manera grave y estructural los derechos de los niños a quienes debe proteger. Esos derechos de la niñez no están consagrados en la Constitución redactada y promulgada por el régimen militar de facto e 1980
Mónica Jeldres es la emblemática jueza de familia que, tras una minuciosa investigación, publicó en 2013 un informe - el primero en su género y en su metodología- que reveló el más horrendo y escabroso cuadro de la niñez que se encuentra bajo la tutela del Estado.
La autora del “informe Jeldres” celebra que los derechos de los niños puedan hacer parte de “la hoja en blanco” que los chilenos empezarán a escribir y desea que “ojalá se escriba” con los niños y adolescentes
Otros olvidados por la Constitución de 1980, los habitantes originarios de la Araucanía. Ahora los chilenos tienen la oportunidad de reconocerlos en una nueva carta magna.
“La Constitución debería consagrar a Chile como un Estado pluricultural y debiese incluir el derecho especifico a trabajar nuestra tierra y volver a entregarnos al tierra, eso es todo lo que pie el pueblo mapuche”, dice Raúl Chihuayan, un indígena de esta comunidad que desde octubre del año pasado, acompaña con su familia al movimiento social de la rebautizada Plaza Dignidad, donde empezó todo.
