Un pueblo de cazadores nómadas que solía moverse entre la espesa selva y cambiar hasta 70 veces de sitio cada año, hoy está al borde del exterminio físico y cultural. Un resguardo indígena con más de 954 000 hectáreas (ha), víctima de un conflicto armado que ha sumido a Colombia en una ola de violencia durante más de medio siglo, es un caldero a fuego alto con varios ingredientes: cultivos ilícitos, minas antipersonal, ganadería extensiva, carreteras ilegales, palma africana y disidencias del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016. Los Nukak Makú son hoy un pueblo desplazado que padece de paludismo, malaria y desnutrición crónica; y donde sus mujeres jóvenes son víctimas de prostitución y abuso sexual. Ese es el crudo panorama.
El inicio de la relación entre este pueblo y el Estado colombiano se dio oficialmente en 1988, luego de que 43 Nukak salieron de la selva amazónica del departamento de Guaviare y llegaron al municipio de Calamar buscando ayuda médica por una gripe que aquejaba a su comunidad. Como su sistema inmunológico no conocía esta —y muchas otras enfermedades— el 40 % de la población murió durante los primeros cinco años de contacto con el mundo occidental.
“Los habitantes de Calamar, en su mayoría colonos sin tierra provenientes del interior del país, se sorprendieron al encontrarse con los Nukak, concebidos por algunos de ellos como un exótico grupo de personas de cabezas y cejas rapadas, caras pintadas con tintes rojos y cuerpos semidesnudos que portaban enseres, como canastos llenos de micos y frutos silvestres, cerbatanas y chinchorros”, reseña el Plan Especial de Salvaguarda de Urgencia Nükak, elaborado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la fundación Erigaie.
Los antropólogos Dany Mahecha y Carlos Eduardo Franky explican que la crítica situación de los indígenas tuvo su auge con la llegada de los grupos paramilitares, autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes con las masacres de Mapiripán (1997) y Caño Jabón (1998), y con otras violaciones de los derechos humanos, empezaron a disputarle a las Farc el control territorial de la cuenca media del río Guaviare. Se trata de una tierra históricamente apetecida. Los afluentes Guayabero y Ariari, que al unirse dan vida al Guaviare, son un corredor estratégico entre los Andes, la Orinoquía y la Amazonía para la movilización de tropas, armamentos, víveres y drogas; con las que se financian los actores armados ilegales.
Esta es la historia de un pueblo que no ha sido escuchado y que hoy enfrenta fuertes presiones por el avance de cultivos mecanizados, ganadería y coca.
Sombras para los ojos, lápiz labial, chocolates, pinturas, jabones, detergentes, champús, crema dental, desodorantes, lociones corporales, concentrado para animales, tintas para impresión, velas, galletas, cereales, comida rápida congelada, helados, aderezos para ensaladas y biocombustibles. En todos estos productos puede haber aceite de palma.
Colombia, aunque con un futuro prometedor, no se puede comparar con Indonesia y Malasia, que juntos concentran el 84 % de la producción de aceite de palma a nivel mundial. El país solo representa el 2 %; pero ocupa el cuarto lugar en el mundo y el primero en América, con cerca de 600 000 hectáreas sembradas de este monocultivo en 21 departamentos.
Si nos concentramos únicamente en los sitios que más producen, Guaviare no aparecería. Según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), ni el departamento ni la región amazónica son una prioridad para el gremio. El problema es que sí hay cultivos y están ubicados en zonas estratégicas de conectividad ecológica. Nadie sabe a quién le pertenecen o, por lo menos, nadie quiere arriesgarse a decir nombres concretos en voz alta por la compleja situación de seguridad en la región.
Las imágenes aéreas del bosque tropical en llamas o calcinado, con larguísimas trochas que se pierden como serpientes entre los árboles, o con grandes potreros que tienen cercas de cemento, alambrado, casas con techos de zinc y un par de vacas, son una postal frecuente en la Amazonía colombiana. Las nuevas dinámicas de poder y control del territorio que surgen en el posacuerdo están poniendo en jaque la riqueza natural uno de los países más biodiversos del mundo.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es posible que estemos entrando a un punto de no retorno en el que antiguos predios de colonos y pequeños cultivos de coca se están transformando, a gran velocidad y magnitud, en ganadería extensiva y cultivos mecanizados de plátano, yuca, chontaduro, e incluso palma y eucalipto.
Los sobrevuelos y el análisis de imágenes satelitales que ha hecho la FCDS en la zona dejan ver que hay, al menos, 250 hectáreas sembradas con palma aceitera en el Guaviare y otras 3800 que están en preparación para otros cultivos de agroindustria, la gran mayoría dentro de bosques que no se pueden tocar, según una ley que data de 1959. Algunos lotes están a solo 2 kilómetros del resguardo Nukak-Makú.
Botero hace énfasis en que “la palma sembrada en la reserva forestal [donde también está el resguardo Nukak] es ilegal y no está afiliada a Fedepalma”. Según dice, cuando no hay presencia ni acciones constantes del Estado, “el crimen organizado entiende eso como una señal apropiada para meterse y hacer de las suyas. Eso es lo que está pasando acá: un patrón que viene desde las sabanas de la Fuga [una llanura en el departamento de Guaviare] hasta el interior del resguardo Nukak, y nadie hace nada”, remata.
Durante muchos años algunas empresas de palma de aceite estuvieron vinculadas con episodios de despojo de tierras en Colombia, siendo el caso de Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento de Chocó, uno de los más recordados. Masacres, homicidios selectivos, descuartizamientos, torturas, desapariciones y desplazamientos hacen parte del espectro criminal que rodeó el proyecto de siembra de palma de aceite y ganadería extensiva impulsado por el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil a finales de la década del noventa en la cuenca baja del río Atrato.
Otro caso es el de Mapiripán, un municipio ubicado al sur del departamento del Meta, en límites con Guaviare. Según relata una investigación del portal Verdad Abierta, Diego Rivas Ángel, un testaferro de los paramilitares investigado por tráfico de drogas en Estados Unidos, logró que el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le adjudicara 4300 hectáreas de predios baldíos de donde antes habían expulsado a los campesinos.
Los paramilitares, denuncia el portal, no impusieron su terror en Mapiripán solo para arrebatarles el negocio del narcotráfico a la guerrilla, “Vicente Castaño quería apropiarse de extensas fincas para desarrollar proyectos de palma y como socios tenía a sus coterráneos Miguel Arroyave y Daniel Rendón, conocidos en el narcotráfico con los nombres de ‘El Arcángel’ y ‘Don Mario’ respectivamente”.
Se sabe que la palma rodea el territorio indígena Nukak, pero es muy difícil identificar qué tanto se ha expandido dentro del resguardo pues las plantas que se ven en las imágenes aéreas y satelitales todavía están muy pequeñas. Lo cierto es que esta no es la única amenaza: hay, como mínimo, ocho grandes lotes con ganado. Solo uno de ellos arrasó con 3500 hectáreas de bosque natural, según la FCDS.
“Después de la firma del Acuerdo de Paz allí quedó una estructura armada muy importante, que son los frentes 1, 7, 43 y 44 de las antiguas Farc, la mitad del llamado Bloque Oriental. Tienen recursos económicos, poder territorial y, algo aún más importante, la capacidad de hacer alianzas políticas y militares con los que antiguamente eran sus adversarios”, explica Botero.
Los otros grandes flagelos del resguardo Nukak son las carreteras ilegales y los cultivos de uso ilícito. La FCDS tiene mapeadas 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del territorio indígena. Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque han tumbado selva de lado a lado, y ya se ven pequeñas fincas a lo largo del trayecto.
Y no solo esto. En el primer semestre de este año, dice Botero, detectaron 566 nuevas hectáreas, distribuidas en polígonos de no más de 2 hectáreas, que estarían siendo destinadas para el cultivo de coca al interior del resguardo Nukak. El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, identificó que 161 resguardos indígenas y 14 parques naturales en Colombia tienen cultivos de coca. Solo el departamento del Guaviare registra 3118 hectáreas, de las cuales, 1066 están en la Reserva Nacional Natural Nukak, 548 específicamente en el resguardo Nukak Makú —que se superpone a parte de la Reserva Nukak— y 21 en el parque nacional Serranía de Chiribiquete.
Julio César López Jamioy, director de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), le dijo a Mongabay Latam que “son los empresarios, de los que nadie se atreve a decir nombres, quienes llegan con represalias en contra del pueblo Nukak, restringiendo o limitando el movimiento dentro de su propio hogar”. Jamioy insiste en que los Nukak han tenido que cargar con todo el peso de la violencia: “Su resguardo fue corredor para guerrilleros y militares del Ejército. El conflicto armado los atacó de frente y lo único que ahora necesitan es blindar su territorio”, dice.
¿Quién responde?
La pregunta sobre quiénes son exactamente los que están deforestando en el Guaviare y en territorio Nukak sigue en el limbo. De acuerdo con el secretario de Agricultura de la Gobernación del Guaviare, José Jacinto Cubides, hay “rumores” que van desde las disidencias de las Farc y el Cartel de Sinaloa, hasta personas que llegan de los departamentos de Arauca, Meta y Antioquia. Frente a la palma, dice que no tiene conocimiento de nuevos cultivos en Guaviare y que el Plan de Desarrollo solo contempla inversiones en chontaduro, cacao, sacha inchi y caña de azúcar; además de proyectos silvopastoriles para frenar la deforestación.
La seguridad es un tema que entorpece las denuncias y la posibilidad de capturar a los principales responsables. “Acá viene gente y se apropia de 500 o 1000 hectáreas, pero colocan a unos intermediarios que no son los verdaderos dueños ni están poniendo la plata para tumbar [bosque]. Pero el problema es que si usted denuncia luego se vuelve objetivo militar y nadie se va a arriesgar a perder la vida”, relata Cubides.
Sin embargo, hace dos años, el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, de Villavicencio (Meta), decretó una medida cautelar, por “causa grave y urgente”, a favor de los indígenas Nukak. En esas 52 páginas no solo se detallan una serie de atropellos contra la comunidad, sino que se le ordena a la Fiscalía General iniciar acciones penales, relativas a delitos ambientales asociados con “la deforestación indiscriminada, la contaminación con residuos sólidos, la pesca y cacería ilegal, y la invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
La Fiscalía señala que entre 2018 y 2020 se han realizado 43 operativos sobre deforestación en la Amazonía colombiana que han dejado 20 personas judicializadas en 2018, 122 en 2019 y 58 en lo que va de 2020. “Dentro de las investigaciones que se están adelantando, en dos de ellas se denuncia deforestación ligada a la siembra de cultivos ilícitos al interior de la Reserva Nacional Nukak y en una se denuncia un cultivo de palma africana de más de 100 hectáreas. Todas se encuentran en etapa de indagación”, indicó el ente investigador a Mongabay Latam. Sin embargo, no entregaron información específica sobre el resguardo Nukak.
Por otro lado, en la misma medida cautelar del juzgado de Tierras de Villavicencio, también se ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) y al Ministerio de Ambiente tomar acciones frente a la situación de los Nukak para “contener los procesos de deforestación en los focos con mayor presión en el resguardo” e implementar una estrategia para “la restauración ecológica de los corredores de movilidad (…) y con ello ir generando condiciones para un eventual retorno [de los indígenas]”.
Respondiendo a un derecho de petición enviado por Mongabay Latam, la directora de la CDA, Elizabeth Barbudo, detalla 11 procesos sancionatorios relacionados con la tala y quema, de entre 30 y 385 hectáreas, al interior del resguardo Nukak-Makú entre 2017 y 2019. La funcionaria señala que por situaciones de orden público no se ha adelantado ningún monitoreo en campo.
Mientras los Nukak siguen esperando a que la justicia avance y muestre resultados, decidieron adentrarse en la selva huyendo de otra amenaza: la pandemia por COVID-19, que ya deja más de 29 000 muertes en Colombia. Huyen a pesar de que las tierras de su resguardo tampoco son seguras y están quedando en manos ilegales y criminales. Mongabay Latam intentó contactar a varios líderes Nukak pero no hay cobertura de comunicación dentro del resguardo.
Publicado originalmente en Mongabay.com
