Las Farc tienen que asumir responsabilidades, pero el Estado también

Las Farc tienen que asumir responsabilidades, pero el Estado también

Así como a la exguerrilla se le pide que cuente la verdad y reconozca lo que hizo, a los demás actores de la guerra se les debería solicitar lo mismo

Por: Jhon Jairo Salinas.
octubre 07, 2020
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Las Farc tienen que asumir responsabilidades, pero el Estado también
Foto: Exército Brasileiro - CC BY 2.0

Por estos días el Centro Democrático envió una misiva dirigida a los integrantes del partido político Fuerza Alternativa del Común, pidiéndoles algunas explicaciones sobre los hechos acaecidos en el marco de la confrontación armada del conflicto colombiano. La carta solo pedía una aclaración de la degradación del conflicto por parte de uno de sus actores, las Farc.

Así pues, como ciudadano colombiano solicito también por medio de esta comunicación, casi literalmente con las mismas palabras utilizadas, que se nos dé explicación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado y sus aliados.

El 2 de octubre de 2016 el pueblo colombiano rechazó por ínfima minoría los acuerdos firmados entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y el grupo insurgente de las Farc.

A causa de la campaña mediática en contra del acuerdo de paz, el uso de los recursos de la élite gamonal en esa campaña, el apoyo de medios y gremios económicos comprometidos con violaciones a los derechos humanos, la presión de un amplio del sector castrense y el temor generalizado por la supuesta implantación del castrochavismo, ganó el no, haciendo que Colombia aplazara el sueño de materializar la anhelada paz con justicia social.

Sin embargo, gracias a la voluntad generosa de la comunidad internacional, los llamados de jóvenes universitarios por la paz y la concertación con los promotores del no, el acuerdo final fue firmado. Esto a pesar de la insistencia y afán de muchos por destrozar los acuerdos de paz, que ahora tienen tránsito a tratado internacional.

Aun así no se puede negar que la votación del plebiscito reflejó la mezquindad de un sector ultraconservador de la sociedad, donde predomina la tesis de “libertad y orden”, y al que poco le importan las peticiones de las víctimas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Vaticano, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países garantes.

Los detractores del acuerdo niegan los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades de sus crímenes de lesa humanidad; y el mínimo compromiso con la reparación y la no repetición, que inspiran los acuerdos firmados en 2016.

De este modo, vivimos las víctimas del conflicto armado una paz burlada y birlada por el gobierno y su partido. Este cuarto aniversario del plebiscito es una ocasión propicia para exigir todo lo que no se ha cumplido.

Seguimos esperando que se esclarezca la verdad y que se asuman las responsabilidades, valga la redundancia, por parte de los responsables del surgimiento del paramilitarismo. Seguimos esperando que se respeten a las víctimas, que se les reconozcan todos sus derechos y que se pague algún tipo de pena por los delitos cometidos en compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

El pueblo colombiano y la comunidad internacional esperan conocer la verdad en relación con los siguientes temas:

Narcotráfico

1. La violencia en Colombia siempre ha estado financiada por los recursos ilegales del narcotráfico y la minería criminal. La delación por parte de los paramilitares y sus socios, en justicia y paz, donde aseguran los nexos del paramilitarismo con senadores, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y más no es de poca monta.

2. Las rutas y el modus operandi de esos negocios son piezas fundamentales para que el Estado colombiano reconozca que la democracia se ha cimentado con el negocio de la droga. Sobre este tema, nada han confesado los llamados parapolíticos.

3 .Esperamos conocer la realidad de los nexos del narcotráfico y paramilitarismo con la política tradicional en la proliferación de cultivos ilícitos, como sostén de la narcodemocracia en Colombia.

Política

Necesitamos conocer la verdad sobre la combinación de las formas de lucha de los partidos tradicionales: Conservador, Liberal y el Centro Democrático. Requerimos conocer la responsabilidad de diversas fuerzas políticas que hayan tenido algún vínculo con los grupos de autodefensas y paramilitares. Que nos cuenten la forma en la cual se desarrollaron las relaciones de los paramilitares con agrupaciones políticas y otras organizaciones afines a nivel regional donde hacían presencia los frentes paramilitares.

Víctimas

1. Que nos expliquen la política de violaciones, desmembraciones, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas de muerte contra campesinos, indígenas, afros, líderes estudiantiles, líderes sindicales y líderes de partidos de oposición, despojo de tierras, etcétera, así como su aplicación y las responsabilidades en su dirección y ejecución.

2. Que nos expliquen la política de terror generalizada implantada en las zonas donde operaron los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

3. La responsabilidad en la política de asesinatos sistemáticos a las comunidades indígenas, campesinas y de civiles por parte de las AUC.

4. Que nos expliquen las responsabilidades y resultados de las ejecuciones extrajudiciales practicadas al interior de las filas del Ejército (cinco mil falsos positivos en ejecuciones extrajudiciales).

5. Que nos expliquen la política de usar motosierras para descuartizar manos, pies y cabezas de humildes campesinos y campesinas, con efectos indiscriminados de terror y barbarie en la población.

6. Que nos expliquen el uso de los recursos públicos para financiamiento de campañas políticas y en crímenes de guerra.

Los responsables de las órdenes y la ejecución, los colaboradores y circunstancias de los siguientes crímenes de guerra, entre otros

1. El asesinato de cinco mil militantes del Partido Unión Patriótica.

2. Masacre en Trujillo, Valle, 1988. Una alianza de paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado desató una oleada de terror en Trujillo, Riofrío y Bolívar, en el norte del Valle del Cauca, en la que 342 personas fueron víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzosa y que tuvo su clímax entre marzo y abril de 1990. Decenas de cadáveres fueron arrojados al río Cauca. El Estado aceptó su responsabilidad hace varios años, pero la investigación dista de culminar.

3. Abril, 1988 Masacre de la Mejor Esquina, Córdoba. Un grupo paramilitar asesinó a 27 campesinos, entre ellos varios niños.

4. Noviembre 11, 1988 Masacre de Segovia, Antioquia. 43 personas fueron asesinadas por paramilitares con el fin de eliminar a la Unión Patriótica, que había ganado las elecciones locales meses antes.

5. Mayo de 2013, el ex presidente de la Cámara, César Pérez, fue condenado a 30 años de prisión como determinador de esta matanza.

6. Enero 18, 1989 Masacre de La Rochela, Simacota, Santander. Fueron asesinados 12 miembros de una comisión judicial que investigaba violaciones de derechos humanos en el Magdalena Medio, entre ellas, la desaparición de 19 comerciantes.

7. Diciembre 6, 1991. Masacre de la Hacienda El Nilo, Caloto, Cauca. 21 indígenas Nasa fueron ejecutados extrajudicialmente por civiles y miembros de la Policía Nacional. El Estado admitió su responsabilidad en 1995 ante la Corte Interamericana de DD.HH.

8. Febrero 29, 1997. Masacre de Vegachí, Antioquia. Fueron asesinadas diez personas en diferentes sitios del municipio. Tres personas desaparecieron y dos más resultaron heridas.

9. Mayo 9, 1997. Masacre de Mutatá, Antioquia. Diez campesinos asesinados por paramilitares.

10. Julio 15-20, 1997. Masacre de Mapiripán, Meta. En una incursión de cinco días, paramilitares de las Auc, torturaron y asesinaron a decenas de personas. Muchos cadáveres fueron tirados al río y no se ha establecido el número exacto de los muertos. Los paramilitares llegaron en avión desde Urabá a San José del Guaviare y se desplazaron por la zona sin estorbos.

11. Agosto 14, 1997. Masacre de El Retiro, Antioquia. Fueron asesinados diez pobladores que se dedicaban al caserío y corte de madera en la finca La Argentina.

12. Octubre 3, 1997 Masacre de San Carlos de Guaroa, Meta. Miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare asesinaron a 11 personas e hirieron a otras 16. Las víctimas eran integrantes de una comisión judicial que había realizado una diligencia de expropiación de tierras.

13. Abril 28, 1998. Masacre de Urrao, Antioquia. Paramilitares asesinaron a diez personas que viajaban en un bus escalera en el corregimiento La Encarnación, donde incendiaron la estación de Policía y saquearon las tiendas. Masacraron a otras 11 personas en la vereda El Maravillo.

14. Mayo 4, 1998. Masacre de Puerto Alvira, Meta. Miembros de la ACCU asesinaron a 17 campesinos.

15. Mayo 16, 1998. Masacre de Barrancabermeja, Santander. Fueron asesinadas siete personas y 25 más fueron secuestradas por hombres de Carlos Castaño. En julio y agosto siguientes, los paramilitares cometieron otras tres masacres en el puerto petrolero y la región aledaña.

16. Julio 6, 1998. Masacre de Cumaribo, Vichada. Paramilitares asesinaron a 11 personas, entre ellas dos menores de edad. Varias víctimas fueron descuartizadas y arrojadas al río.

17. Julio 12, 1998. Masacre de Sabanalarga, Antioquia. Miembros de las autodefensas asesinaron a once personas. La masacre generó el éxodo de 250 personas.

(Fuente: Proyecto Víctimas - Semana)

Por ahora, con profunda tristeza y dolor de patria, dejemos ahí. ¿Quién dio la orden desde el Estado para perpetrar estas masacres y muchas más?

¿Quién dio la orden de asesinar a Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, José Antequera, Manuel Cepeda Vargas? Estos también son crímenes de lesa humanidad.

¿Quién de ustedes responde por los más de mil líderes sociales asesinados desde la implementación del acuerdo, las más de 60 masacres en lo que va corrido del 2020, el asesinato de 231 firmantes del acuerdo de paz?

Por último, ¿quién responde por los perfilamientos del Ejército a sectores de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y mesas de víctimas?

Sería saludable que nos expliquen las relaciones del exnarcotraficante Ñeñe Hernández con el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Así mismo, que nos expliquen la relación del narcotraficante Memo Fantasma con la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La verdad, me quedo corto con las inquietudes aquí expresadas.

¡Es preferible una bandera blanca solitaria tendida en la cumbre de la paz que mil banderas blancas tendidas en los féretros de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para alcanzar esa misma paz!

Adenda. ¿El Partido Conservador y el Partido Liberal cuándo van a pedir perdón a las casi ocho millones de víctimas que en sesenta años ha dejado la guerra interna que ha traído un mar de sangre en los campos y ciudades? ¿No son ustedes quienes empezaron esta horrible noche?

Con profundo dolor,

Jhon Jairo Salinas

Víctima del conflicto armado.

Defensor de derechos humanos

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