El Secretario de transparencia, Rafael Merchán, envió una carta al alcalde de la capital tolimense, Luis H. Rodríguez, advirtiendo que el proyecto de fotomultas como está propuesto podría constituir detrimento patrimonial.
En medio de las protestas del gremio de taxistas y la ciudadanía, que completan más de una semana, el denominado Zar Anticorrupción de la Presidencia de la República envió una alerta sobre el millonario proyecto con el que se entregaría por concesión a un tercero la operación de la detección electrónica de comparendos en Ibagué. Merchán señala tres presuntas irregularidades: “No se encuentra el soporte técnico de la distribución de utilidades contractuales (60 por ciento - 40 por ciento), entre el particular y la administración, respectivamente, siendo el menor porcentaje para el municipio, lo que podría constituir un posible detrimento patrimonial”.
Así mismo, el Secretario advierte que “al revisar las cifras que justifican la necesidad de la administración municipal de concesionar el servicio enunciado, se encontraron inconsistencias entre los valores de recaudo presentados el 12 de julio del presente año a la plenaria del Concejo por parte de la Secretaria de Transito y el documento técnico entregado como soporte a la exposición de motivos, por más de veintiséis mil millones de pesos”. En ese mismo sentido, recuerda que las entidades territoriales no pueden delegar bajo ninguna modalidad en los particulares el recaudo, administración, liquidación y distribución de multas.
El Zar Anticorrupción también subraya que “la facultad solicitada por la administración municipal, incluye la escogencia de dicho contratista mediante un proceso de licitación pública o la modalidad que esta considere pertinente, por lo que conviene resaltar que la única modalidad contemplada en el estatuto de contratación estatal para adjudicar un contrato de concesión es el proceso licitatorio y no otro”.
Al respecto, el presidente Nacional de Fenalco, Guillermo Botero, manifestó su preocupación por cuanto considera que los estudios sobre los cuales se soporta el acuerdo del Concejo Municipal para otorgarle facultades al Alcalde de Ibagué para llevar a cabo el proyecto no se encuentran argumentados de manera técnica. Mientras tanto, la presidenta del Concejo Municipal, Linda Perdomo, sostuvo que la iniciativa de las “fotomultas” se encuentran dentro del marco legal. “No estamos haciendo nada que sea ilegal”, afirmó.
Las cifras del proyecto
La iniciativa busca concesionar por 20 años una operación que en los primeros doce meses, según el estudio de viabilidad técnica presentado ante el Concejo de Ibagué por la Alcaldía Municipal, con la actual tarifa de multa (294.750 pesos) podría dejar cerca de 80.219 millones de pesos. Lo anterior, debido a que cada mes se registran alrededor de 22.680 infracciones y al año, 272.160 que equivalen a más de 8 billones de pesos. En materia de distribución de ganancias, deduciendo los impuestos, mientras el particular se quedaría con el 60 por ciento, el municipio apenas recibirá el 40 por ciento.
