El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le puso un freno a la Procuraduría colombiana para sancionar a funcionarios electos por voto popular. La decisión fue tomada después de evaluar la destitución que hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez al exalcalde Gustavo Petro. Pero para el procurador Fernando Carrillo aún hay una vacío de interpretación por lo que pedirá claridades sobre el alcance.
La sentencia de la @CorteIDH es clara en que no se requiere una reforma de carácter constitucional.
Encuentro académico de la Comisión @PrimeraSenado. #SesiónOrdinariaRemotaComisiónI pic.twitter.com/1RgeBfqyfe
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) September 22, 2020
La Corte IDH se había manifestado sobre la destitución e inhabilitación por 15 años por el escándalo de las basuras en la ciudad en 2013. Con esto, el entonces procurador Ordóñez violó los derechos de Petro. Los magistrados le pidieron al Estado colombiano modificar la normatividad jurídica interna y pagar una indemnización de US$ 28.000.
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