En 2010 el general (r) Ricardo Gómez Nieto, siendo director del Hospital Militar Central le envío un requerimiento al entonces procurador ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, con el fin de saber si Patricia Riveros Gaitán, quien había sido condenada penalmente e inhabilitada para contratar con el Estado, podía o no ser contratista del hospital que dirigía.
El hoy fiscal del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe avaló el contrato por $42 millones, el cual en 2011 fue objeto de investigación por parte de la Contraloría, entidad que halló irregularidades. Para el ente de control el contrato no podía firmarse por los antecedentes de la contratista, dice El Espectador. El aval de Jaimes indujo en el error al general (r) Gómez Nieto.
En 2018 la Fiscalía pidió la preclusión del caso pero la Sala de Primera Instancia de la Corte negó la preclusión. La Fiscalía apeló y otra vez fue negada, por lo que el proceso, en el que está inmerso Jaimes, y que en este momento tiene el fiscal delegado Jorge Hernán Díaz Soto, subalterno de su investigado, regresó a indagación.
