El Congreso instalado el 20 de julio de 2014, debe asumir uno de los retos más importantes de la historia colombiana, no solo porque debe ocuparse de reformas y leyes que contribuyan a la construcción de la paz con justicia social, sino porque debe responder con responsabilidad y anteponiendo intereses grupales, gremiales, regionales o individuales, al anhelo y al derecho de colombianas y colombianos a la paz. Por lo demás, debe dar testimonio al país, que a través del debate pluralista, democrático y respetuoso pueden coexistir expresiones de extrema derecha, derecha, centro izquierda e izquierda.
El nuevo Congreso no puede ser el centro de disputas, odios y venganzas personales o grupales, debe ser un espacio para dirimir a través del debate y la argumentación los graves problemas que enfrenta el país, lugar para avanzar sin vacilaciones en prácticas políticas reconocedoras de la alteridad, de las diferencias y del bien común. Sí el Congreso asume con decisión estos retos y no se arruga frente al compromiso histórico que tiene,seguramente podremos afirmar, desde diferentes posturas políticas que fue el Congreso para la Paz, de lo contrario el país sabrá sancionar política y éticamente a quienes no den la medida del momento que vive el país y en la historia que se escriba será el Congreso que contribuyó a frustrar el derecho a la paz. El Congreso debe tener claridad de que las organizaciones sociales y políticas, en sus diferentes expresiones, no claudicaremos en hacer de la paz una realidad para cada una de las personas que habitamos este territorio.
El Congreso debe asumir su responsabilidad política y a la hora de discutir los proyectos legislativos tener como referencia lo acordado en la Mesa de diálogo, garantizar que la reforma de la justicia, la educación, la salud, al sistema político y del sistema fiscal garantice el tránsito hacia la construcción de la paz con justicia social. Debe tener como marco de su ejercicio legislativo los derechos de las víctimas y los derechos humanos; impulsar diálogos nacionales y regionales que recojan las necesidades y expectativas no solo de las víctimas del conflicto armado, sino de quienes exigen una vida digna y humana.
Pero si bien es cierto que el Congreso en esta oportunidad debe ser superior a las expectativas de colombianas y colombianos, no es menos la responsabilidad del presidente de la República, él debe asumir con decisión y firmeza el clamor que desde los sectores democráticos y de izquierda le hicimos con el respaldo a su reelección, la paz y las reformas sociales y políticas; para él este logro debe ser una prioridad en su segundo gobierno. En su discurso en la instalación del Congreso reiteró la urgencia de la construcción de la paz y la necesidad de la reconciliación, tarea en la cual estamos empeñadas/os, quienes creemos que es la hora de transformar prácticas políticas y colocar el desarrollo al servicio de quienes han sido desposeídos o se les ha negado condiciones de vida dignas y habilitantes para su desarrollo pleno como humanas/os.
El pasado 15 de junio las y los colombianos que acudimos a las urnas lo hicimos con el propósito de defender y apoyar el proceso de paz, porque creemos que este será el punto de partida hacia la realización de reformas fundamentales que puedan ayudar a superar las causas estructurales generadoras de injusticias y exclusiones. La paz para quienes desde la orilla de la izquierda y la democracia apoyamos la reelección, no es solo el silenciamiento de los fusiles para aumentar la confianza inversionista, la paz que queremos es aquella que pueda darnos lo que nos corresponde como pueblo: dignidad, justicia social, soberanía y autonomía.
Las intenciones de paz no pueden llegar a materializarse una vez se refrenden los acuerdos, creo necesario e indispensable que la voluntad del gobierno se concrete en reformas a través de las cuales se creen condiciones para la construcción de una paz con justicia social, sostenible y duradera.
