La pandemia solo desnudó la crisis carcelaria que ya han afrontado los centros penitenciarios en Antioquia, pues a las necesidades y las falencias que históricamente arrastran ahora se suma el virus que está de moda.
“Las cifras presentadas por el presidente a las seis de la tarde, muestran cómo han disminuido la cantidad de las pruebas y por este motivo como han reducido los casos. Se han reducido y debería haber una emergencia carcelaria frente al número de contagios que se evidencia en los internos”, aseguró Luis Alberto Pinzón, secretario nacional de derechos humanos de la UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios).
Ya han sido tres las personas que han fallecido posterior a una prueba, dos en Bellavista y una en Itagüí, incluso una murió sentada dentro del mismo establecimiento (en una silla de la cárcel ubicada en Bello).
“Los servicios de salud, alimentos, infraestructura y brazaletes electrónicos están tercerizados por el Uspec, que desde su nacimiento ha demostrado su ineficiencia, inoperancia y estado de corrupción que de ahí desprende el cambio de directores y la poca ejecución del presupuesto para subsanar las necesidades. Ningún centro carcelario presta un adecuado acceso de salud para lo que ocurre con la pandemia”, manifestó Pinzón.
El altísimo grado de hacinamiento de los centros carcelarios evidencia que la condición de los presos es inhumana, rayando contra los derechos fundamentales que están en la constitución. El servicio de salud no es adecuado, a esto se suma los contratos de alimentación que se ven en múltiples cuestionamientos frente a la calidad del servicio que es la responsabilidad de la firma y de los encargados en cada establecimiento carcelario.
Sobre la pregunta de jefes que siguen manejando los territorios desde la cárcel (cómo se lo han contado varias personas en diferentes barrios a este medio), Pinzón asevera que al interior hay integrantes de diferentes grupos de bandas y combos, que en momentos de disputa se han visto que generan desórdenes en la misma cárcel, como ocurrió entre los paramilitares y las bacrim. Sin embargo, aclaró que si algunas personas manejan barrios desde la cárcel deben ser las autoridades quienes investiguen y den información con certeza.
Desde la UTP, rechazan la división del gobierno nacional en los servicios penitenciarios: infraestructura, salud, alimentación, entre otros; lo cual, para ellos, ha incrementado la crisis penitenciaria.
“El 43% de las personas sindicadas en Colombia son responsabilidad de los entes territoriales, pero estos no la asumen. Por eso hoy, el 51%, sin incrementar los que se encuentran en las estaciones de la Policía, ven cómo se agrava la crisis de este 43%. Sin ese cumplimiento de responsabilidades será difícil garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”, concluyó Pinzón.
