Después de haber paralizado la economía colombiana durante casi un año, en una cuarentena fracasada que no consiguió detener la propagación de la pandemia del covid 19, el gobierno del presidente Iván Duque ha enfrentado una de las mayores protestas de la historia de Colombia en los últimos veinte años provocada por un caso de abuso policial, cuando un joven abogado fue asesinado de una forma infame a manos de unos uniformados.
Aparte de poner sobre la mesa la necesaria y tantas veces solicitada reforma de los cuerpos policiales colombianos, envueltos en numerosos desmanes y tropelías en los últimos tiempos, el caso tan solo fue la chispa que prendió las violentas protestas en las calles, tal como ha sucedido en otras revoluciones en otros países y latitudes, tales como Túnez, Egipto, Bielorrusia y Nicaragua, por citar tan solo algunos ejemplos.
La reacción de la ciudadanía, en la que algunos quieren ver mano foránea y agitación de la izquierda, revela, sin embargo, el grado de crispación y tensión social que se vive en Colombia desde que hace algo menos de un año cuando comenzaran las protestas contra el gobierno Duque, en un principio debido a las demandas por parte de los estudiantes de una mejora en el sistema de enseñanza y después aderezadas con otras reclamaciones sociales. Luego, las mismas se vieron “anestesiadas” a raíz de la súbita aparición de la pandemia en febrero de este año y han vuelto a aparecer, como un fantasma de verano, otra vez en estos días quizá con mayor virulencia que antes.
La respuesta por parte del gobierno, pese a la magnitud de las protestas y la juventud de los participantes en las mismas, ha sido enviar más policías, militarizar la ciudad y anunciar medidas más restrictivas para evitar nuevas marchas. Sin querer justificar la violencia desproporcionada y los ataques a las fuerzas de seguridad por parte de algunos manifestantes, que incluso hirieron a varios agentes de la policía, el presidente Duque debería tener en cuenta y analizar en su justa medida que haber paralizado la economía del país durante casi un año entero condenó a la miseria, la pobreza y el hambre a millones de personas de los estratos sociales más vulnerables de la capital colombiana y otras ciudades del país.
Sin respuestas sociales y políticas, el malestar seguirá en las calles colombianas
Resulta absolutamente descorazonador que el presidente Duque no haya entendido que su política de confinamiento total en una de las cuarentenas más largas y absurdas del mundo, solamente superadas en el tiempo por Argentina y Costa Rica, ha provocado altos costes sociales y económicos, con una disminución brutal en su calidad de vida, para más de la mitad de la población del país que se sustenta en la economía informal.
Si de veras ahora se quieren aplicar fórmulas correctoras que permita atemperar los costes sociales de una política errónea -pues no ha dado los resultados esperados y Colombia es hoy uno de los países con más afectados del mundo a causa del covid 19-, el presidente Duque debe tomar algunas medidas sociales y atender a los sectores más afectados por la cuarentena, tales como bajar los servicios básicos, flexibilizar el pago de arriendos y préstamos y eliminar o rebajar algunos impuestos impopulares, como el predial -algo así como la contribución urbana española-.
La gente está repleta de deudas, millones de trabajadores han perdido sus empleos, miles de empresas han cerrado, servicios como el agua, la luz y el internet han sido cortados sin miramientos por compañías desalmadas…Y suma y sigue. El paisaje colombiano después de la fallida batalla contra la pandemia es desolador y requiere una proyecto de ingeniería social basado en la innovación, el desarrollo de nuevas políticas más acordes con los más vulnerables y de la redifinición de un proyecto nacional caracterizado durante décadas por la lacerante desigualdad y la ausencia de oportunidades para los más pobres; no en vano, Colombia es uno de los cinco países del mundo más desiguales y es hora de rectificar el rumbo, presidente Duque.
No estamos hablando de una revolución social o política, sino del establecimiento de unas reglas de juego en la economía, la salud y la educación, de tal forma que se acuerde un nuevo pacto social que permita el acceso universal a esos tres pilares a todos los sectores de la población. Hace falta un sistema crediticio, controlado por el Estado, que permita el acceso de todos los ciudadanos al capital, de tal forma que se genere el emprendimiento, la creación de microempresas y la compra de viviendas dignas por parte de todos los ciudadanos sin exclusiones. La reforma de la salud, en manos de esos vampiros que responden al nombre de EPS, y del injusto sistema de educación, al que solamente acceden los más ricos, son otras dos reformas absolutamente necesarias.
De no emprender el camino del cambio, desconociendo el malestar reinante y la crispación creciente, esta calma chicha de la que gozamos ahora, que es una falsa apariencia de paz, dará paso a más conflictos sociales y a la degeneración de las legítimas marchas ciudadanas a protestas violentas de impredecibles resultados, incluyendo entre los escenarios una no deseada confrontación civil que puede ser aprovechada por las expresiones más radicales de la sociedad civil en aras de sus espurios intereses. Es decir, en castellano castizo, se trataría de arrimar el ascua a su sardina aprovechando la actual coyuntura favorable a sus ideas políticas y el caos reinante. O, en palabras del gran Lenin, “captar el momento oportuno para que triunfe la revolución”. Atentos, el momento es grave.
