Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron esta semana la conciliación del proyecto de ley reglamentario de regalías, que consiste en unificar los textos que respectivamente se ratificaron en ambos recintos para que este ahora pase a la correspondiente sanción del presidente Iván Duque, quedando una duda en el ambiente porque el Senado se negó a aprobar la iniciativa en el plazo perentorio del 30 de agosto (como lo establece el Acto Legislativo 05 de 2019) y al contrario se tomó una semana más para discutir con calma y sin contratiempos los más de 200 artículos, en un accionar casi desafiante para algunos y responsable para otros, pero que sin duda se convierte en la primera vez que el Congreso desacata una disposición constitucional en términos de trámite legislativo.
A estas altura no se sabe a ciencia cierta si el gobierno nacional lo va a objetar por estar fuera de términos o va a ser consciente que también es responsable porque este proyecto de ley lo radicó a finales de julio –lo que propició una maratónica y extenuante discusión en las comisiones quintas conjuntas de Cámara y Senado- cuando el mencionado Acto Legislativo le daba plazo hasta el 30 de marzo para radicarlo, pero lo más preocupante es que así el Gobierno Nacional lo sancione, corre el riesgo que se caiga en la Corte Constitucional, con probables sendas demandas de congresistas como Jorge Robledo y César Pachón, quienes presentaron ponencia negativa y se declararon abiertamente en contra de este proyecto, que duplica los ingresos actuales por regalías directas de Departamentos como Casanare y Arauca, no sin antes aclarar que curiosamente Pachón ejerció como miembro de la comisión de conciliación de este proyecto.
Lo único cierto es que estaremos en vilo hasta el 1 de enero del año entrante —cuando entra a regir esta reforma— porque no sabemos si se le va a dar un tratamiento político al asunto para salvar el “impase” o si por el contrario el tecnicismo del Ejecutivo y la Corte Constitucional terminarán por invalidar este proyecto de ley, lo que vendría a propiciar que la reglamentación sea expedida por decreto —al menos hasta cuando la corte en su sabio entender subsane el vicio de trámite, le dé validez definitiva a este decreto o solicite la discusión de un nuevo proyecto de ley— lo que sería lamentable porque esta iniciativa ha sido concertada juiciosamente con todas las bancadas, en un acuerdo sin precedentes entre el gobierno nacional y el Congreso de la República.
La conciliación de la iniciativa tiene como base la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) que se dio con el Acto Legislativo 05 de 2019, pasando del 9,9 por ciento al 20 por ciento para los departamentos y municipios productores, y un 5 por ciento adicional para estos municipios; más una participación para los entes productores del 20 por ciento del crecimiento registrado de un presupuesto bienal de regalías con respecto al anterior, lo que significa ni más ni menos que se duplican las asignaciones o regalías directas de los entes productores, consolidando así uno de los acuerdos más importantes en las últimas décadas entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, con un proyecto de acto legislativo del gobierno nacional —suscrito también por los representantes Jairo Cristancho y José Vicente Carreño— que sentó los lineamientos definitivos de la reforma constitucional y el proyecto de ley reglamentario, que tuvo éste como ponentes a los representantes José Edilberto Caicedo, Héctor Ángel Ortiz y Cesar Ortiz Zorro, entre otros.
Uno de los aspectos más interesantes de esta reforma, es que delegó al proyecto de ley reglamentario el establecimiento de los OCAD —con excepción del OCAD de Paz—, lo que significa ni más ni menos que le quitó el rango constitucional a estos órganos colegiados, encontrándonos con un inesperado acuerdo entre el gobierno nacional y el Congreso de eliminar los OCAD para las asignaciones directas de municipios y departamentos productores de petróleo, en donde estas entidades territoriales tendrán total independencia para la formular, viabilizar y ejecutar estos recursos —basados en una metodología de Planeación Nacional— anotando además que la conciliación acogió el texto aprobado en Cámara, y como lo propuso inicialmente el representante José Vicente Carreño en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
La iniciativa legislativa reglamentaria —que devuelve la descentralización administrativa y autonomía financiera a los entes productores— permite que en el Presupuesto Bienal de Regalías 2021-2022 Casanare —incluidos los municipios— reciba por asignaciones directas una suma total de $667.113 millones, mientras que actualmente —con el régimen legal saliente— solo percibió 337.454 millones, siendo el mismo caso para el departamento de Arauca que percibirá $169.884 millones, mientras que actualmente solo recibe $71.033 millones, en donde estos departamentos y municipios productores podrán administrar sin la centralista y arbitraria intervención de los OCAD, lo que exige a estas entidades territoriales que estén a la altura de esta delegación y manejen con total responsabilidad los mencionados recursos.
El mencionado proyecto de ley no está exento de cuestionamientos, como es el caso de autorizar que las empresas petroleras puedan pagar con proyectos y obras de infraestructura las regalías directas de los departamentos y municipios productores, porque diferentes sectores aseguran que esta “forma de pago” se va a prestar para que últimas se manipulen los precios y se termine por pagar menos regalías, a lo que fuentes del gobierno y el Congreso se apresuran a contestar que esto no va a pasar porque los mismos representantes legales de estas entidades territoriales son los que van a concertar, aprobar y certificar las mismas como pago de regalías, por lo que queda esperar los resultados en términos de celeridad y eficiencia de esta alianza entidades territoriales – empresas petrolera, sin dejar de advertir que el pago de regalías con obras no debe eximir a estas empresas de la inversión social que adelantan en la respectiva región.
El Acto Legislativo 05 de 2019 destina un 34 por ciento para la “inversión regional de los departamentos, municipios y distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo” —haciendo énfasis en proyectos de alto impacto regional—, en donde el proyecto de ley reglamentario nuevamente va más allá al determinar que el 60 por ciento de estos recursos serán manejados directamente por estas entidades territoriales, y solo el 40 por ciento restante estará a cargo del OCAD regional —acogiendo la conciliación el texto de Senado— al que se le cuestiona tener un rígida Secretaría Técnica manejada totalmente por Planeación Nacional, pero que en últimas se entiende como una de las condiciones del gobierno para eliminar el OCAD de las asignaciones directas y del mencionado 60 por ciento de los recursos de índole regional.
Es de anotar que el proyecto de ley también reglamentó los porcentajes restantes del Acto Legislativo para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población (15%), conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación (1%), inversión en ciencia, tecnología e innovación (10%), funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación (2%) y operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos (1%).
La conciliación acogió un artículo que se aprobó en Cámara (propuesto por el senador Iván Agudelo y el representante Alejandro Chacón (Liberales), y acogido por las diferentes bancadas del Congreso) en donde se destina un 5 por ciento de las asignaciones directas de las entidades territoriales productoras en las universidades públicas territoriales y nacionales que se encuentren en su jurisdicción, que servirán para “financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación”, que se convertirá en una oportunidad invaluable para el fortalecimiento de las universidades en el espacio territorial, acorde con las necesidades y soluciones que demandan las regiones.
Coletilla. Esta conciliación finalmente no acogió el artículo 210 que aprobó la Cámara, en donde supuestamente se autorizaba el famoso y temido fracking, aun cuando los voceros gubernamentales y algunos sectores del Congreso advirtieron una y otra vez que simplemente se intervenía en una disposición del saliente régimen de regalías, con el fin de que las regalías en este tipo de proyectos se fije sobre el 100 por ciento y no del 60 sobre la base gravable, pero infortunadamente algunos sectores de oposición aprovecharon la ocasión para denigrar de sus partidarios y decir a cuatro voces que “salvaron” al País de tan “malévolo” plan. ¡Nada más injusto!
