Nunca el estamento policial había tenido tal desprestigio como en este septiembre de 2020. Tal vez podría pensarse en un momento análogo: las décadas intermedias del siglo XX y la irrupción del tristemente célebre compadrazgo entre Estado y chulavitas.
En un período en el que el mundo ha avanzado hacia una tercera generación de derechos humanos en la que sobresale el derecho a la paz, “no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos políticos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de los conflictos”[1], no tiene sentido la actuación armada de un cuerpo que ha hecho caso omiso de las barreras definidas por sus propios protocolos. ¡Y qué decir de las normas internacionales que reclaman un respeto inobjetable a la dignidad humana, a la tolerancia y a la coexistencia armónica y solidaria!
Y es que el accionar de sus miembros ha sido revestido de un halo heroico por un cierto sector de la población que pide mano dura, recorte de garantías constitucionales y el despliegue de armas, tropas y vehículos de guerra en ciudades como Bogotá y Medellín. De esta manera, se va configurando un imaginario propio del despotismo en el que se ha construido un enemigo que coincide –en casi todos los casos– con los ciudadanos inermes que se atreven a protestar contra cualquier injusticia.
Se objetará –no sin razón– que esas movilizaciones terminan siendo pasto de la violencia y la irracionalidad. Sí, es cierto; pero, también es irrefutable el hecho de que en no pocas ocasiones las acciones vandálicas son instigadas (cuando no, generadas) por infiltrados que no pertenecen a los grupos inconformes. Prueba de ello la constituyen testimonios y videos que circulan por las redes y no han sido refutados.
De otro lado, buena parte de la clase dirigente busca defender la institución (que no la institucionalidad) con escarceos propagandísticos propios de los regímenes autoritarios y que, como reseñó para siempre Orwell, culminan con los "dos minutos de odio" en los que, a la manera de una cínica y perversa catarsis, se vuelca toda la frustración del auditorio contra la imagen del enemigo que han construido quienes detentan la hegemonía, esto es, el poder político, militar y cultural. Y, en este caso, se ha creado la entelequia de los ‘vándalos’, significante vacío en cuyo interior pueden caber todos aquellos que no coincidan ideológicamente con el discurso oficial.
También es necesario reconocerlo, un fragmento de la clase dirigente viene reclamando una transformación sustancial de la institución policial, de tal manera que recupere su carácter civil y pase a hacer parte del Ministerio del Interior, con una organización que vele por la seguridad dentro de los marcos constitucionales y legales, esto es, que respete sus objetivos fundacionales y acoja la protección de los derechos consagrados en la Carta Política de 1991.
Igualmente, se requerirá de unos procesos de selección de su personal y de formación y entrenamiento que no desemboquen en ver al otro, al diferente, al contestatario, como enemigo por destruir. Es claro que, en un contexto de posconflicto, no tiene cabida la lógica del amigo-enemigo que defendía el ideólogo de nazismo y, más bien, requerimos de conformar un ámbito racional de reconocimiento y validación de los antagonismos que dinamicen la vida política y que eviten que la violencia se constituya en el medio más eficaz para asegurar la toma de decisiones lo que, en palabras de Mouffe, “significa que debe existir algún tipo de vínculo común entre las partes en conflicto, de manera que no traten a sus oponentes como enemigos a ser erradicados, percibiendo sus demandas como ilegítimas”.
En un mundo en el que hemos feriado la libertad a cambio de seguridad y en una época como la que nos ha tocado vivir, en la que los artilugios del Gran Hermano nos vigilan so pretexto de cuidarnos de la peste del siglo XXI, comienzan a comprenderse los estallidos de la población que sufre las violencias de múltiple procedencia y que no logra ver satisfechas sus necesidades vitales. Si a ello se le suma una serie de reclamos sociales que quedaron en remojo desde el año anterior (desfinanciación de la universidad pública, recorte de beneficios de orden social, reforma pensional y laboral…), se entiende que la sociedad colombiana se encuentra en el momento crucial en que cualquier estímulo, cualquier agresión, puede ser el detonante de un estallido imprevisto, de consecuencias insospechadas.
Tratar de tapar los excesos de un ente como la policía nacional no va a ser el catalizador efectivo para tanta presión acumulada y, mucho menos, las voces que reivindican –en un éxtasis autoritario impresentable– el retorno a las épocas del terror instaurado en todos los órdenes de la vida nacional. Flaco favor le prestan al país quienes pregonan necesidades ficticias como estados de conmoción, toques de queda y amedrentamiento de la población con la presencia en las calles de unos ejércitos que están para otros menesteres, antes de revisar el interior de la institución policial y las particularidades de sus efectivos, con miras a erradicar los excesos que han generado los levantamientos de los últimos días.
Como decían hace algunos años ciertos congresistas, "o nos reformamos o nos reforman", solo que los acontecimientos van derivando en otra dirección: "o se reforma o se disuelve" y, aunque no lo parezca, la alta dirección del Estado y el partido de gobierno son quienes tienen la palabra y deben actuar, antes de que todo se salga de cauce. Todos los muertos nos duelen y lo que resulta realmente cierto es que el enemigo no es el que nos han construido en estos 200 años de vida republicana.
[1] Tal como lo sintetiza la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
