En un comunicado el presidente defendió a la policía y las instituciones, restándole importancia a la gravedad de los hechos del 9 de septiembre (asonada contra los CAI en Bogotá, con motivo de la muerte de Javier Ordóñez, que dejó varios muertos y heridos) y prometiendo serias y exhaustivas investigaciones para castigar a los responsables del crimen. A la par, el ministro de Defensa le echaba la culpa de los desmanes de la población a las redes sociales, dejando de lado la responsabilidad de la policía e ignornado el grado de proporcionalidad de los policias con el uso desmedido de la fuerza contra un ser humano desarmado que no estaba alterando el orden público.
En esta ocasión se repite el uso desproporcionado de la violencia por parte de integrantes de la policía contra personas inermes e indefensas, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de la vida o la generación de lesiones graves a la integridad personal. Lo anterior a tal punto que muchos analistas políticos, comentaristas de prensa, parlamentarios de la oposición y gente del común han vuelto a insistir en la necesidad impostergable de la reforma estructural de la del cuerpo de policía: enfatizando en su carácter civilista, trasladándola del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior, transformándola en un cuerpo civil, haciendo que su principal función sea la de ayudar y proteger a los ciudadanos, consiguiendo que los alcaldes tengan las atribuciones legales reales para ser en la práctica los jefes de la policía en sus territorios municipales y no estén sujetos a las decisiones de los comandantes departamentales de policía o del ministro de la Defensa.
Ahora bien, a la polarización del país debido a la acuerdos de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc en el 2016 se ha venido agregando la agudización de la confrontación armada en sus variadas manifestaciones, incrementándose las masacres en los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, Valle, Santander y Chocó, con un número de muertes que ascienden a más de 1000 desde el año 2016; eso sin olvidar a los más de 200 excombatientes desmovilizados de las Farc a quienes el gobierno Duque-Uribe les ha incumplido con la implementación de lo pactado.
Y eso no es todo, a esta situación hay que agregarle las manifestaciones masivas del pasado año 2019, especialmente la protesta nacional del 21 de noviembre, con sus desarrollos durante el mes de diciembre, que fueron abruptamente interrumpidos por la aparición de la pandemia, obligando al gobierno a declarar el estado de emergencia sanitaria y económica, que llevó al aislamiento preventivo y obligatorio desde el mes de marzo, con el consiguiente crecimiento del desempleo en el 20.2% en el mes de junio, y con 4.15 millones de desempleados en el mes de julio.
Sin embargo, la cosa no se detiene ahí. A estas condiciones también hay que sumarle la polarización política de la derecha del gobierno Duque-Uribe contra el movimiento democrático de la Colombia Humana de Gustavo Petro, a quien ya lo están sindicando de ser el responsable de las asonadas y hechos vandálicos de los jóvenes contra los CAI de la policía en Bogotá, Medellín, Cali y B/quilla, y por estar incitando a la violencia y a la quema de 5 buses de TransMilenio en Bogotá.
Con eso claro, hay que tener en cuenta también el aseguramiento del exsenador y expresidente Uribe Vélez desde el 5 de agosto en su finca del Ubérrimo en el departamento de Córdoba, lo que ha caldeado las pasiones y los ánimos de las huestes uribistas y de sus parlamentarios; además, no se puede obviar toda la polémica jurídica por el traslado del expediente por presunto soborno de testigos y fraude procesal de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación (por competencia una vez que Uribe renunció a su cargo o investidura de senador).
Todos estos elementos de juicio conjugados con la miseria, el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la informalidad de las comunidades desplazadas y excluidas que han quedado desprotegidas por el parte del Estado en estos seis meses de pandemia se han concertado para producir una gran inconformidad social. Estaremos al tanto de la nueva realidad, ya que aún no sabemos en qué y dónde va a parar esta situación.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las denuncias de corrupción en el Congreso de la República con los dineros del Fome (para mitigar las consecuencias de la pandemia, sobre todo a los grupos poblacionales menos favorecidos), la utilización de los decretos expedidos por la dictadura civil del gobierno Duque-Uribe y la indignación producida por el intento de préstamo de 370 millones de dólares para salvar a los dueños de Avianca. En el mismo sentido, las denuncias sobre corrupción en EPM y en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, donde se adelanta la lucha por la recuperación de los 9.9 billones de pesos que están bajo la lupa por la demanda a contratistas, interventores, y diseñadores del proyecto de la megaobra
Ante esta incertidumbre no queda sino una certeza: la unidad. Pase lo que pase, si Colombia Humana, Unión Patriótica, Mais, Congreso de los Pueblos, Movimiento por la Constituyente, Polo Democrático, sectores progresistas del Partido Verde, CUT, CGT, CTC, pensionados, estudiantes, maestros y profesores, campesinos, indígenas y afrodescendientes se unen a un solo programa mínimo de lucha por la vida, la paz y la democracia, tendremos la herramienta para enfrentar lo que se viene pierna arriba.
El movimiento democrático colombiano debe tener en cuenta la gravedad de las asonadas de la juventud el día 9 de septiembre 2020, donde cayeron abatidos por las balas 10 jóvenes trabajadores y estudiantes en Bogotá. No puede ser que pasemos por encima como si nada, sin adecuar la táctica y las consignas para la preparación del paro nacional como respuesta a la barbarie, la corrupción y la violencia. No queda otro camino que la lucha unitaria de masas. Tenemos que cerrar estos cuatro meses que nos quedan del año 2020 con la organización de un potente y poderoso paro nacional.
El Congreso de la UP, celebrado el 27,28 y 29 de agosto del 2020, tiene el deber y la obligación de volver sobre la declaración política para desarrollarla en las distintas regiones de Colombia, organizando el grupo más esclarecido de la izquierda colombiana para que se convierta en el disco dura del bloque histórico en las regiones y departamentos de Colombia, sellando un pacto por el cambio democrático en Colombia.
