Cuando en junio de 1971, el gobierno de Nixon declaró la “guerra contra las drogas”, a pesar de millones de toneladas de bombas, balas y napalm descargadas por aviones y helicópteros, las fuerzas armadas de su país estaban cada vez más empantanadas en selvas y arrozales de Vietnam, Laos y Camboya, donde también se producía heroína y marihuana; que fuera de ganar cada vez más adictos en metrópolis norteamericanas, junto a los barbitúricos, tenían enviciados a muchos soldados afectados por la crudeza de la violencia.
Desde mediados de los 60 —con el avance de la contracultura, el hipismo, la lucha de la población negra contra el racismo y por los derechos civiles, más la creciente oposición de universitarios e intelectuales participando en multitudinarias marchas contra la intervención militar en Indochina— la política interna de los Estados Unidos era inestable y la creciente negativa de la juventud para enlistarse en el ejército llegó a su tope —cuando el campeón mundial de pesos pesados, Muhammad Ali, prefirió pagar cárcel “que ir a pelear contra unos amarillos que no le habían hecho nada”, mientras en su país los blancos y policías discriminaban, apaleaban, detenían y humillaban a negros como él—.
En ese agitado panorama interno y externo, algunos asesores recomendaron al presidente Nixon emprender la guerra contra las drogas como excusa legal para reprimir y judicializar a la juventud negra, hippie, universitaria e intelectuales y artistas que consumían drogas y se oponían a la guerra y políticas ultraconservadoras de los halcones republicanos dominando el Pentágono.
Adoptada la guerra contra las drogas como política oficial, tal como en los años 20 prohibieron el consumo de alcohol, el precio y tráfico clandestino de sustancias prohibidas se multiplicó y poco a poco del 22% de condenados en las cárceles norteamericanas por tráfico y uso de drogas la mayoría eran negros, mexicanos y después colombianos y de otros países latinoamericanos involucrados con la marihuana, heroína y cocaína, que se puso de moda.
Desde entonces el gobierno norteamericano y países latinoamericanos bajo su influencia adoptaron la política de tratar las drogas como asunto policivo y judicial y no como problema de salud, con resultados adversos registrados en nuestro país, al incrementarse cultivos y laboratorios de coca, que después de enriquecer a pioneras mafias locales, sirvieron para financiar guerrillas, paramilitares y numerosos carteles que combinan: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión, secuestro, entre otros delitos; mientras los millones que mueven en la clandestinidad, en ambiente de violencia desmadrada, también sirven para corromper a políticos, funcionarios públicos, miembros de fuerzas armadas, y para aceitar la economía ‘legal’ que mueven algunos comerciantes, constructores, narco-hacendados, industriales y banqueros.
En Holanda y otros países europeos enfocaron la adicción a drogas más como un problema de salud que judicial; y de respeto a las costumbres o decisión de los individuos acerca del consumo regulado de ciertas sustancias. En esta tónica abrieron las ventas y los sitios de consumo restringidos a fumadores de marihuana y poco a poco esta tendencia se extendió hasta Canadá y los Estados Unidos, donde en numerosos Estados legalizaron cultivo y procesamiento con fines industriales, farmacéuticos y recreativos, que tardíamente adoptamos en Colombia.
Con la coca que no puede cultivarse en Norteamérica, continúa la prohibición a rajatabla y sirviendo de pretexto para intervenir militarmente y descabezar de líderes a comunidades de indígenas, comunidades negras y de colonos que ocupan territorios apetecidos por diversos grupos armados, multinacionales petroleras, mineras, narco-hacendados- ganaderos, cultivadores de palma africana, caña de azúcar y constructores de hidroeléctricas, entre otros; mientras fabricantes de glifosato y contratistas extranjeros, esperan que se reanude la inútil fumigación aérea que ha llenado sus arcas, resultando criminal, que en presupuesto del 2021, el gobierno nacional solo destine al sector agropecuario: 1.2 billones de pesos; mientras para salvar Avianca, le prestan 1.4 billones; y lo que desde 2001 se ha gastado en persecución y fumigación de cocales asciende a 88 billones, según denunció el senador Iván Marulanda, al presentar junto con el senador indígena Feliciano Valencia, un proyecto de ley para legalizar el cultivo de coca y su producción y transformación regulada.
