El gobierno nacional quiere el regreso inmediato de los niños y jóvenes a los colegios y universidades, forma parte de su estrategia de crear la ilusión de que estamos en una “nueva realidad”. Pero en este empeño mueve las manos, pero no los pies. Prefiere dilatar una decisión definitiva: aceptar que en este año no habrá regreso a las aulas y que el año escolar se terminará por métodos virtuales.
El regreso a clases presenciales en colegios y universidades es un campo de disputa de intereses y derechos, especialmente de los intereses de los adultos en detrimento de los niños y jóvenes. En la resolución de este grave y complejo problema social están involucrados un poco más de 9 millones de niño y jóvenes del sector público (80,4 % del total) y privado (19,6 %) y cerca de 2,3 millones de jóvenes universitarios.
El interés del gobierno de restablecer la normalidad en todos los órdenes, incluido el educativo, choca con la preocupación legítima de los padres de familia por la integridad y la vida de sus hijos. Un derecho inalienable. Según una encuesta realizada recientemente por la Secretaría de Educación de Bogotá, el 80 % de los padres de familia no estaban dispuestos a enviar a sus hijos a colegio. De igual manera, la apertura de los colegios públicos choca con los intereses y demandas laborales de los educadores organizados en Fecode, la cual mantiene una confrontación política y laboral desde antes de la pandemia con el gobierno Duque. Se niegan al retorno a clase y exigen el cumplimiento cabal de las garantías de salubridad y distanciamiento en los colegios públicos. Los temores de los padres de familia y los reclamos de los educadores no son infundados.
De no poca monta son las diferencias y desencuentros entre el gobierno nacional y las secretarías de educación departamentales y municipales, quienes son en ultimas las que deben tomar la decisión, garantizar las condiciones de distanciamiento y salubridad y, por supuesto, correr con la responsabilidad de su acciones y decisiones.
A los alcaldes no les bastan los protocolos y las directivas escritas que envía el Ministerio de Educación para instar al regreso a los colegios. Requieren también de recursos económicos con los cuales garantizar como mínimo el suministro de jabón, agua y toallas de papel, gel antibacterial, la provisión de mascarillas para alumnos y docentes, dispositivos para el control de las temperatura, señalamiento y demarcación, adecuaciones básicas en los colegios. En el país existen, según el Dane, 53.202 sedes educativas, de las cuales 43.706 corresponden al sector público y 9.496 al sector privado
Medidas básicas que están enunciadas, previstas, recomendadas, pero no realizadas. Faltan los recursos económicos y el tiempo necesario para ejecutar y contratar la adecuación de los colegios. Con la honrosa excepción de Bogotá y Medellín, que destinan una parte importante de sus recursos propios a la educación, en el resto del país los municipios y departamentos dependen totalmente de los recursos que les entregue la nación para atender sus necesidades educativas.
El regreso a las aulas refleja las profundas brechas de todo orden entre el sector público (donde se educan el 80,4 % del total de niños y jóvenes) y el sector privado de la educación (19,6 % de la matricula). Mientras el sector público tiene toda suerte de carencias y limitaciones, acrecentadas por las condiciones de pandemia, el sector privado dispone de los recursos para cumplir con los protocolos que exige el gobierno. Está dispuesto, está interesado y tiene con qué. La presión el sector privado es explicable: su estabilidad y rentabilidad económica, legítima por demás, está en riesgo. Puede asumir los costos del regreso a clase y garantizar una alta dosis de seguridad para sus alumnos, falta ver si los padres de familia los respaldan enviando a sus hijos.
_______________________________________________________________________________
El sector privado puede asumir los costos del regreso a clase y garantizar una alta dosis de seguridad para sus alumnos
________________________________________________________________________________
Sin duda el mayor interés que está en juego en el tire y afloje en que se ha convertido el regresa clases presenciales, son los derechos de los niños, las niñas y lo jóvenes. Ellos son las grandes víctimas la pandemia. Sometidos a un aislamiento demasiado prolongado para su condición, que afecta su desarrollo e integridad emocional. No solo han soportado los traumatismos de la educación virtual desde la casa. El encierro también los ha privado de su bien más preciado: sus compañeros de colegios, su “parche”. Lo que más desean no es volver a las clases, sino reencontrarse con los amigos, volver a sentir y vivir la compinchería propia del colegio, ese deseado lugar fuente de valiosos aprendizajes y experiencias personales. Un anhelo compartido por padres, educadores y la sociedad, pero ni el Estado ni la sociedad están en condiciones de garantizar la integridad de todos ellos y sus familias.
El daño causado por la pandemia en la formación de los niños y jóvenes está por establecerse en toda su dimensión. El sistema educativo y los procesos de formación de cada niño o joven requerirán de algunos años para recuperar lo perdido. El gran desafío para los colegios y para los docentes será encontrar las innovaciones pedagógicas y los cambios curriculares que habrá que hacer para recuperar académicamente a los niños y jóvenes, al igual que aprovechar las valiosas experiencias que deja el confinamiento educativo. La educación obligadamente será distinta después de esta dura experiencia.
A tres meses de culminar el año escolar es obligado salir de la incertidumbre del regreso o no a las aulas. Una decisión aplazada que está desgastando a padres familias, niños y jóvenes, docentes, rectores, secretarías de educación y al propio gobierno nacional.
Un camino para lograrlo es que el Ministerio de Educación se decida a decretar que en lo que resta de año no habrá regreso a clases en los colegios públicos de todo el país y que, por lo tanto, el año escolar debe terminarse mediante la utilización de las estrategias virtuales de aprendizaje desde la casa que se han utilizado hasta el momento.
Los colegios privados que cumplan con los protocolos que garanticen la vida e integridad de los niños, podrán regresar a las aulas con el consentimiento expreso e informado de los padres de familia.
Al decretar el no regreso a clases en los colegios públicos en lo que resta del año, el gobierno nacional y las autoridades educativas ganarían tiempo para preparar de la mejor manera el regreso en el 2021, lo cual implica acometer de inmediato las medidas de sanidad y distanciamiento en todos los colegios públicos, realizar las adecuaciones locativas necesarias y básicas, garantizar los recursos económicos y los insumos necesarios. De especial importancia es que se continúen los esfuerzos hasta ahora realizados por mejorar la conectividad, el suministro de tables y computadores, mejorar la calidad de los contenidos virtuales que se están utilizando a nivel nacional y regional.
Un articulo de nuestra constitución, muy olvidado como tantos otros, señala: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
