Luego de la entrada en vigencia del aislamiento selectivo, decretado por el gobierno desde el pasado 1 de septiembre, comienzan a despegar la mayoría de los sectores productivos. Sin embargo, hay una materia pendiente y es el sector educativo.
Los gobiernos locales ya han comenzado a desarrollar diversos protocolos para por fin comenzar con el modelo de alternancia educativa propuesto desde el pasado mes de mayo por el Ministerio de Educación. Diversos actores del sector han opinado a favor y en contra de este modelo, igual lo único cierto es que tarde o temprano se debe volver a la presencialidad.
Actualmente, las opiniones están más divididas que hace unas semanas:
- En su mayoría, los padres de familia no están de acuerdo con el retorno gradual, aunque ya se siente menos respaldo a esta idea, sobre todo porque algunos están cansados de tener a sus hijos en la casa e imploran poder dejarlos de nuevo a cargo de los maestros.
- Los docentes también apoyan la idea de no volver en este momento, ya que no existen las condiciones de bioseguridad mínimas, pero también una pequeña parte comienza a estar de acuerdo con regresar más pronto que tarde, ya que adicionalmente al agotamiento propio de la educación a distancia, les implicaría un doble trabajo enseñar presencialmente y luego en su casa con aquellos estudiantes que no pretenden volver aún a las instituciones.
- En cuanto a los demás actores del sector, los directivos docentes, asociaciones educativas e incluso algunos legisladores solicitaron el retorno a clases ya, de forma gradual y segura. Se justifican en el grave daño a la salud mental y de comportamiento de los educandos.
Por tanto, tomando como base todo lo anterior, parece ser que el sector educativo va a tardar en volver a la presencialidad. ¿Las razones? Desde agosto se supone que se han venido haciendo pilotos en instituciones públicas y privadas, pero nadie habla del tema ni de los resultados obtenidos a la fecha. Los sindicatos se movilizan, entre otras cosas, por la falta de presupuesto para dotar a las instituciones públicas con elementos de bioseguridad, pero la opinión pública normalmente no apoya al magisterio debido al imaginario colectivo de que nunca hacen nada y solo marchan porque no quieren trabajar. Los padres de familia tienen la decisión en sus manos, pero eso depende de los contextos propios de cada hogar. El gobierno no puede obligar a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas ni a los docentes a trabajar sin dotarlos de los mínimos requeridos para cuidar su salud y las de sus familias. En fin: un círculo vicioso sin solución a corto plazo.
