El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió un fallo en contra de la investidura de Alex Flórez, por incurrir en abierta violación al régimen de inhabilidades mientras adelantó campaña electoral para alcanzar un escaño en el concejo de la ciudad. Flórez, quien llegó con 7.109 votos, tenía una doble condición: mientras desde enero de 2019 fungía como contratista del Tecnológico de Antioquia, entre agosto y octubre se caminó las calles de la ciudad montado en un discurso antipartido, contra la corrupción y en defensa de la educación pública. Solo renunció a su contrato con el Tecnológico el 25 de octubre, es decir, ¡a dos días de celebrarse las elecciones! ¿Por qué? Según el concejal, a quien entrevisté el pasado 9 de marzo para Las2orillas, al estar seguro que alcanzaría el escaño, liquidó el contrato antes de las elecciones porque no estaría bien visto que un “concejal electo fuera a su vez contratista”; sin embargo, no resultaba problemático que un candidato al concejo sí fuera contratista. Vaya lógica.
El contrato que tiene al mediático concejal a un paso de la muerte política se relaciona con servicios de asesoría (que adelantó sin haberse titulado como abogado) prestados a la Secretaría General del Tecnológico de Antioquia. A pesar de que en el objeto del contrato se específica literalmente que su jurisdicción es la ciudad de Medellín, Flórez argumenta que sus labores se desempeñaron en Bogotá como intermediario de los intereses del Tecnológico (institución de carácter departamental) ante el Ministerio de Educación. No queda claro en qué momento de los tres meses en los cuales se caminó varias veces la ciudad, mientras adelantaba una campaña austera y “con las uñas”, acudió a Bogotá para cumplir con el contrato o de qué forma respondió por sus deberes. Lo cierto es que cada mes recibió cerca de dos millones de pesos del Tecnológico, lo que le daba la tranquilidad suficiente para hacer campaña todo el día en la calle sin tener que preocuparse por pagar las cuentas.
En la entrevista que le realicé el 9 de marzo, donde conversamos sobre su proceso en el tribunal y su desempeño en el concejo, afirmó que la demanda se trataba de una persecución política. Poco importa que el mismo contrato especifique que el objeto contractual sería desarrollado en la ciudad de Medellín; que los dos millones (un monto ínfimo según sus propias palabras) sí le dieran cierta ventaja cualitativa sobre muchos candidatos, ya que lo eximían de asumir un trabajo ordinario o que no me respondiera con claridad sobre cómo cumplió con sus funciones en los meses de campaña. La realidad es que Flórez liquidó el contrato (que inicialmente iba hasta noviembre del 2019) a dos días de celebrarse las elecciones para no levantar suspicacias o exponerse a ser señalado como un concejal contratista. Vaya cinismo. Con la decisión del tribunal pierde un primer round, pero aún le queda otra oportunidad en el Consejo de Estado, que a mi juicio debería ratificar esa decisión y decretarle la muerte política.
