No sucedió la hecatombe que los fanáticos seguidores del patrón anunciaron; no hubo levantamientos populares, no se repitió el Bogotazo, ni las ciudades se desbordaron de seguidores indignados. A lo sumo, unas camionetas de alta gama y unos pocos seguidores desesperados ante la poca asistencia de convocados fueron todo lo que se dio. El uribismo solo mantiene sus adeptos por el miedo y por la mermelada.
Al final, los narcos que se benefician de esta estructura delincuencial no son dados a salir a marchar, ellos son de armas tomar, por eso no hubo grandes multitudes, pero, eso sí, se desbordaron las masacres. Desde que la Corte Suprema de Justicia determinó recluir en su hacienda al jefe máximo, más de 30 “asesinatos colectivos”, como los llama el presidente y su entorno cercano, demuestran que Álvaro Uribe tiene una relación con la volencia. Además, que no haya un solo detenido por todas estas muertes es muestra de la complicidad de los aparatos gubernamentales con estos crímenes.
El país está perdiendo el miedo. Una inmensa mayoría de ciudadanos respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Colombia sabe de la complicidad y participación de Álvaro Uribe en los actos de violencia que han marcado la historia colombiana en los últimos 20 años; en realidad, hay suficiente documentación que da fe de su papel, tanto por acción como por omisión, en todos estos actos violentos.
Ya no importa lo que pase de aquí en adelante con el proceso, seguro en la Fiscalía recobrará la libertad y el expediente dormirá por otros 20 años el sueño de los justos en los anaqueles de esta entidad, el país comprobará que este es un fiscal de bolsillo y el prestigio de esta institución se enterrará aún más, si es que eso es posible.
Por eso lo importante es que se demostró lo siguiente: primero, que el tipo no es un intocable, que la ley está por encima de él y que hay jueces y magistrados capaces de enfrentarlo; segundo, que le tocó salir del Senado por la puerta de atrás, como un vulgar delincuente, y que su presencia allí no tiene ninguna importancia, ya que todo siguió su curso normalmente; tercero, que no es cierto que la mayoría de colombianos sean uribistas, un pequeño grupo de fanáticos se manifestaron en contra de la corte, pero no hubo grandes movilizaciones porque a la gente la suerte de Uribe la tiene sin cuidado; cuarto, que su poder se basa en el terror que infunden los grupos paramilitares y en la corrupción de los partidos políticos; y, quinto, que su influencia es posible por la división de los sectores alternativos.
El país, en este corto período, se ha enterado de que este es un narcogobierno. Nunca antes un gobierno colombiano había estado tan claramente vinculado a las mafias del narcotráfico; los escándalos permanentes de miembros del gobierno, aliados, socios y cómplices con reconocidos miembros del narcotráfico son el pan de cada día y solo la existencia de unos medios de comunicación serviles y enmermelados permite que no pase nada y que este gobierno esté al servicio de empresas delincuenciales.
Esa condición hace de este un gobierno débil, sometido e incapaz, por eso es el único en Latinoamérica que apoya al candidato gringo para dirigir el BID, en una clara traición a un acuerdo que se había respetado hasta ahora de que el director del banco fuera un latinoamericano; pero es que este es un gobierno totalmente sometido a los intereses de Trump. De hecho, ahora le apuesta a su reelección, porque sabe que si el actual inquilino de la Casa Blanca pierde, la situación se le va a complicar.
Además, la actitud del gobierno colombiano contra Venezuela no es resultado de un convencimiento ideológico, es simplemente un trabajo. Está cumpliendo las ordenes del gobierno de Trump, porque, de lo contrario, verá las consecuencias. De verdad, este es un gobierno sin ninguna autoridad, absolutamente desprestigiado e incapaz de resolver los más mínimos problemas del pueblo colombiano. Y no es culpa de la pandemia, el desempleo, la inseguridad, la violencia y el subdesarrollo venían desde antes del COVID-19, solo que ahora la falta de gobierno simplemente se ha mostrado en toda su magnitud.
Por otro lado, el sueño de Pablo Escobar fue controlar el gobierno, para eso se metió a la política. Llegó al Congreso con la intención de tener un país al servicio del narcotráfico. Eran otras épocas, había una clase política tradicional que no estaba dispuesta a dejarse desplazar del control del Estado y los narcos, dirigidos por Escobar, trataron de someter al Estado a sangre y fuego. Derrotado este sector del narcotráfico, sus herederos comprendieron que debían cambiar su accionar, y ahora tenemos a unos narcotraficantes que se pusieron al servicio del gobierno norteamericano y que han llegado a controlar el gobierno.
Hoy, en todos los sectores del gobierno, hay hermanos, esposas, hijos, familiares de reconocidos narcotraficantes o paramilitares ocupando importantes cargos públicos y los que no son políticos profundamente corrompidos, vinculados como socios de empresas o negocios con paramilitares y narcos. Los escándalos permanentes de estos vínculos ya no asombran a nadie y solo la existencia de unos medios de comunicación al servicio de estos oscuros intereses y de un gobierno norteamericano que conoce de estos vínculos y los utiliza a su favor hace posible que este gobierno permanezca y que no pase nada.
Es una alianza entre políticos con nexos dudosos y corruptos, la elección de la doctora Cabello para la Procuraduría. así lo demuestra. Una aplastante mayoría que parece haber vendido su consciencia a cambio de mermelada. Con un gobierno inmerso en escándalos de corrupción alrededor de los dineros destinados a sortear la emergencia sanitaria, un desempleo por la nubes y una desesperante situación económica para millones de colombianos, los senadores eligen a una persona del gobierno para ocupar el puesto de quien debe cumplir las funciones de control: es decir, no hay nada que hacer, la corrupción está ganando esta batalla.
Pero, al mismo tiempo, el pueblo comienza a perder el miedo. Cuando llegó la pandemia, las movilizaciones populares tenían sitiado al gobierno, la gente se movilizaba y exigía soluciones, el sector popular se organizaba y surgían por todas partes organizaciones populares de todo tipo; hay que retomar la movilización popular, desde abajo, desde el pueblo, y exigir a los dirigentes posturas consecuentes y un compromiso claro contra la corrupción.
El poder de Uribe no solo está cimentado en la corrupción y el miedo, es posible también por la división del movimiento popular, la falta de propuestas unitarias de parte del pueblo que sufre la arremetida gubernamental y que facilita el accionar corrupto del gobierno. De nosotros depende que podamos enfrentar unidos esta empresa delincuencial que hoy controla el Estado. Hay elementos infiltrados en el movimiento popular para generar su división, ya comienzan a actuar, pero somos nosotros (las bases, los ciudadanos del común y los que sufrimos las consecuencias de esta agresión neoliberal) los que debemos organizarnos y exigirles a nuestros dirigentes acciones concretas que garanticen una propuesta unitaria que le ponga fin a esta oscura noche que vive nuestro país.
