La ayuda económica fue aprobada hoy por parte del Comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
El gobierno colombiano informó que participará en la reestructuración de Avianca con el fin de preservar el servicio aéreo de los colombianos, la conectividad aérea y la actividad económica general.
El préstamo por US$ 370 millones se da dentro del proceso que sigue la empresa bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos. Esta operación deberá ser evaluada y autorizada por el juez que se encuentra a cargo del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
“Los beneficios para Colombia y su economía al permitir que Avianca avance en su reestructuración y mantenga su operación en el país son significativos. La afectación a la operación de Avianca tendría repercusiones negativas en la calidad del servicio aéreo, en la economía y en la competitividad del país”, destacó el Ministerio de Hacienda.
Avianca es la aerolínea más grande de Colombia, con una participación del 45,5 % del total de los pasajeros transportados en 2019, sirviendo a más de 75 destinos. En el transporte de carga, Avianca cuenta con el 31,6 % de la participación del mercado.
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Así mismo, Avianca contribuye con aproximadamente 500 mil empleos directos e indirectos y su operación representa aproximadamente $14,6 billones al año para la economía colombiana (aproximadamente 1,4 % del PIB).
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la decisión se da luego de un proceso de análisis y estudio de alternativas frente a la participación del Gobierno que inició en marzo de este año, cuando la compañía tuvo un primer acercamiento para buscar financiamiento.
“En este proceso de decisión se tuvo en consideración los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los servicios provistos por Avianca en términos de actividad económica, la capacidad de transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos, tanto de la Nación como de las Entidades Territoriales”, explicó la cartera de Gobierno.
La decisión del Comité consiste en autorizar la participación del Gobierno nacional en el financiamiento a través de un crédito hasta por US$370 millones con vencimiento en noviembre de 2021. La transacción se daría bajo la figura de Deudor en Posesión (debtor in possession) prevista bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos.
