De acuerdo a los resultados de la última encuesta realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, los colombianos se encuentran más preocupados por el desempleo que por el COVID-19.
Según la encuesta, el 34,6% de los colombianos afirmaron que el desempleo es lo que más les preocupa en estos momentos, mientras que el COVID-19 solo le preocupa a un 13,6% de los encuestados. Los preocupados por el COVID-19 no alcanzan a ser ni la mitad de los colombianos preocupados por el desempleo.
Los resultados de esta encuesta se traducen en la necesidad que tienen los ciudadanos colombianos de salir a la calle para asegurar su sustento diario, sin importarles desconocer la cuarentena y contagiarse con el virus. Esta realidad se percibe fácilmente día a día desde hace muchos meses en todas las ciudades del país, pero fue estigmatizada por el discurso de la “indisciplina social” que promovió el gobierno nacional y reprodujeron algunos gobiernos locales para desconocer la evidente necesidad de la ciudadanía y desmarcarse de la responsabilidad que tienen por las altas cifras de contagio y muertes en el país.
Según informe del Dane, el desempleo en Colombia superó la barrera de los dos dígitos, ubicándose en una cifra histórica de 21,4% en el mes mayo del presente año. La misma entidad, reveló que el pasado mes de junio el desempleo de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país fue de 24,9% cuando un año atrás era de 10,7%. Por su parte, la población ocupada bajó en 4,2 millones al pasar de 22,6 millones en junio de 2019 a 18,3 millones en el mismo mes del presente año.
Cuando se hace referencia al Estado colombiano como un Estado social de derecho, no se trata de otorgarle un toque distinguido y filantrópico a la forma tradicional como se entiende el Estado. Por el contrario, se hace referencia al compromiso que se asume con la aplicación de los derechos humanos de segunda generación o derechos económicos y sociales, a partir de la puesta en marcha de políticas de responsabilidad social. El término “social” no debe ser entendido como simple retórica, sino que es la respuesta de décadas de transformación institucional para superar la fragmentación producto de los escenarios endémicos de pobreza y desigualdad de nuestro país.
Sin duda, es difícil pensar que verdaderamente exista o se asuma en la práctica el Estado social de derecho, mientras casi la cuarta parte de la población colombiana se encuentra sin la posibilidad de generar ingresos. El derecho al trabajo es la columna vertebral de una democracia y un Estado social, sin su garantía el contrato social que nos regula queda reducido a simples letras escritas en papel.
Es imposible simplemente achacarle a la pandemia la perdida de millones de puestos de trabajo y la quiebra de cientos de pequeñas y medianas empresas. Colombia lidera en cifras de desempleo la lista de países de la OCDE, muestra de ello es que mientras la tasa promedio de desempleo de este “club de las buenas prácticas” no supera el 8%, Colombia presenta una tasa de desempleo superior al 20% y con perspectiva de empeorar si existiesen rebrotes de coronavirus en el país, luego, entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas que acreditan a Colombia para pertenecer a este afamado club?
El gobierno del presidente Iván Duque a través de su decreto 444 tomó la decisión unilateral de usar el dinero del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías para invertirlo en la emergencia bajo el argumento de que no se podía permitir la quiebra de los bancos y de las empresas, las cuales son una fuente de ingresos para muchos colombianos, afirmando adicionalmente, que si los bancos y las empresas quebraban no habría manera de que el Estado pudiera soportar económicamente a toda la población que tenga que estar confinada en sus casas a la espera de la ayuda del gobierno.
Pues bien, lo cierto es que los bancos no han quebrado, pero sí cientos de pequeñas y medianas empresas a las que la escasa creatividad del gobierno los puso entre la espada y la pared, al tener que decidir entre un crédito que resultó inaccesible para muchas empresas o la quiebra, lo cual generó como ya se evidencia la perdida de millones de empleos.
El gobierno de Iván Duque ha venido afirmando que se han destinado cerca de 117 billones de pesos para atender la emergencia del COVID-19, pronosticando que este enorme esfuerzo tendrá sin ninguna duda consecuencias graves en el marco fiscal de mediano plazo del país, y por consiguiente, se tendrán que realizar por parte de la población colombiana grandes esfuerzos en materia tributaria para superar el ya pronosticado déficit. Sin embargo, entidades académicas como el Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, han advertido que el gobierno nacional miente en sus pronósticos fiscales y además, oculta información que permita identificar con claridad los rubros en los que se han gastado los cerca de 117 billones de pesos anunciados, declarando además que al parecer el gobierno se encuentra realizando una contabilidad creativa en sus cuentas, sumando peras con manzanas.
En este sentido, hay que afirmar con suficiente convicción de que gran parte de la responsabilidad del escenario trágico de desempleo en Colombia es del gobierno de Iván Duque, el cual ante una crisis sin precedentes ha sido incapaz de salirse del libreto económico, convirtiendo a Colombia en uno de los países más vulnerables del mundo de cara a afrontar escenarios de pobreza extrema como consecuencia de la inactividad económica.
En conclusión, no se puede hablar de un Estado social de derecho mientras los ciudadanos colombianos deban exponerse a la muerte (sin ni siquiera importarles) para poder garantizar su sustento diario.
