El fantasma del “castrochavismo” recreado e ideologizado para favorecer la extrema derecha colombiana parece estar cada vez más arraigado a los ideales políticos que acompaña el uribismo. En las últimas horas ha salido a relucir un sinfín de propuestas políticas por parte del Centro Democrático en defensa de su líder y, por supuesto, en favorecimiento de los procesos judiciales que los acompañan.
Con la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe y el revuelo mediático que este ha generado, realizar una constituyente o una reforma a la justicia parece el único camino para evitar que la justicia, en el marco de sus funciones legales y constitucionales, siga investigando a este grupo político. Para ello, la estrategia es tan rastrera como sencilla.
Primero, hay que mediatizar las decisiones judiciales y hacer creer que las decisiones tomadas por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se determinan a partir de un sesgo político.
Seguidamente, se debe victimizar al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, haciéndolo pasar por mártir de un complot internacional que se orquesta desde las tenebrosas entrañas del “castrochavismo” chino, cubano y venezolano. Para esto, no hace falta nada, simplemente apoyo de los medios de comunicación y clavar en la retina del ciudadano común un sencillo mensaje, "salvemos al mesías, salvemos la patria". En esa instancia, el revuelo es de tal magnitud que los medios tradicionales no paran de titular la noticia como una victoria para la izquierda del país, desconociendo las medidas tomadas en derecho y los casi 1700 folios de un proceso judicial examinado con extremo cuidado.
La gente del común, por supuesto, desconociendo la naturalidad de la medida de aseguramiento y en respuesta a sus instintos más viscerales sirve de conejillo de indias; "idiotas útiles" dirían algunos pues, sin saber las consecuencias del país y algunos mínimamente interesados en política, siguen fanáticamente, casi que, de manera religiosa, a todo aquel que promulgue defender al exmandatario. De inmediato, esquizofrénicamente el partido de gobierno asecha la oportunidad para exigir una constituyente que de piso a la reforma que, por años, han intentado realizar a la justicia.
Casi parafraseando las palabras de Hugo Chávez, expresidente venezolano, la hoy senadora Paloma Valencia saltó al ruedo indicando que “queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y que estas ideas que le ha presentado este partido en el pasado se conviertan en realidad, una sola corte, que le permita unificación al sistema y anule la selectividad y la trampa”. Cabe recordar que la experiencia del país vecino con la asamblea nacional constituyente y su denominado tribunal supremo fue escabrosa, cientos de jueces destituidos, un dictador protegido judicialmente y el poder judicial convertido en escolta del ejecutivo.
Pero ahí no paran las retaliaciones, expresadas a manera de propuestas, del partido de gobernó pues, según la senadora, “Colombia no puede seguir aceptando una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada para beneficiar al terrorismo y garantizarles impunidad”. Dichas propuestas que parecen sacadas de un libro macabro de odio y venganza, no solo amenazan con la independencia de poderes que sostiene al estado social de derecho sino, también, trae consigo el recuerdo nefasto del país vecino.
Ante dichas presiones que se le quieren imponer a la CSJ en el caso del expresidente Uribe, las reacciones no se hicieron esperar. Casi que de inmediato, la bancada de oposición rechazo la propuesta de una asamblea nacional constituyente al considerarla, no como una propuesta racional que favorece y fortalece al país, sino, por el contrario, como una profunda retaliación contra el organismo que dictó la medida de aseguramiento de la cabeza del partido de gobierno. Sin duda, la noticia ha generado gran impacto en la opinión pública, y no es para menos, pues de realizarse una constituyente se puede lacerar profundamente la columna vertebral de la constitución del 1991 convirtiéndola, entonces, en el amaño de un grupo político que pretende blindarse ante las múltiples investigaciones.
Bajo ese panorama, y a dos años de las elecciones presidenciales, vuelve y revuela en la mente de los colombianos el fantasma del “castrochavismo” que ahora parece haber cambiado de bando. Si bien, durante mucho tiempo, el Centro Democrático estuvo alimentando el imaginario del socialismo en Colombia para generar pánico contra la izquierda política, en la actualidad, sus propuestas de partido parecen encaminarlos finamente hacia una dictadura igual o peor a la venezolana.
Reformar la justicia porque un líder político es investigado y pueda ser eventualmente condenada representa un error graso que las generaciones venideras podrían pagar. No es cierto, de ninguna manera, que las decisiones judiciales tomadas en derecho se encuentren permeadas por lo que el centro democrático denomina “un complot internacional contra Álvaro Uribe”; no existe fundamento alguno que invite a pensar que reformando la justicia y unificando las cortes se elimine la impunidad que tanto cuestionan. De la misma manera, es igualmente falsa la presunción de una justicia politizada, pues esto, a la luz de los últimos acontecimientos, no representa más que las pataletas de un partido político incapaz de respetar la justicia colombiana y el estado social de derecho.
Sin duda ese fantasma con el cual estigmatizaron a la izquierda política denominado “castrochavismo” es más uribista que nunca, pues no han existido jamás, en la historia reciente del país, propuestas más similares a las de la Venezuela chavista que las encarnadas hoy por el Centro Democrático; que no solo dan la estocada final a la separación de poderes sino, también, representan un atentado directo contra la democracia en Colombia. Por esto y más el país necesita centrar sus esfuerzos en la protección de las cortes que cimentan la justicia nacional, al tiempo que se recrea el debate nacional sobre las consecuencias irreversibles que una constituyente podría traer para la nación.
