La Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia defiende su decisión de dictar medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, en el proceso que se le sigue en esa corporación al senador Álvaro Uribe por “presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, en hechos que están relatados en su Comunicado 15/20. Después de que se archivó el proceso en favor del senador Iván Cepeda, denunciado por Uribe, y de que contra este se compulsaran copias, a juicio de la corte la libertad del investigado pone en peligro el curso normal del proceso por las conductas que algunos allegados a él han desarrollado, al parecer con su aprobación. Si sigue el proceso en libertad, Álvaro Uribe puede obstruirlo, resume la CSJ.
Es lo menos que hubiera podido decidir la Sala Especial de Instrucción Penal. Al observador desde lejos de los intríngulis que comportan los procesos judiciales penales, más este por la “importancia” del sindicado, le asalta la inquietud de si el ponente y los colegas que lo acompañaron en tomar la medida solo tuvieron en cuenta el proceder del senador en el caso concreto, o si también valoraron sus antecedentes en esos y otros asuntos de la vida nacional. Por ejemplo, su saboteo al proceso de negociación del gobierno de JMS con las Farc, consistente no solo en la persistente campaña deslegitimadora del mismo, con su cantinela de que se entregaría el país a esa guerrilla, sino en las provocadoras publicaciones en las redes sociales y los medios amplificadores a su servicio de los movimientos de cada uno de los negociadores de las Farc desde el territorio nacional a Cuba.
Ningún miembro del Ejecutivo santista, de los partidos de la coalición de gobierno, de los medios corporativos, de los gremios empresariales, de las jerarquías eclesiásticas emitió voz de censura ni objetó su comportamiento. La condición de expresidente, que en Colombia había sido elevada por algunos de ellos, Lleras Restrepo y López Michelsen, a la de “unos muebles viejos”, con AUV cambió. Los dos expresidentes decidieron colgar su indumentaria beligerante partidista, aunque con esporádicas apariciones, después de ver frustradas sus aspiraciones reeleccionistas, para dedicarse a la labor intelectual con la que mantuvieron cierto reconocimiento nacional. El uno desde Nueva Frontera, y el otro desde la columna periodística “poniendo a pensar al país”, según lo canonizó la lagartería santafereña.
Uribe Vélez no podía darse esos lujos. Primero, porque el ejercicio intelectual no es su fuerte. No se le conocen obras escritas sobre la historia política y social de la nación colombiana, lo de “inteligencia superior” no es más que una demostración de autobombo de un individuo como José Obdulio Gaviria, que para el tiempo en que soltó esa frase fungía como asesor de Uribe. Lo de estadista también transcurre por el mismo camino y pertenece al pasado remoto. Lo del senador está relacionado más con su supervivencia personal que él ató a su vigencia política. El temporal que le tocó sortear, una vez dejó la presidencia, lo reafirmó en esa pretensión. Su fuerte es el ataque personal y aleve hacia sus contrincantes y en esto no se mide. Le dio resultados exitosos en abundancia en sus dos períodos presidenciales, en la primera campaña de JMS, aunque en esa evidenció un declive electoral, magro en la segunda vuelta de 2014, cuando perdió con Zuluaga, y aunque ganó en el plebiscito de 2016 y la presidencia con Duque, ya el flujo electoral había disminuido de modo sustancial.
Pero el gringo ahí. Su gamberrismo que tantas victorias le hizo cosechar lo perdió en la pelea con el senador Cepeda. La medida de aseguramiento que tiene a su debe, es la cuota inicial de la “bola de nieve” que se ve venir contra Uribe Vélez. Es, sin duda, el valor que la decisión de la Sala Especial de Instrucción Penal tiene. Se ha puesto la primera piedra del edificio de medidas parecidas que habrán de tomar los jueces en las múltiples denuncias penales instauradas contra Uribe por masacres, paramilitarismo, falsos positivos, chuzadas del DAS. Las condolencias de figuras del mundo empresarial tienen cierta dosis de camaleonismo. A los de Fenaldex, que no vivieron los gozosos entre 2002 y 2010, la medida aseguradora les pareció normal y exhortaron a que se le permita a AUV defenderse con garantías, pero que también se respeten los fallos judiciales y las instituciones; y así se encuentran otras diversas, pero no pletóricas de gasolina.
Las reacciones primitivas del uribismo ante los hechos recientes no muestran algo distinto a la creencia errada de que su jefe era invulnerable e intocable. La imagen del país en el exterior, que emana de su gobierno, para los que viven de eso, lo muestra como un territorio sometido a los caprichos de AUV. Su diplomacia, amén de mostrarse abyecta a Estados Unidos, es vista como superficial, con una Canciller que piensa más en el bótox que en construir posiciones de reconocimiento e independencia. Algunos poderes piensan que esa es una situación insostenible. Y qué mejor forma de sortearla que bajarle los humos a quien alguna vez los “enorgulleció”. Si alguna vez AUV los “salvó” de las Farc, hoy estas no representan peligro alguno. Más bien, el peligro hay que buscarlo en otros lares.
La medida de aseguramiento, que no es un fallo definitivo, en cualquier otra nación contra un exgobernante no provocaría tanta incertidumbre. La ciudadanía la tomaría como algo normal. Es más, los afectados por las investigaciones judiciales cuando están en el ejercicio de sus funciones presentan renuncia inmediata una vez estalla el escándalo y no esperan que el aparato judicial se ponga en movimiento. Sin ir muy lejos, la justicia peruana encarceló a Fujimori e iba a hacerlo con Alan García. En el primer caso, el país no se derrumbó y en el segundo García se suicidó; en Panamá condenaron a Martinelli; Nixon renunció a la presidencia en Estados Unidos, autodenominada y extradenominada la más sólida y fuerte democracia del planeta por las chuzadas de Watergate; más de un primer ministro japonés ha optado por emigrar de este mundo cuando se ha visto enredado en actos de corrupción.
No es como para lanzar campanas al vuelo, pero tampoco para disgustarse por la medida de aseguramiento de ayer. Ella para nada entraña que el principal mal de la justicia, la impunidad, vaya a desaparecer; ni que los casos de corrupción desaparezcan. Sobre todo, cuando sabemos que la fiebre no está en las sábanas. Los operadores judiciales no son más que eso: operadores. Examinemos, más bien las normas legales que dicen atacar la corrupción.
El atornillamiento parece muy propio de nuestra idiosincrasia, pero en el caso que nos ocupa la tozudez de Uribe está vinculada con su propia libertad e intereses patrimoniales y los de su familia. El enriquecimiento exprés de sus retoños y el suyo propio en los dos períodos gubernamentales no es un ejemplo como para exportar. Hay conductas que están permitidas solo a los verdaderos dueños del poder y cuando alguien fuera de él se extralimita debe pagar. Aunque Uribe debería saber eso, optó por retar a uno de los tres poderes y no solo chuzó las líneas telefónicas personales y de los despachos de los magistrados de la CSJ, sino que se refería a ellos en términos desobligantes, tanto fue eso así que algunos llegaron a temer por sus vidas, según lo consignaron en declaraciones a la prensa.
En mi opinión, AUV subestimó el enemigo, pensó que la guerra que libró literalmente contra la rama judicial la inhibiría para que esta actuara en eso que denominan “en derecho”. Descartó que sus quehaceres obligaran la presencia de la CPI en el país, pues con que el simulacro de la justicia nacional se viera desaparecería cualquier peligro. Ahora el peligro parece doblarse, de multiplicar por dos. Si la CSJ mantiene su verticalidad el futuro del senador (¿o exsenador?) será por lo menos sombrío y si llegara a desfallecer por cualquier circunstancia habría camino expedito para la CPI si desde aquí se la requiere.
