Desde tiempos inmemorables los colombianos hemos sido espectadores en primera fila de cómo el poder ejecutivo, a través de gobiernos que llegan a la Casa de Nariño, lucha de manera incesante y descarada haciendo uso de las instituciones y órganos del país para extralimitar sus funciones e interferir constantemente. Todo para entorpecer, permear y amedrentar el poder judicial.
La carta magna de 1991 nos expresa que la independencia de poderes es un principio político, donde ningún poder debe estar por encima de otro, y donde se debe contemplar total autonomía. Las altas cortes de Colombia son las únicas que nos transmiten un rayo de esperanza y luz dentro de tanta oscuridad impune que nubla los cielos de este hermoso país.
Es por ello que es inadmisible que un sector político del país (que corrompe la democracia a través de compra de votos, que está permeado por el narcotráfico, que utiliza los recursos públicos para satisfacer sus necesidades y cuyo único objetivo con el pasar de los años ha sido deteriorar a través de decretos y leyes las condiciones de la clase obrera) justo cuando se ve el mundo encima quiere mover las fichas a su favor.
Es totalmente irónico que ese mismo sector político que nos ha vendido y puesto de reflejo a un país vecino como Venezuela, aprovechándose de su situación actual para politizar nuestro país, quiera convertirnos en una dictadura donde se hace lo que diga el presidente a través de una sola corte, teniendo un ejército nacional bajo manipulación de las armas o, peor aún, una constituyente que limite el poder judicial y favorezca a aquellos bandidos, narcotraficantes y ladrones de cuello blanco que se esconden detrás de una corbata en los altos cargos del país.
El hecho de tan solo contemplar esa absurda idea es un golpe a la democracia. Permítanme, señores políticos, recordarles que “el hombre es un ser social por naturaleza” y que la libertad podría destruirnos como sociedad. Es por ello que le hemos proporcionado un poder a un gobierno para que nos rija y limite a través de normas, deberes y derechos.
Esto quiere decir que toda persona que trabaja para el sector público es servidora del pueblo y el pueblo es el que manda, porque él es quien los elije. Esto es para que no desconozcan a fondo cuál es la razón ética y moral por la cual ostentan sus millonarios cargos.
No desconozcan la realidad de este pedazo de tierra, somos un país donde la justicia es atacada y está sobresaturada con tantos procesos para dilatarla. Además, somos cuna del paramilitarismo y el país número uno en corrupción del mundo. Del mismo modo, contamos con el presidente más inexperto en toda la historia de Colombia y nos posicionamos como epicentro internacional de la violación de derechos humanos y de la muerte de líderes sociales, donde todo aquel que piensa diferente es asesinado.
Y eso no es todo, nos venden a multinacionales extranjeras, dañan totalmente nuestras fuentes de agua potable y tenemos un gobierno mísero que malgasta de manera cínica la plata que pagamos en IVA y de otros cientos de impuestos; que despilfarra contratos multimillonarios; que vive de mermelada; que nos endeuda hasta el cuello con la banca internacional y que cuando los recursos se acaban solo piensa en reformas fiscales que maltraten el bolsillo del trabajador. En fin, somos vergüenza nacional e internacional.
Su deber es crear condiciones de vida a los colombianos, impartir justicia, gobernar correctamente y rendir cuentas, así que no permitiremos que nos conviertan en una dictadura total con constituyentes y eliminaciones de cortes, así nos toque recurrir a la desobediencia civil. Los colombianos de bien y que claman esperanza de paz somos más.
