“Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder” (Montesquieu).
A lo largo de las dos últimas décadas, Álvaro Uribe Vélez ha sido una figura pública influyente en la vida política de la nación y a pesar de que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones y cuenta con varias denuncias, ninguna había logrado prosperar en la comisión de acusación.
Ahora bien, las investigaciones penales en contra del expresidente datan desde que fue gobernador del departamento de Antioquia, para ese momento se relacionó al expresidente en las masacres de El Aro, La Granja y San Roque; perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia. Según las versiones rendidas por algunos comandantes paramilitares, el entonces gobernador tenía previa información de los hechos.
En esa línea, otros señalamientos se han sumado al historial penal que reposa en la corte en contra de este personaje. Sin embargo, ninguno había logrado tomar fuerza para vincularlo formalmente a un proceso penal. Esto solo sucedió hasta el año 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió investigarlo por su presunta relación en un caso de manipulación de testigos; exparamilitares, más específicamente, para que cambiaran sus versiones, en las que aseguraban que Santiago Uribe y Álvaro Uribe habían fundado un grupo paramilitar en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia.
Para el año 2019, la corte llamó a Uribe a rendir indagatoria sobre los hechos que lo relacionaban con lo mencionado previamente. Desde ese momento la opinión pública estaba a la espera de conocer los resultados de la investigación, mientras el honorable tribunal recolectaba el material probatorio que diera certeza de la responsabilidad penal de Uribe en los hechos.
Mientras esta pesquisa caminaba, sobre los hombros del mismo hombre vestido con un manto de dudas pesaba otro escándalo político, uno denunciado era Semana previamente: que sostenía que existía una oficina donde el hacker Andrés Sepúlveda interceptaba los celulares y correos electrónicos de los negociadores del proceso de paz, y que el destino de estas informaciones era la campaña presidencial del entonces candidato uribista Óscar Iván Zuluaga.
Y ahí no para la cosa, otro de los escándalos insignia del expresidente es conocido como la yidispolítica, el cual estuvo marcado con el pago de prebendas para que el Congreso apoyara la reelección presidencial. Además, sumado a esto están las interceptaciones ilegales a magistrados y líderes políticos que hizo el DAS, y el escándalo del exgeneral Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de Uribe, condenado en Estados Unidos por vínculos con paramilitares.
Así mismo, funcionarios pertenecientes a su círculo más cercano fueron condenados por la justicia colombiana. Los casos más sonados son: Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio, Alberto Velásquez Echeverri, Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro), Jorge Noguera (exdirector del DAS), María Del Pilar Hurtado (exdirectora del DAS), Bernardo Moreno (secretario general de presidencia), Luis Carlos Restrepo (excomisionado de paz) y Luis Alfonso Hoyos (exembajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos).
Luego de hacer un croquis político y judicial en donde aparece vinculado el nombre del expresidente Uribe Vélez en casos tan delicados, es imposible para cualquier estrado judicial del planeta no realizar una investigación penal y como consecuencia de ello encontrar responsables directos. ¿Es imposible entender que muchos de los hombres de confianza política del expresidente están involucrados en actos de corrupción política menos él? ¿El expresidente jamás se enteró de las cosas que hacían sus funcionarios? Estas preguntas tal vez se irán resolviendo en la medida que avanzan las investigaciones penales y cuando llegue el momento cumbre todos debemos respetar las decisiones ajustadas a la ley y el derecho.
En síntesis, la detención domiciliaria del expresidente simboliza el agotamiento de un proyecto político unipersonal, rodeado de cualquier tipo de escándalos judiciales; por este motivo se han escuchado voces locas desesperadas que vienen llamando a las reservas activas para que salgan a las calles y defiendan al expresidente, y que piden con urgencia reformar a la justicia y crear una sola corte... estas ideas no son más que el desespero de un proyecto político que está cada vez más en declive.
