En la Sección Quinta del Consejo de Estado se están estudiando tres demandas contra la elección del Procurador Ordoñez, las cuales se agruparon en una sola demanda. Éstas fueron interpuestas por los juristas Rodrigo Uprimny, Carlos Mario Isaza y Jose Leonardo Bueno, quienes coinciden en que hubo vicios en la reelección del Procurador.Según estos juristas se violó el Art.126 de la Constitución Política; en donde se expresa que “Los funcionarios públicos no pueden emplear a familiares con grado primero civil, segundo de afinidad y cuarto de consanguinidad". Ordoñez nombraría personas en cargos de la Procuraduría con las anteriores características, en donde dichos nombramientos obedecerían al parentesco de estos con los funcionarios que debían participar de su elección.
Por ejemplo se plantea el caso de la Corte Suprema, cuyos magistrados que incidieron en su nominación tendrían familiares en altos cargos de la Procuraduría, según indicó Uprimny. Lo mismo ocurriría con 31 Senadores, en donde el Procurador nombraría a varios familiares y amigos de estos, lo mismo ocurre para el caso de las altas cortes (Las demandas contra la elección de Ordoñez se dan por presuntos nombramientos de familiares y parientes de dos magistrados de la Corte Suprema y tres del Consejo de Estado).
En la ponencia del magistrado Alberto Yepes de la Sección Quinta, este argumenta que “Es inaceptable el error del Senado al reelegir al Procurador pese a que en la Constitución no existe una norma expresa que lo permita”, y expone seis problemas jurídicos de análisis, los cuales fueron descubiertos y denunciados por los tres juristas mencionados al inicio de este escrito.
El magistrado Marco Antonio Velilla, cercano al Procurador Ordoñez hizo una solicitud para que dicha decisión sea llevada a la sala plena, pues allí el Procurador tendría mayores votos para continuar en el cargo. Sin embargo son los mismos magistrados de la Sección Quinta los encargados de pasar o no el caso a la sala plena.Partiendo del vacío jurídico de la Constitución Política, en la Sección Quinta estarían los cinco votos a favor de anular la reelección del Procurador, en donde los tres magistrados y los dos conjueces explicarían que la Constitución no prevé la reelección de jefes de organismos de control, generando una posible omisión de la Constitución.
Basada en el Art.121 de la Constitución Política, la Corte Constitucional argumenta que “Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido”. Otro argumento estaría en que dicha reelección “Desestabilizaría el sistema de pesos y contra pesos”. En la Constitución Política el Art.276, expresa que “el Procurador General debe ser elegido para un periodo de cuatro años”. El magistrado ponente Alberto Yepes, aplazó la decisión para este jueves, en donde la sección quinta deberá resolver las recusaciones interpuestas por la Procuraduría, contra el magistrado Yepes y la magistrada Lucy Bermúdez.
Por último algunos datos curiosos sobre el Procurador: destituyó e inhabilitó a más de 23 gobernadores y a más de 100 alcaldes, en la actualidad tiene el apoyo de grupos neonazis, de extrema derecha, ultra católicos, y tiene empleados en la Procuraduría a familiares, parientes y amigos de más de 31 senadores, además de varios magistrados según investigaciones del portal La Silla Vacía. Existen varias falencias que se deben analizar y corregir en la Constitución Política, como replantear la independencia de las ramas del poder, y en especial, modificar la elección del Procurador, pues en la actualidad este es elegido por el Senado, y el mismo Procurador es el encargado de investigar a los senadores.
