El senador Bolívar en su columna El posneoliberalismo nos plantea la propuesta de la democratización del bienestar, donde derechos fundamentales como la educación, la salud y el saneamiento básico lo aseguren los Estados de manera universal y gratuita. Y nos invita a considerar como un crimen de lesa humanidad la privatización de la salud.
Sobre estos conceptos desarrollaré esta columna, con énfasis en las democracias que debemos impulsar para asegurar el respeto y realización integral de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza., advirtiendo los riesgos del autoritarismo como reacción a la profunda descomposición institucional en curso y estallidos sociales que serán inevitables.
Lo primero sea decir que cuando el derecho a la salud se privatiza, las personas sin ingresos están condenadas a morir por enfermedades evitables o por no tener acceso a la atención médica, exámenes, tratamientos y medicinas. Sin embargo, hay grandes poderes, asociados a esta cadena, que hay que vencer a escala nacional y global para poder garantizar este derecho humano fundamental.
Antes de esta crisis seguían muriendo en el mundo cada hora 1200 personas por falta de acceso a medicamentos y, un niño menor de 15 años seguía muriendo cada cinco segundos, más de 6.3 millones al año por enfermedades diarreicas y parasitosis intestinales. Un tercio de la humanidad no tiene acceso a medicinas.
Entre tanto las multinacionales farmacéuticas multiplican sus riquezas constituyendo el 1.3% del PIB mundial facturando un billón de dólares al año, mientras el personal de la salud carece de estabilidad laboral y es mal pago en muchas regiones del mundo.
Al tiempo, la FAO informó que más de 820 millones de personas pasan hambre y cerca de otros dos mil millones sufren la amenaza de padecerla, mientras se echan a la basura un tercio de los alimentos producidos en el mundo, aproximadamente 1.700 millones de toneladas de comida al año.
Cita en su columna el senador Bolívar que anualmente están muriendo de hambre en promedio nueve millones de personas, de las cuales seis millones son niños. Nos obliga a afirmar, como en su momento lo hizo Jean Ziegler como relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, “quien muere de hambre, muere víctima de un asesinato”. También es un crimen de lesa humanidad, si consideramos los millones de personas que padecen además la tortura de la agonía del hambre, un crimen sistemático del que nadie responde, porque los perpetradores controlan el poder mundial e impiden que se avance en el reconocimiento, exigibilidad y justicia de los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU (PIDESC) establecen dos objetivos principales que la humanidad se libere del terror y de la miseria. Sin embargo el Protocolo Facultativo del PIDESC que permitiría juzgar a los Estados por violar el pacto solo ha sido ratificado por 24 Estados, a pesar de haber sido aprobado en diciembre de 2008. En Latinoamérica 8 países lo han ratificado y Colombia se ha negado a hacerlo.
Esta pandemia ha dejado en evidencia que hay derechos fundamentales de la humanidad que no pueden depender del libre mercado, no deben ser tratados como negocios y por tanto todos los Estados y la comunidad internacional están llamados a reconocerlos, a realizarlos y si son violados, garantizar que los responsables sean sancionados, ya se trate de Estados, particulares o empresas.
Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos. Como defensor de derechos humanos desde hace más de tres lustros que pregono la necesidad de una Corte Económica y Ambiental Internacional, donde al estilo de la Corte Penal Internacional, pudiese investigarse a personas, pero también a compañías que produzcan graves violaciones a los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos. En el seno de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la OEA, esta propuesta parece una utopía. Y lo es y lo seguirá siendo, mientras la minoría que controla la riqueza mundial y el poder político no sea desplazada por fuerzas populares y democráticas que hagan viable otro paradigma para la humanidad.
Por otra parte, con ocasión de la pandemia se han consolidado estados autoritarios en distintas regiones del mundo. En Estados Unidos, desde el asesinato de George Floy, no han cesado las manifestaciones antirracistas y contra la violencia policial en Seatle y Portland, la respuesta del gobierno de Trump ha sido la de enviar policía federal para reprimir, en contravía de la voluntad de los propios alcaldes, generando más violencia y violaciones de derechos humanos.
En Colombia el equilibrio de poderes ha sido sacrificado. El presidente Duque ha expedido más de 160 decretos aprovechando el estado de emergencia decretado por la pandemia que no han tenido el menor control político por parte del Congreso de la República. Mientras establecía más de 30 excepciones que obligan a millones de personas a salir de sus casas a trabajar, mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de este año, impuso al Congreso sesiones virtuales.
La Corte Constitucional (CC) declaró inexequible el art. 12 de dicho decreto, estableciendo que el Ejecutivo no puede invadir, ni someter la autonomía del poder legislativo. Le corresponde a este decidir la manera cómo va a sesionar. Sin embargo la CC puso un límite a la facultad de que el Congreso decida seguir sesionando virtualmente, como lo han decidido las nuevas directivas elegidas el 20 de julio en las dos cámaras “Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”
Por tanto el Congreso debe sesionar presencialmente o de manera mixta para seguir legislando y para cumplir con su labor de control político. No puede vía virtual ni reformar la Constitución, ni expedir leyes estatutarias que afecten derechos humanos o derechos políticos.
Por otra parte, la rama judicial a marchas forzadas y sin mayores recursos ha tenido que implementar audiencias virtuales, lo que ha limitado la posibilidad de acceso a la justicia para millones de personas, debilitándose también los mecanismos de protección de los derechos fundamentales como las acciones de tutela, o de habeas corpus, entre otros.
De igual forma, se ha reducido de manera drástica la movilización ciudadana, ya por miedo al contagio, ya por las medidas que restringen la movilización ciudadana o por la represión de la fuerza pública, de facto se ha transformado en inoperante el art. 37 de la Constitución Política que garantiza que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.”, a pesar del gran inconformismo ciudadano el miedo y la represión han aplazado las movilizaciones ciudadanas de inconformidad.
Así llegamos a la última parte de este escrito. Más de cinco millones de personas han perdido sus fuentes de ingreso, millares de pequeñas y medianas empresas han quebrado por el confinamiento. El gobierno del presidente Duque se ha negado a implementar una renta básica universal que han solicitado muchos sectores sociales, no se han congelado hipotecas ni otros créditos, ni arrendamientos, ni se han impedido los desalojos, mientras continúa reprimiendo comunidades indígenas, afros campesinas so pretexto de acabar con los cultivos de uso ilícito, produciendo más violencia y desplazamientos.
Quien carece de un trabajo formal o informalo o de un ingreso legítimo, en un Estado como el nuestro, está condenado a morir de hambre o a delinquir, millones de personas están en la zona oscura de la negación de sus derechos más esenciales. Así crece la delincuencia y la demanda ciudadana de represión, más policías y más cárceles, por tanto más anarquía y respuestas autoritarias, por tanto menos inversión social y más violencia, más guerra y más violaciones de derechos humanos.
Según los registros de Indepaz, hasta el 30 de julio, 173 líderes sociales han sido asesinados en 2020 y 36 reincorporados de las FARC hasta el 16 de julio en 2020, 223 excombatientes de las FARC que dejaron las armas para hacer lucha política en democracia han sido exterminados. Mientras la Fiscalía General de la Nación desmanteló la Unidad de Derechos Humanos y la impunidad es casi absoluta.
Son crímenes de lesa humanidad porque son sistemáticos o generalizados. En contexto además el presidente Iván Duque sigue atentando contra el acuerdo de paz, descalificando la labor de la JEP, luego de que sus seis objeciones a la misma se hundieron en el Congreso de la República y en control de exequibilidad de la Corte Constitucional.
Estas circunstancias me permiten concluir que el presidente deber ser investigado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, al menos por su responsabilidad omisiva. El art. 17 del Estatuto de Roma establece que cuando no hay voluntad política de un Estado parte, por crímenes de su competencia, esta se debe aplicar a los máximos responsables que lo pueden ser por omisión.
Podría concluirse que el gobierno es incompetente o que justamente el propiciar la afectación de las instituciones y la vulneración de derechos ciudadanos es parte de una política autoritaria y excluyente para generar más violencia, provocar más represión, afectar las libertades ciudadanas, fortalecer los aparatos represivos del Estado y preparar el discurso autoritario para asegurar que en el 2022 un sucesor de la mano fuerte pueda sustituirlo. La represión y la guerra facilitan esconder la corrupción y mantener las profundas desigualdades sociales, a favor de las minorías que han usufructuado el poder del Estado en su propio provecho.
¿Qué hacer entonces? Se requiere una planificación básica de la economía, asegurar la soberanía alimentaria, denunciar los tratados de libre comercio, que implica cerrar exportaciones para que millones de personas puedan regresar a trabajar al campo, pero se requiere renegociar la deuda externa y asegurar el pleno empleo.
El pleno empleo se puede alcanzar si se le da valor a las ciencias sociales, a la cultura, a las artes, al deporte, a la recreación, a una economía sustentada en energías renovables.
Hay que cambiar de paradigma, el éxito no se debe medir en la acumulación de la riqueza, sino en la distribución de la misma. Una democracia social se construye, donde la libertad no tiene más límites que el respeto a los derechos de los demás y los derechos de la naturaleza.
Todos los ciudadanos según el art. 95 de la Constitución Política tienen el deber de actuar con solidaridad, de defender los derechos humanos y el medio ambiente, por tanto estos objetivos tendrían que ser desarrollados por todas las fuerzas políticas. La ciudadanía tiene la posibilidad de apropiarse de la democracia y de cambiar el destino del país.
Una sociedad será próspera y feliz cuando un poeta sea tan recompensado como un ingeniero.
